Economía sin rumbo

El año 2013 acaba y ninguno de los grandes problemas de la economía española tiene visos de solucionarse en el horizonte cercano, a pesar de la autocomplacencia del Gobierno. En este punto, el Ejecutivo sigue dando palos de ciego y esperando que se reactive el ciclo europeo y mundial, sin realizar ninguna acción que pueda activar el crecimiento.

Para llevar a cabo un balance sucinto de lo que ha sido este ejercicio hay que dividir el análisis en dos partes, una referente a los aspectos macroeconómicos, y otra a la parte microeconómica, que es la que mejor perciben los ciudadanos.

Desde una óptica macroeconómica, existe un error de diagnóstico bastante común entre los gestores públicos y una gran parte de los economistas que dictan la política económica, fundamentalmente desde Bruselas. Este error de concepto es no saber que la crisis actual es una crisis de deuda privada, inicialmente, y ahora ya es una crisis de deuda en general. Por tanto estamos en la fase de recesión de balances por parte de los agentes privados, es decir intentando repagar la gran bola de deuda, parte de la cual se la han endosado al Estado. Esta coyuntura, que se inicia en 2008 al estallar la burbuja inmobiliaria, no se ha sabido tratar puesto que al confundir el origen, se han puesto en marcha políticas fiscales y de rentas contractivas y una política monetaria, desde el BCE, muy expansiva, lo cual resulta inoperante ante la existencia de trampas de liquidez y deflación.

Partiendo de este error de concepto, el Gobierno ha mantenido una política de ajuste en el gasto público, algo menos agresivo al relajarse los objetivos de déficit,  deflación salarial interna, reducción de la inversión pública y nulas políticas de crecimiento desde la demanda agregada. Todo ello en un contexto de continuas ayudas al sector financiero, al margen de la intervención de Bruselas a través del MEDE, buscando que el sistema financiero pudiera relanzar el crédito a familias y a empresas. A pesar de este ajuste en el gasto y la inversión pública, la deuda pública acaba el año en el 100% y la carga de intereses, a pesar de la mejoría de la prima de riesgo, se mantiene por encima de los 35.000 mill€ al año.  Con todo, el montante de la deuda total en España, pública y privada, roza el 400% del PIB, siendo particularmente elevada en términos relativos, en familias, 80%, y empresas no financieras, 175% del PIB. Frente a este grave problema, nada se ha hecho por aliviar la carga financiera de estos agentes privados, despreciando un instrumento esencial en cualquier gran crisis de deuda: la restructuración de la misma para limpiar los balances de familias y empresas. Sin duda, esta es la asignatura pendiente de la economía española, sin cuya solución no podrá comenzar la verdadera recuperación del empleo y la actividad.

Lo más grave es que cuando se aplican políticas contractivas en pleno proceso de desapalancamiento  financiero ocurre lo que está pasando en España. Fuerte crecimiento del desempleo, caída de las rentas salariales, pérdida de recaudación fiscal, pobreza y abandono de una parte significativa de la población que tiende a salir del país o pasar al peor estado: la inactividad.

Las consecuencias macroeconómicas son claras. El consumo privado se ha desplomado, más allá de las cifras no reales que publica el INE. Todos los indicadores, ventas de grandes empresas, ventas minoristas, ventas de automóviles, consumo de energía, consumo de hidrocarburos, etc, presentan descensos acusados, fruto de la política deliberada de empobrecimiento expansivo que tratan de vender desde el Gobierno. Los salarios públicos se han vuelto a congelar nominalmente, los privados, fruto de la Reforma Laboral, decrecen a tasas superiores al 7% nominal y las pensiones públicas se encaminan a un proceso de estancamiento en su poder adquisitivo.

La inversión pública, especialmente la de infraestructuras, se ha situado en niveles de 1995, lo cual ha dejado de ejercer como palanca y efecto multiplicador de la economía española. En este punto, sorprende que se hayan abandonado programas tan necesarios como la conservación de carreteras, o algunas acometidas ferroviarias claves como la variante de Pajares o la finalización de los corredores del Cantábrico o el Mediterráneo.

