Un poder judicial bananero

Jesús Cuadrado *

Como los miembros del Poder Judicial deben elegirse en Congreso y Senado por una mayoría de tres quintos, el PP estaba obligado a negociar con la oposición esa decisión. En esto sí, a pesar de su mayoría absoluta. ¿Cómo ha utilizado el PSOE ese poder? Según sus propias declaraciones, llegaron a un acuerdo con la derecha parlamentaria para proponer cada cual su cuota, comprometiéndose a aceptar la del otro. Un perfecto modelo bananero de control institucional. Tanto, que la segunda asociación judicial del país, la Francisco de Vitoria, ha llegado a denunciar que la “finalidad no escondida” de los partidos es la de controlar a los jueces que investigan casos de corrupción que les afectan. Así, los tres quintos, una oportunidad para forzar alguna regeneración en una justicia tan desprestigiada, ha sido aprovechada para un reparto familiar, con su parte de nepotismo correspondiente, y con el resultado ya conocido: PP, 10; PSOE, 7; CIU, 1; PNV, 1; IU, 1. En todo lo demás, sigue la bronca.

Pocas cosas miden mejor la calidad democrática de un país que el grado de interferencia del poder político en la justicia. Acemoglu y Robinson, en su tan reconocido Por qué fracasan los países, describen cómo se las arregló Perón para quitarse de en medio, de los cinco miembros del Tribunal Supremo argentino, a cuatro que le estorbaban para el control absoluto, bananero, del poder. Sencillamente, la Cámara de Diputados destituyó a los jueces díscolos y Perón nombró a cuatro nuevos, consiguiendo así un poder ilimitado, sin controles, para, por ejemplo, inhabilitar a su contrincante Ricardo Balbín con la connivencia de “su” Tribunal Supremo. Creó escuela; desde entonces, los presidentes, militares o civiles, eligen a sus propios jueces del Tribunal Supremo, con la pérdida de calidad democrática tan visible aún hoy en Argentina. Es conocido el método aplicado por el inefable presidente Menem, que controló el Tribunal por el método de aprobar una ley que ampliaba sus miembros de cinco a nueve, argumentando que “tenían sobrecarga de trabajo”. ¿Consecuencias? Entre otras, la inseguridad jurídica hace que la inversión exterior en Argentina, si quiere tranquilidad, tenga que pasar por caja, como en tantas repúblicas bananeras.

Por supuesto, Acemoglu y Robinson aportan ejemplos de lo contrario, como el del presidente Franklin D. Roosevelt, que tuvo una tentación similar a la de Perón y, después de conseguir más del 60 % de votos en 1936, con el dominio total de Cámara y Senado, los parlamentarios estadounidenses, los de su partido incluidos, no le permitieron modificar la composición del Tribunal Supremo, para superar algunos problemas legislativos, porque sabían que, si se plegaban a su deseo de someter la independencia del Poder Judicial, pondrían en peligro el sistema que garantizaba “la continuidad de las instituciones políticas pluralistas”. Algo tiene que ver con esto que el millonario Carlos Slim, por ejemplo, con tanta facilidad para triunfar en países con pocos controles, siempre fracasó en sus intentos de hacer negocios en EEUU. Pero, viendo algunos espectáculos como el de la reciente elección de miembros del Poder Judicial, los Slim no encontrarán demasiadas dificultades en España.

Aquí, el invento ha consistido en corromper un método democrático de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para controlarlo. ¿Cómo? Haciendo que quienes forman parte del Poder Judicial le deban el puesto a un partido político, incluso a alguno de sus dirigentes en concreto. Cualquiera que quiera hacer carrera en España en el mundo judicial sabe con quién hay que llevarse bien para formar parte del órgano que decide quiénes forman parte del Tribunal Supremo o quiénes presiden Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias provinciales. Así, con la elección del Consejo, casi todos los partidos, con sus propuestas, han ofrecido a los ciudadanos españoles, tan hartos ya de la degradación de nuestro sistema político, un cuadro completo de obscenidades, un proceso cargado de detalles de los que producen vergüenza ajena.

