Rajoy solo mira a las elecciones de 2015

En un nuevo ejercicio de malabarismo dialéctico, el Gobierno ha presentado lo que ellos llaman Reforma Fiscal, que en realidad únicamente es una reversión a la situación que había en 2011, y que se demostró fallida.

Es por tanto, una nueva ocasión perdida para solventar, de verdad, una realidad fiscal que se ha demostrado empíricamente  que no funciona. En España tenemos, teóricamente, tipos nominales relativamente elevados, pero una recaudación baja y muy volátil, con grandes oscilaciones en función del ciclo económico. Esto se debe, principalmente, a dos factores irresolubles. Por un lado, el fraude fiscal, endémico desde la restauración democrática, y la elusión fiscal, tarea que han desarrollado muy bien los grandes lobbies y grandes despachos fiscalistas. Con todo ello, España tiene una recaudación fiscal inferior a la media de la OCDE, que oscila entre 5 y 10 puntos porcentuales de PIB, lo que agrava, sin duda, la cohesión social y el sostenimiento de los servicios públicos.

La realidad fiscal en España es conocida. Por un lado, la base de la recaudación tributaria es la nómina, y no todas, sino únicamente las de los percentiles de renta medios y bajos. Es decir, hay un gran agujero fiscal a partir de unos ingresos por rendimientos del trabajo a partir de 60.000€. En esa franja, la gran mayoría de contribuyentes lo hace por sociedades, es decir tributa al 25% o 30% como mucho. Es por lo que la pose de subir el tipo marginal del IRPF en 2012 al 52% para las grandes rentas, apenas contaba con 5.000 patriotas que pensaban en la mayoría de los ciudadanos a la hora de tributar. Con estas subidas, todavía se mantuvo cierta progresividad en el impuesto. Este impuesto sigue trufado de desgravaciones, como la de la vivienda y planes de pensiones cuya regresividad es conocida, pero han sido mantenidas y mejoradas, tanto por gobiernos conservadores, como por gobiernos supuestamente socialdemócratas.

En el campo de las sociedades, la realidad es muy tozuda. Aquí se produjo una gran desfiscalización con el gobierno de Zapatero, los lobbies funcionaron muy bien, y las grandes empresas lograron grandes ventajas en materia de fondo de comercio, amortización del activo o deducciones como I+D que han hecho que los tipos efectivos del impuesto estén por debajo del 10% para las grandes corporaciones. Estas son las que sostienen y enaltecen a los dos espectros ideológicos, porque saben que sus fontaneros trabajan muy bien en la calle Alcalá de Madrid. Con todo ello, la recaudación de este impuesto se ha desplomado porque, básicamente, se sostiene por volumen en las pequeñas y medianas empresas que han sufrido un descalabro de tal magnitud que los ingresos han caído más de un 40%.

El resto de figuras impositivas también se han elevado desde la llegada de Rajoy, IVA, impuestos especiales, energéticos o los asociados a la propiedad, y por supuesto también los autonómicos.

Con esta realidad fiscal, y un déficit público que se sitúa en el 7%, es decir, 70.000 millones de euros, el Gobierno ha desempolvado la estrategia del ciclo presupuestario electoral. Es decir ha visto cómo una gran parte de la clase media, y baja, que le votó en 2011, le ha dado la espalda, no tanto por la subida de impuestos, como por la pésima gestión de lo público. Porque a pesar de la subida de impuestos, los servicios públicos han perdido calidad, equidad y eficiencia. Ahora se pagan muchos más impuestos y más tasas, al margen del repago en sanidad y educación. La última Encuesta de Presupuestos Familiares de 2013 es tremenda. Ahí se ve cómo el fuerte incremento del gasto en educación y sanidad se concentra en jubilados y familias con hijos universitarios, mientras que el resto del gasto disminuía un 3,7%, el máximo descenso en los años de crisis. Es decir, lo que no han dicho es que habrá más recortes en servicios públicos y en prestaciones. Atentos los parados, dependientes y pobres en general.

