La monarquía será sometida a un ‘plebiscito cotidiano’
Francisco Serra
Ser rey no debe ser fácil y menos en tiempos tan agitados como los que hoy vivimos, pero es, ante todo, un “oficio” y exige una preparación que puede suponerse la tenga quien deba encargarse de esa labor en un Estado tan peculiar como el nuestro. Lo primero que precisa quien vaya a ejercer el cargo es conocimiento de la situación en que se encuentran los asuntos públicos y que en España no puede calificarse sino de calamitosa, pues a la crisis económica ha venido a sumarse la crisis moral. Las élites no parecen preocuparse por conseguir el bienestar general, sino por incrementar sus beneficios privados y la fractura entre las clases sociales se ha agigantado.
Hay razones para el pesimismo si miramos a nuestro alrededor y recordamos nuestra historia nacional, porque siempre suele terminar mal, pero de lo que hemos de darnos cuenta de una vez es que el futuro no ha de ser una prolongación del pasado, sino algo diferente a lo que hasta ahora hemos conocido. Un rey que inicie su reinado en este momento no puede alegar una legitimidad histórica, cuando menos dudosa y por completo carente de sentido para las jóvenes generaciones, sino un proyecto a realizar con el esfuerzo de todos.
En España durante demasiado tiempo hemos identificado a la Nación con una “comunidad de cultura”, pero tenemos que ser conscientes de que sobre todo ha de ser una “comunidad de ciudadanos”, que deciden en libertad marchar (y, esta vez, de verdad) por la “senda constitucional”. Para que eso sea posible es necesario que se haga efectivo, por fin, el principio de la igualdad de todos los españoles ante la ley y para eso es preciso reformar el texto de la norma suprema, no sólo en cuanto a la organización territorial del Estado (que si ya es “materialmente” federal, nada cuesta que también lo sea “formalmente”), sino también en lo relativo a la “forma de Estado”.
La República consiste, por encima de todo, en la aceptación de unos valores cívicos que sustentan el orden jurídico y político: la comunidad está formada por un conjunto de ciudadanos “libres” e “iguales” en derechos. Puede ser “estéticamente” preferible que el símbolo de esa unidad entre todos los españoles lo encarne un Presidente que ha llegado a ese puesto por medio de unas elecciones, pero algunos de los nombres que se han barajado para ocupar esa magistratura, llegado el caso, a muchos nos provocan un rechazo visceral.
La existencia de un rey, siempre que se someta a esos principios, no impide que se llegue a establecer un gobierno “materialmente” republicano, incluso aunque “formalmente” perdure la monarquía parlamentaria, mas lo que es obligado, en todo caso, es que el que ocupa ese cargo deje de estar exento de toda responsabilidad. Las razones que justificaron la idea de que el rey “no puede hacer nada malo” y que no puede estar sujeto a las cuestiones derivadas de la política cotidiana, ya no existen. Hoy diferenciamos entre muchas clases distintas de responsabilidad: moral, política, jurídica.
Si el Jefe del Estado es una figura simbólica no puede exigírsele responsabilidad política y de ahí surge la necesidad de que sus actos sean refrendados por alguien a quien sí puede pedírsele, pero, como a un ciudadano más, se le tiene que demandar, cuando se considere conveniente, responsabilidad moral y responsabilidad jurídica. Para protegerlo de ataques indiscriminados, basta con que se le conceda el mismo fuero que a los otros altos cargos del Estado.
A nadie se le escapa que no tiene mucho sentido incidir en esta cuestión, porque en la sociedad actual no hay juez más temible que la “opinión pública” y la mera sospecha de una actuación notoriamente contraria a Derecho del monarca conduciría a una repulsa generalizada que haría inevitable la abdicación en un plazo no demasiado largo.
En la teología política medieval se forjó la “teoría de los dos cuerpos del rey”: a imagen de Cristo, el rey poseía dos cuerpos (uno natural, sometido a las flaquezas propias del ser humano y otro político, invisible, inmortal, destinado a perdurar). Para proteger a este, se optó por sustraer también al otro a cualquier posibilidad de control, pero en el secularizado mundo actual, si el rey encarna, en cuanto que símbolo, la unidad de todos los españoles, debe de reconocerse que puede tener las mismas debilidades que cualquier ciudadano y, si fuera preciso, responder por ello.
De nada sirve proponer una “regeneración democrática”, cuando persisten diferencias tan notables entre los que forman el pueblo español, “del que emanan todos los poderes del Estado”. La reforma de la Constitución que, más pronto que tarde, será inevitable ha de afectar a todo el “cuerpo político”, desde la cabeza a los demás miembros que lo componen.
A las jóvenes generaciones no les preocupa tanto que no haya igualdad de género en la sucesión en la jefatura del Estado (la propia prudencia ha llevado a que no sea una cuestión relevante) como a la imposibilidad de exigencia de responsabilidad a quien la ocupa, en el caso de que fuera necesario. Ese es el verdadero problema de la Corona y que nace más de razones “simbólicas” que “jurídicas”, porque en el mundo actual la monarquía está sometida (y lo estará cada vez más) a un “plebiscito cotidiano”. No hace falta convocar ningún referéndum, porque será el propio transcurso de los días y el diálogo que los españoles mantengan en sus conversaciones públicas y privadas lo que decidirá si se produce o no un cambio en la forma de Estado.
Un rey inteligente sugeriría la transformación pacífica de su figura con arreglo a esos principios democráticos. La monarquía, si quiere sobrevivir, tiene que temer más a sus “falsos amigos” que a sus “leales enemigos”, porque los buenos republicanos no tienen prisa y prefieren los “valores” a las “formas”, la “comunidad de los ciudadanos” a la proclamación efímera de una “república sin republicanos”. La monarquía, durante el reinado de Felipe VI, si se produce, será “republicana” o no será.