Donde se ha dado un golpe de timón más duro ha sido en materia educativa, sanitaria y de dependencia. Los recursos destinados a estas materias han disminuido drásticamente, con una clara finalidad. Que haya menos usuarios que utilicen estos servicios públicos. Las becas son más complicadas de conseguir, hay menos estudiantes en ciclos superiores por el encarecimiento de la matricula y el sistema público de dependencia prácticamente se ha desmantelado. El esfuerzo realizado por el anterior Gobierno para que cuidadores/as tuvieran un salario y cotizasen a la Seguridad Social se ha desvanecido. En materia sanitaria ha sido el año del copago farmacéutico, y ahora el hospitalario a partir del 1 de enero de 2014. Todo ello, en un marco de aumento de listas de espera, reducción de financiación en investigación y pérdida de capital humano en el sector sanitario considerable.

Curiosamente, este esfuerzo en materia de gasto público e inversión no ha supuesto una mejoría significativa en las cuentas públicas, cuyo déficit público superará el objetivo del 6,5%, y se acercará más al 7%, gracias especialmente a los gastos financieros y  a la pérdida de recaudación fiscal por la caída de la actividad, salarios y empresas.  La Seguridad Social podría terminar el año con un déficit del 1,8% del PIB, alrededor de 18.000 mill€, por la pérdida de empleo y las menores cotizaciones de los nuevos entrantes, fruto de la Reforma Laboral que consagra el empleo barato, precario y temporal. Estas cifras, junto a las de envejecimiento y descenso de la natalidad estructural incorporan un riesgo potencial a medio y largo plazo considerable, que el Gobierno y todas las fuerzas sociales deberían analizar sin partidismos.

En este ejercicio no se ha avanzado nada en materia de cambio de modelo productivo. El desprecio a la ciencia, a la investigación ha sido palmario, con un recorte de fondos injustificado y con una política de personal funesta, fruto de la propensión por el corto plazo y el electoralismo barato que prima entre los dos grandes partidos. Nada tampoco se ha avanzado en la mejora de los servicios privatizados, en materia energética ni en el funcionamiento empresarial en general. Se mantienen los oligopolios en sectores claves, energía, telefonía, transporte y sector financiero, lo que redunda en servicios caros y múltiples deficiencias en su funcionamiento.

Con todo, la economía española ha atisbado una ligera mejoría en su posición exterior, con un superávit corriente durante cuatro meses, fruto sobre todo del desplome de las importaciones. El capital financiero ha comenzado a volver a invertir en activos que, gracias al proceso de deflación interna, están a un precio muy atractivo, también atraídos por la relajación de las turbulencias financieras de la deuda pública. Esta mejora, que en nada se debe a la acción interna, ha sido generalizada en Europa, y ha traído que la mayor parte de la deuda pública ahora la tengan los bancos españoles que juegan con gran éxito y regocijo público  al carry trade de deuda pública, hurtando muchos fondos a la economía productiva, algo a lo que no es ajena la banca española.

En suma, el año termina con una población activa en desbandada, con más  de 500.000 parados adicionales, cerca de la deflación, con unas cifras de actividad industrial, de comercio en recesión, y sólo el turismo internacional ha aliviado en parte las cifras del crecimiento a final de año. El espejismo de las exportaciones se ha acabado ya a final de año y el triunfalismo del capital extranjero no tiene apenas impacto en las economías domésticas. Todos los indicadores de desarrollo están retrocediendo, y la población envejece, sin que se atisbe un cambio estructural en su evolución.  La maternidad es un lujo y encima se atropellan los derechos de las mujeres a ser madres cuando lo deseen. En conclusión, no hay ningún elemento positivo que justifique la propaganda y el triunfalismo, por más que el INE se esfuerza por dar tímidas alegrías al Gobierno. Y ahora, a conseguir el 3% de déficit en 2015.

(*) Alejandro Inurrieta. Economista y director de Inurrieta Consultoría Integral.