Seguí con mucha atención toda la historia judicial del caso Yakolev 42 en la Audiencia Nacional, incluidos los continuos desvelos por cada incidencia en su desarrollo del que fuera ministro de defensa cuando se estrelló aquel avión en Turquía. Cada decisión del juez Grande Marlaska en el proceso, incluidas las negativas constantes a las diligencias solicitadas por los familiares, era del agrado de Trillo, responsable directo del Ministerio en el que se tomaron las inverosímiles decisiones que obligaron a subir a aquella chatarra a los 62 militares fallecidos. Quien no encontró sustancia penal en aquellos desmanes es el mismo que condena ahora a dos años de cárcel por unos tartazos. ¿Resultado? Por supuesto, el PP selecciona a Grande Marlaska para formar parte del CGPJ como parte de “su” cupo. El mismo premio que ha merecido el juez que no veía ningún posible ilícito en las alucinantes condiciones de subasta de seis áreas hospitalarias de Madrid, que tenían la mágica virtud de merecer una única oferta por cada hospital, y que fue descalificada como opaca por la Comisión Nacional de la Competencia o por expertos poco sospechosos de rendir culto a la economía planificada, como varios del colectivo Fedea, a los que ya me referí en el post anterior “Privatizan la sanidad por negocio”. Que Tomás Gómez haya reaccionado contra elección tan disparatada es sólo un gesto de dignidad elemental, al margen de la opinión política que se tenga sobre el líder socialista madrileño.

Estos son el tipo de méritos que sirven para merecer formar parte del Poder Judicial, estos y otros que respondan al conocido principio “mis amigos y parientes son los mejores” o “lo que importa es que sea de los nuestros”, aplicados a rajatabla por todos los partidos implicados. Práctica bananera de nuestro sistema político que ya viene avalada por otras hazañas como los viajes caribeños del inefable Dívar, la militancia política del presidente del Tribunal Constitucional, la práctica inmoral de los indultos o, recientemente, la decisión de Artur Mas de nombrar como directora del programa de transparencia de la administración autonómica  a una jueza que tiene como mérito más destacado el archivo reciente de una causa de corrupción contra un diputado de CiU. Ni es tampoco una práctica que afecte sólo al sistema judicial, al contrario, invade toda la escena pública. Con el mismo método bananero han sido elegidos los miembros de la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), un organismo que debería ser vital para el buen funcionamiento de la economía, o los que formaban parte de los Consejos de Administración de las Cajas de Ahorros, con los resultados ya conocidos.

La corrupción de todo nuestro sistema político tiene un coste, la degradación del Estado de derecho, la conversión de las reglas en una simple pantomima, como denunciaba, para el caso del Poder Judicial, la prestigiosa jueza Manuela Carmena, que en su día formó parte del mismo. Y no se trata de la opción por uno u otro método de selección, es por la decisión firme de no renunciar a contar con gente dócil, manejable, aunque eso suponga un daño grave para el funcionamiento correcto de la democracia y para el bienestar de los españoles. De hecho, la relación directa entre la gravedad de la crisis económica y la corrupción institucional empieza a ser percibida con claridad por los españoles, como reflejan el último índice de percepción de la corrupción, de Transparencia Internacional y los resultados de los barómetros del CIS. Se sabe, pues, que esta invasión “familiar” de las instituciones judiciales y de regulación es inmoral y, además, un desastre para los resultados de nuestra economía.

Afortunadamente, se va configurando en España la idea de la regeneración política como proceso imprescindible e inevitable. Pero, lo que muestra este enésimo espectáculo de selección bananera de los miembros del CGPJ es que quienes lo han protagonizado están incapacitados para regenerar nada; atados a la costumbre, al “siempre fue así”, son parte esencial del problema. Y no ha habido en esto, desgraciadamente, matices izquierda-derecha; IU, por ejemplo, pasó en minutos de denunciar la “vergonzosa negociación” a formar parte de la melé, mientras, en el PSOE, Eduardo Madina se esforzaba en demostrarnos que eso de “hemos acordado no vetarnos entre PP y PSOE” era el resultado de una conjunción de estrellas. En fin, “esperando a Godot”.

(*) Jesús Cuadrado es militante y exdiputado del PSOE.