El funcionario correcto: el caso Jaime Nicolás Muñiz

Julián Sauquillo

Los dislates en la Administración pública española pueden servir para reflexionar sobre el funcionariado. Un caso de aislamiento laboral de un funcionario de altísima cualificación –me refiero a Jaime Nicolás Muñiz-, premeditado por sus superiores políticos, merece una crítica. Tras dieciocho meses sin cometido laboral alguno, el mencionado funcionario demandó al Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en contencioso administrativo para la tutela de sus derechos al trabajo, al honor y a la integridad moral y dignidad personal, el pasado veinticinco de octubre. La demanda ha sido admitida a trámite por el Juzgado 5 de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Además, los jefes superiores jerárquicos inmediatos de Nicolás han declarado que sí recibieron la orden de sus superiores de no dar trabajo a su subordinado administrativo. El destino de regreso del mencionado funcionario era la Secretaría de Estado de Seguridad, perteneciente al Ministerio del Interior, como vocal asesor y asignado a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos (GIESE), al que le correspondía volver. Allí llegó tras dos meses de inexplicable espera. Previamente había sido Jefe de Gabinete del Presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, posiblemente el mejor constitucionalista español. Si ustedes leen el Informe del Consejo de Estado sobre la Reforma Constitucional se encontrarán un magnífico estudio realizado por muchas manos que recibieron el encargo de su Presidente como arquitecto de la obra. La férrea coordinación de los trabajos corresponde a su director de gabinete que, me costa, actuó como aparejador a pie de obra.

Estamos ante un funcionario progresista y laico y sin pertenencia a partido alguno. Sin embargo, llueve sobre mojado porque Nicolás había denunciado por plagio al director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), con el que coincidió en el pasado, y mentor espiritual del actual Ministro del Interior. Y este director fue amonestado duramente por Jesús Posada,  Ministro de Administraciones Públicas de la época y miembro del Partido Popular (Juan Carlos Escudier, El Público, 13/11/2013; 21/11/2013) y acabó teniendo que ser cesado a “petición propia”, por Javier Arenas, no sin que al tiempo se le despidiera con una Gran Cruz de Isabel la Católica por sus indubitados méritos. Así que el caso parte de un apoderamiento y empleo del esfuerzo y talento ajeno que no es de recibo dentro de la Administración.

No es deseable que los informes funcionariales acaben en revistas científicas con el nombre de un director de Instituto en cuestión. Los profesores universitarios amamos nuestro oficio tanto que un cambiazo de nuestra creación por la de otro –aún mejor- lo sentiríamos como un hurto del niño en la incubadora. Pero la formación académica de Jaime Nicolás puede mejorar o completar nuestra investigación de forma óptima. Conoce el mundo académico no sólo desde el trabajo de Técnico de Administración del Estado en el Centro de Estudios Constitucionales, sino también como profesor asociado de Derecho constitucional en la Universidad Carlos III. El antiguo director del instituto mencionado sabía bien y eligió escrupulosamente a quien copiar. Pero no contaba con que el autor de aquellos estupendos informes iba a hacer valer sus derechos de autoría. Traductor de Habermas, Luhmann y Madison, Nicolás Muñiz cuenta no sólo con formación teórica brillante sino con la preparación que requiere la modernización pendiente de nuestra Administración. Me recuerda al “leadership in Administration” institucional que Eduardo García de Enterría echaba en falta para revitalizar los cuadros administrativos y sacarles de su rutina mediante decisiones críticas. Sin este funcionario de alta cualificación, no hay integridad institucional y se produce una reducción técnica de la Administración a ingeniería sin alma (La Administración española, Alianza Editorial, Madrid, 1961).

Por ello es lamentable la dirección venal de nuestra Administración y la delimitación borrosa de gestión y política. La orden de no dotar de trabajo alguno a un funcionario de nivel treinta (Francisco Laporta, El País, 16/12/ 2013; Rafael Méndez, El País, Domingo, 29/12/2013, págs. 6 y 7) es un síntoma de vendetta y de una politización indeseable de la Administración. Una clara delimitación de tareas políticas y tareas funcionariales debe considerar la responsabilidad de director general como tangible. Un partido político que llega al poder no tiene por qué mantener a los funcionarios directores generales del anterior gobierno en sus cargos. Por debajo de este cargo, el nivel de funcionario –con sus ideas políticas, siempre presumibles- tiene que ser intangible.

Uno de los logros políticos que cabe apreciar es contar con una Administración estable (hoy derruida a marchas forzadas). Históricamente, Prusia y Francia eran modelos de este tipo. Mientras que Estados Unidos era la muestra de Administración renovada políticamente. El “spoils system” (sistema de despojos) fue establecido por un  senador norteamericano, William Marcy, que señaló: “las elecciones son una lucha política y quien gana se lleva los despojos de la Administración”. La desventaja de este sistema es concebir la política como una lucha clientelar que satisface siempre a los que apoyan al partido ganador. Se olvidan los “intereses generales” y la Administración profesional. Me consta que todos los partidos políticos españoles, con más o menos ahinco, ponen en cuarentena a los funcionarios que no son de su cuerda cuando encaran gobernar. Pero así pierden de vista que la Administración es un servicio público dotado de funcionarios entrenados y dedicados a sus tareas.

Queda pendiente distinguir la confianza política de la gestión bien desempeñada. Los funcionarios correctos acceden a expedientes que no son públicos y procedimientos de gestión reservada. Así garantizan los derechos de los ciudadanos. Si no guardan una actitud neutral respecto de sus superiores y de los ciudadanos, rompen el ejercicio esperable de sus competencias estatutariamente establecidas. Jaime Nicolás Muñiz es un ejemplo de corrección funcionarial. Se pierden recursos humanos y presupuesto público incalculables si se le mantiene mano sobre mano por más tiempo.