En el Partido Popular tienen prisa, mucha prisa. ¿Por desenmascarar a todos los implicados en la trama Gürtel, a los cómplices de Bárcenas, a los que han dilapidado el dinero público en la comunidad valenciana? No. ¿Por poner en marcha una Ley sólida, dura y eficaz contra esa corrupción que nos devora? No, de ninguna manera. Rajoy y los suyos tienen prisa por reformar la Ley de Seguridad Ciudadana y volver a aquellos maravillosos años. Porque el peligro no está en las Corts valencianas, en las cajas fuertes de Suiza, en la sede de Bankia, en un despacho de Génova o en Soto del Real, sino en las calles de nuestras ciudades y pueblos. El enemigo público número uno de este país son los ciudadanos que, agotados, se reúnen con pancartas y megáfonos para llamar “chorizos” a los ladrones. O para recordar a los políticos sus obligaciones. O para hacer una huelga. O para divertirse en una fiesta de maricones en un barrio madrileño.
En el PP tienen prisa por retroceder, por volver al pasado, por ver las calles nuevamente llenas de grises, por impedir cualquier conato de rebeldía, de protesta, de crítica. Y es que para un político que roba o miente, o hace ambas cosas a la vez. o simplemente encubre a quienes lo hacen (54 diputados del PP valenciano piden el indulto para un exalcalde corrupto), los mismos ciudadanos que un día le votaron acaban convirtiéndose en el enemigo. Sí, los ciudadanos, gente tan descarada como para exigirles que cumplan sus programas electorales, que mantengas sus promesas, que no metan la mano en la caja, que sean coherentes con lo que un día dijeron. Los ciudadanos, esos terroristas.
El PP quiere recuperar el orden público. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el partido en el Gobierno recoge como infracción muy grave participar en una manifestación ante el Congreso de los Diputados. Convocar en Twitter esa protesta podría ser multado con 600.000 euros. Difundir en Internet datos de la Policía, otros 600.000. “Insultar”, “vejar” o “coaccionar” a los agentes en una mani podría acarrear una sanción de 30.000, y grabarles con videocámara otro tanto. ¿Recuerda las imágenes grabadas por los vecinos de unos mossos dando una paliza mortal? Pues eso, 30.000 euros.
Cuando la gente piensa, el político comienza a preocuparse. Tanto como para que la reforma educativa de José Ignacio Wert pretenda eliminar la obligatoriedad de dos de las tres asignaturas de filosofía en Secundaria y Bachillerato. Cuando el ciudadano se organiza, se manifiesta y sale a la calle, entonces el político tiembla. ¿Solución? Reprimir. Manuel Fraga, leyenda y líder intelectual de los populares, dictó en 1976, siendo ministro de Gobernación, el máster de orden público y seguridad ciudadana más conciso y directo de las últimas décadas: “La calle es mía”. Amén, dicen a coro en Génova.
¿Sabe usted que será lo siguiente? Una Ley de Prensa como dios manda. Entonces, con los ciudadanos en sus casas y los medios silenciados, tendrán el camino libre. Aún más libre.
Rajoy prepara ya una ley de servicios mínimos para regular las huelgas
http://politica.elpais.com/politica/2013/11/21/actualidad/1385022031_088082.html
Genial, Albéniz. Me vas a permitir compartirlo…
En el segundo párrafo hay un punto (.) donde debería de haber una coma (,) … Mecacholo rules …
No he estado yo fino ahí, Neo. 😉
La Ley de Prensa no va a ser necesaria. Los medios de comunicación ya se autocensuran. Canal Nou el ejemplo más claro y evidente. El resto, mas de lo mismo, no nos engañemos.