Frente a esto, el anuncio del Gobierno es muy vago y sin presentar toda la información necesaria para llevar a cabo un análisis pormenorizado y riguroso. Partimos de una situación que el Gobierno no ha incorporado. El PIB del 2013 se va a revisar a la baja, al menos hasta el -2,0%, sino más, por lo que el punto de partida y las previsiones de 2014 prácticamente no valdrán. En cualquier caso, lo que sí se puede avanzar es que el retoque fiscal, que no reforma, es claramente regresivo, ideológico e imprudente. Pretende drenar del sistema más de 9.000 millones €, especialmente vía impuesto sobre la renta, sin que haya presentando ninguna medida correctora, en un año como 2015 en el que tendrá que reducir el déficit público más de 1,5% del PIB y otros dos puntos en 2016. Está claro que sólo con la venta de AENA no es posible compensar este descenso de la recaudación de casi un 1% del PIB.

Entrando en la valoración de las medidas, el IRPF ve reducida claramente la progresividad a partir de 60.000 euros, lo que indica que el ejecutivo tira la toalla y abandona la lucha para que las grandes rentas tributen por IRPF y mantengan la elusión fiscal por sociedades. Una prueba palmaria es que nada nuevo se ha aprobado para mejorar la lucha contra el fraude, especialmente en el apartado de personal. Los porcentajes de reducción de tributación son meras simulaciones, porque no han avanzado cómo quedan los mínimos personales, lo que sin duda introduce un elemento de manipulación y propaganda, muy del gusto de Montoro. Sorprende ese tipo del 19% para tributar únicamente por 450€, algo inaudito y que sólo persigue el titular de prensa. Los primeros números sí avanzan que la reducción de tributación es mayor en tramos medios y altos que en bajos, y especialmente a partir de 175.000€, lo que indica cuál es el objetivo de la reducción. Pero lo realmente importante es que en  2015, un hogar mediano, seguirá pagando globalmente más impuestos que en 2011, lo que invalida totalmente el ejercicio de propaganda del viernes. No hay que olvidar que subirán los impuestos indirectos de los productos sanitarios, de nuevo mucho más dañino para las rentas medias y bajas.

Donde exhiben más desparpajo es en la supuesta apuesta por la familia y los discapacitados. Después de retirar las ayudas a la dependencia, la seguridad social a los cuidadores, se inventan un cheque bebé y un cheque abuelo para los casos de discapacidad. Estas rentas, tan denostadas en el pasado, ahora la recuperan para tapar su insensibilidad, que a veces raya en el delito, cuando muchos dependientes han fallecido sin haber cobrado la prestación. Por supuesto, también siguen debiendo ingentes cantidades de dinero a los Centros Especiales de Empleo, lo que sin duda dice mucho de la apuesta por la integración de este colectivo.

En materia de ahorro se mantiene la dualidad entre rentas del trabajo y ahorro, favoreciendo a los rentistas, claramente su electorado y sus protegidos, mejorando la fiscalidad del ahorro, algo únicamente al alcance de los percentiles a partir del 75 en la escala de distribución de la renta. Por último, para las grandes sociedades se reduce el tipo nominal, progresivamente, para igualarlo con las PYMES; eso sí, manteniendo el regalo fiscal de I+D para las grandes corporaciones, que lo suelen utilizar para fines espurios en muchos casos, siempre favorecidos por los Inspectores de Hacienda, garantes de determinar qué es I+D.

En resumen, sin mucha de la información más relevante, se puede decir que esto no es una reforma fiscal, sino una reversión, con algunos retoques, a la situación de 2011. Sigue manteniendo los rasgos propios de los últimos gobiernos del PP y PSOE, es decir regresiva, dual entre rentas del trabajo y ahorro, y favoreciendo a las grandes rentas y grandes corporaciones. Una vez más se ríen de las familias con cargas familiares, de los discapacitados y de los hogares que no pueden ahorrar. Sospechosamente no han dicho nada de la fiscalidad sobre la vivienda. Habrá que esperar a la letra pequeña.

(*) Alejandro Inurrieta es economista y director de Inurrieta Consultoría Integral.