El advenimiento de Felipe VI y la marea republicana
Francisco Serra
Un profesor de Derecho Constitucional fue a recoger a su hija a la salida del colegio con la intención de llevarla al cine. Habían estrenado una película japonesa de dibujos que estaba deseando ver y la niña se merecía un premio por haber sacado sobresaliente en inglés. El examen había sido muy fácil, aseguraba ella, porque la profesora les había dicho que no era necesario contestar a las últimas preguntas, “las del futuro”. Como a veces es mejor no saber, el profesor prefirió no indagar la causa: si porque no habían tenido tiempo para ver todo el programa o, como se temía él, porque las jóvenes generaciones en España hoy no tienen porvenir.
La pequeña no quería ir al cine, sino ponerse hasta arriba de comer y beber y cuando su padre le insistió en que su plan para esa tarde era mejor y mucho más sano ella contestó, airada: “¿Sabes qué? ¡Tengo derecho a decidir!” Incapaz de encontrar una réplica adecuada, el profesor no tuvo más remedio que acceder a los ruegos de su hija e invitarla a una opípara merienda.
Como ha sucedido siempre, los niños imitan a los mayores y en sus expresiones reflejan con ingenuidad lo que nosotros afirmamos de forma grandilocuente. Los españoles nos encontramos en el momento actual ante la necesidad de tomar decisiones por largo tiempo aplazadas. La tan alabada Constitución del 78 en realidad no resolvió las grandes cuestiones de la vida nacional, planteadas ya desde los inicios de la etapa constitucional: ni la elección entre Monarquía o República, ni la organización territorial del Estado, ni las relaciones con la Iglesia católica, ni la emergente “cuestión social”. Se pretendió que con la aprobación de ese documento consensuado se eliminarían todos los problemas, pero no ha resultado cierto y ahora resurgen con fuerza aún mayor.
No es casual que hoy se demanden consultas populares para afrontar esas grandes alternativas, porque son tan importantes que se encuentran en un plano diferente a la política cotidiana y pueden llevar a la apertura de un nuevo proceso constituyente. En el momento actual, de hecho, ya todas las elecciones que tienen lugar en España son “plebiscitarias”, porque es tal el agotamiento del sistema surgido de la Transición que la única duda es hasta donde deben llegar las reformas.
Los comicios europeos, hasta ahora casi intrascendentes, han supuesto un auténtico referéndum en el que se ha sometido a votación el “bipartidismo” imperante desde hace años. Las grandes formaciones han perdido, en realidad, las elecciones, aun obteniendo mayor número de escaños, y las dimisiones sucesivas en el Partido Socialista responden a una lectura correcta de los resultados, pero quien de verdad ha sido derrotado es el Partido Popular, porque los diferentes grupos a su izquierda (casi todos) han conseguido una gran mayoría (aunque de muy difícil articulación).
Los ciudadanos han votado sobre todo contra la vieja política y lo que han demandado es un modo diferente de dirigir los asuntos públicos. El profesor conocía a Pablo Iglesias desde que aún era estudiante y sabía de su capacidad de liderazgo, pero, aun compartiendo muchas de las ideas principales de Podemos, le era difícil pensar que se hubiera optado por una forma concreta de gobernar, sino más bien por una expresión de descontento frente a la falta de alternativas al bloque dominante desde la Transición. No se ha producido un auge de ninguna clase de socialismo bolivariano, como argumentan los tertulianos y algún expresidente ocioso, sino la demanda de un cambio radical en la política del Estado. Los sondeos posteriores a las elecciones que muestran un continuo ascenso de esos sectores deben ser entendidos en la lógica de la “democracia plebiscitaria”, a la que recurren los votantes cuando no se les ofrecen salidas creíbles.
En los años treinta del siglo pasado, Josep Pla acudió a Madrid y pudo narrar de modo impresionista las esperanzas suscitadas por el advenimiento de la República. Estos días asistimos, desencantados, a los desesperados intentos del régimen por “rectificar la Monarquía” para facilitar una tibia reforma constitucional, pero lo que sería preciso es una revisión total. Se ha afirmado que no es posible plantear un referéndum para decidir sobre la forma “política” del Estado español, pero lo que se puede y se debe preguntar a los ciudadanos es si desean iniciar un proceso constituyente y convocar, si la respuesta es afirmativa, elecciones para unas Cortes que lo lleven a cabo.
En España, como se ha podido advertir en los últimos días, hay algunos antimonárquicos, muchos republicanos (aunque quizá no los necesarios para forzar la proclamación de la III República), bastantes ciudadanos temerosos de la apertura de un período de inestabilidad política y muy pocos monárquicos entusiastas. Cualquiera que pasee por las calles se percatará de que los resultados de la votación de la Ley de Abdicación en el Parlamento no reflejan por completo el sentimiento nacional.
El profesor, al salir de la Puerta del Sol tras la manifestación del sábado, subió hasta la Plaza del Callao por la calle Preciados y se encontró con una multitud de “consumidores de todas clases” más compacta aún que la de los participantes en la concentración y que portaban, en vez de la tricolor, bolsas de El Corte Inglés. Tras el fin de la “sociedad del trabajo”, es difícil que la población se movilice por cuestiones sociales o políticas.
No plantear un referéndum sobre la continuidad de la Monarquía puede ser una opción sencilla para los partidos todavía dominantes, pero quizás no es la correcta para sus intereses, porque en España esas consultas se suelen ganar, mientras que las “elecciones plebiscitarias” (que a los españoles se nos dan muy bien, como enterrar a los muertos, por emplear la expresión de un veterano político ya en retirada) suelen producir cambios insospechados.
Una verdadera reforma constitucional exigiría una mayoría abrumadora y después una convocatoria de elecciones con nueva aprobación por las Cortes (mucho más difícil de conseguir, según anticipan los sondeos) y, entonces sí, un referéndum de ratificación. Si no se anticipan los comicios en los próximos meses, las elecciones municipales y autonómicas pueden convertirse en plebiscitarias y poner en juego la propia continuidad del régimen.
Al final los pueblos, como los niños y los mayores, encuentran la forma de ejercer su derecho a decidir y el profesor, con el estómago satisfecho, esperaba que los españoles acertaran, como había hecho esa tarde su hija.
