El agua, un bien público y un derecho humano

Dolores García-Hierro *

La semana pasada se presentó en el en el Parlamento Europeo el informe ‘Propuestas para la mejora de la gestión del agua en la Unión Europea’, que tuve la ocasión de patrocinar,  por parte de una seria de ONG encabezadas por Ecologistas en Acción. El documento tiene un gran interés ya que recoge una serie de propuestas sobre las diferentes directivas y otras figuras legales que conforman la normativa comunitaria, y son un buen compendio de ideas con el fin de  realizar una gestión ambiental y social sostenible y adecuada de los recursos hídricos en el ámbito de la UE.

El debate posterior fue sumamente enriquecedor. La idea fuerza, que comparto plenamente, es que el agua es un bien común,  patrimonio de la humanidad y de la biosfera, y es un derecho humano reconocido por la ONU, que lo ha incluido entre los Objetivos del Milenio. Es decir, si bien este recurso de la naturaleza es compartido, incluyendo a las generaciones futuras, no puede usarse indiscriminadamente. Todos los que habitamos este planeta, la recibimos como herencia, lo que implica la imposibilidad de poseer el agua, así como también la obligación de conservarla para nuestros herederos.

Pero además de ser un bien común, es importante destacar que debe ser garantizado a través de un servicio público de calidad que asegure su universalidad, la participación ciudadana en su gestión, el respeto al medio ambiente y la cooperación mutua. El agua nunca puede ser considerada como una mercancía para obtener beneficios económicos. Nunca.

En España, al contrario que en muchos países europeos, los procesos de privatización –¿recuerdan lo que está ocurriendo en Madrid con el Canal de Isabel II?–  se han acelerado como consecuencia de la crisis, hasta el punto de que más del 50% la población ya es abastecida por sociedades privadas.

Por eso estoy en contra de cualquier tipo de privatización de este bien público. En primer lugar, porque como les decía, es un bien común, es de todos. Pero también porque la privatización va a implicar un mayor coste del servicio para los ciudadanos: la empresa privada intentará recuperar con beneficios la inversión realizada y eso implicará una subida de la tarifas. Los ciudadanos no solo no ganamos nada con la privatización sino que pagaremos por el servicio.

La eficiencia y progresividad, el principio de que pague más quien consuma más, premiando en la tarifa el ahorro y el buen uso, deben ser elementos garantizadores del agua como bien público. Los recursos recaudados mediante la aplicación de tarifas solamente podrán utilizarse para la explotación, mantenimiento, mejora o ampliación de los servicios de distribución de agua y saneamiento.

Por ello estoy convencida  que una política tarifaria regulada, transparente y participativa favorecería la gestión de los servicios relacionados con el agua, garantizaría la sostenibilidad y minimizaría los conflictos territoriales.

Por último, no puedo olvidarme de denunciar públicamente las prácticas del fracking. Como saben, los riesgos de contaminación de los acuíferos venían asociados hasta ahora a las actividades potencialmente contaminantes que se desarrollaban sobre la superficie del terreno. Pero es que con la técnica del fracking, que se pretende poner en marcha en muchas zonas de nuestro país, los diversos aditivos químicos introducidos en el subsuelo causarían la contaminación directa de los acuíferos atravesados por la perforación. Y no olvidemos que el 30 % de la población se abastece de las aguas subterráneas. Nuestra salud está en juego, y con la salud no se juega.

(*) Dolores García-Hierro es eurodiputada del PSOE.