El año 2014 o la antesala de la tercera recesión

Hacer un balance económico de la economía española durante 2014, y no estar cerca del poder establecido, es simplemente una herejía, si nos atenemos a las trompetas eufóricas de los últimos Consejos de Ministros. El Gobierno de Rajoy ha dado por superada la crisis y ya anuncia cifras de empleo, producción o rentas que, salvo que mantenga el ritmo de manoseo de las estadísticas oficiales, solo caben entre los propagandistas que tanto abundan en España.

La realidad económica, pero sobre todo financiera, es otra bien distinta. España no es inmune a los shocks exógenos, aunque las revelaciones que tienen Rajoy y De Guindos así lo pudieran aparentar, por lo que España se dirige hacia una tercera recesión. Las bases están puestas, un stock de deuda pública y privada impagable, unos mercados financieros sobrevalorados que han vuelto a inflar burbujas especulativas, un déficit de capital notable de una gran parte del sistema financiero europeo y una demografía que sin duda marcará el devenir de los sistemas públicos de pensiones.

Con estas premisas, entrar en una guerra artificial de cifras resulta poco edificante, puesto que las interpretaciones y, sobre todo, la cada vez más controvertida Contabilidad Nacional hace muy complejo y estéril el debate económico. Simplemente, se puede analizar dónde estábamos en 2007 y dónde estamos ahora en la posición del ciclo, en riqueza o pobreza, en empleo indefinido, en salarios, o en PIB per cápita. Especialmente interesante es estudiar los indicadores de igualdad o desigualdad para comprender qué estrategia se ha seguido en estos años y cómo encaramos los próximos. El resultado es demoledor. Hemos perdido algo más de nueve puntos de PIB, si las cuentas estuviesen bien calculadas y las revisiones se hiciesen con rigor serían más, los salarios se han dejado más del 20% en media, la pobreza ha seguido creciendo a ritmos acelerados, los desahucios en 2014 cierran con un aumento del 7%, los hogares sin recursos son más de dos millones y las personas desempleadas que no ingresan nada se acercan a los 3 millones.

Este sería el cuadro grueso de la situación macroeconómica que muestra una economía en fase de estancamiento, fundamentalmente por deflación debido a la deuda, como ya revelan los últimos datos del IPC de diciembre de 2014, un -1,1%, un valor no conocido en mucho tiempo. Las expectativas de recuperación del consumo y la inversión no se vislumbran, por más que algunos indicadores coyunturales mejoren desde casi el pozo donde habían caído, especialmente las ventas minoristas. La buena noticia que puede ser el abaratamiento de los combustibles, fruto posiblemente, entre otros factores, de la escasa demanda internacional, puede ensombrecerse por las consecuencias geopolíticas que conlleva las turbulencias financieras a nivel internacional. La caída de Rusia y algunas economías emergentes ligadas a materias primas podría desencadenar una crisis financiera internacional similar a la de 1998.

La actual crisis sistémica de la economía española se encuadra dentro de lo que técnicamente se denomina una recesión de balances. Bajo este análisis, la dinámica actual de nuestra deuda es insostenible. Tenemos un volumen de deuda -privada, pública y externa- que no se va a poder pagar, salvo que se pretenda un estancamiento prolongado en el tiempo de nuestra economía, más allá de dos décadas. Obviamente quien concedió la mayor parte de esa deuda, nuestro sistema financiero, presentaba claros problemas de solvencia y la manera en que se ha tratado de restablecer la misma ha afectado ya no solo a la situación real de nuestro sector bancario, sino también a la economía y ciudadanía en su conjunto.

Lo que empezó siendo un problema de deuda privada ha acabado contaminando definitivamente a la deuda pública. Detrás de la enorme expansión de nuestra deuda soberana no se encuentra en absoluto el interés de quienes nos gobiernan de mejorar nuestras condiciones de vida –educación, empleo, pensiones, sanidad, dependencia, vivienda–. La mitad del incremento de la deuda pública se ha destinado a financiar a terceros, concretamente al sector bancario, algo cuyos responsables son igualmente Zapatero y Rajoy.

Por un lado, la situación de los balances bancarios y el déficit de capital siguen siendo preocupantes. Los cálculos recientes del Banco Central Europeo presentan tremendas deficiencias, especialmente en la definición del escenario extremo negativo contemplado de cara a analizar su impacto en la cuenta de resultados y balances bancarios, así como en el tratamiento final de las carteras de deuda soberana española y de los créditos fiscales. Por otro, sigue sin entenderse la naturaleza endógena del dinero, y una máxima que introdujo el profesor Amir Sufi, coautor del libro House of Debt, en una reciente comparecencia, el 17 de septiembre de este mismo año, ante el Comité del Senado de los Estados Unidos sobre Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, donde afirmó que “el crecimiento del crédito sin crecimiento de la renta es una receta para el desastre”. La combinación de estas dinámicas contrapuestas en el sector privado está detrás del hundimiento del crédito en nuestro país. Las empresas y familias tratan de reducir deuda a toda costa, y por lo tanto no demandan nuevos crédito; la banca, en pleno proceso de reestructuración, apenas ha reducido su deuda, síntoma de que en sus balances bancarios sigue habiendo activos tóxicos, y, por lo tanto, no presta. Como consecuencia se produce la mayor restricción de crédito de nuestra historia moderna.

Según el último dato disponible, cierre del segundo trimestre del año en curso, la deuda externa asciende casi a 1,1 billones de euros, cifra que representa cerca del 107% del PIB español. Esta cantidad significa el 26% de la deuda en su conjunto de la economía española. El resto es deuda entre sectores residentes. La cifra es muy parecida a 2008, pero la composición ha variado drásticamente. El 47% de la deuda externa corresponde ahora al sector público, prácticamente la mitad, frente al 20% de 2008. Por el contrario, las deudas que nuestras entidades financieras deben al exterior representan “solamente” el 31% del total de nuestra deuda externa, frente al 54% en 2008.

Lo que estos datos confirman es el porqué desde el exterior, con el apoyo entusiasta de las élites bancarias, se impuso una política de austeridad. Se trataba de disponer de recursos públicos para destinarlos a financiar a terceros, a ellos. El rescate al sistema financiero español consistía únicamente en proporcionar recursos al sistema financiero para que pudiera hacer frente a sus deudas, aplicando duros procesos de reestructuración interna con el fin de liberar recursos, por si acaso. En realidad, no se trataba de un rescate al sistema financiero español, sino a los sistemas financieros alemán y francés, manteniendo en sus sillas a la gerencia bancaria que ha dilapidado muchos recursos públicos y privados.

Un segundo aspecto complementario de este análisis es el fracaso de las denominadas reformas estructurales, destinadas aparentemente a mejorar nuestra competitividad. El "repentino" e intenso empeoramiento de nuestro sector exterior durante los últimos trimestres ha incrementado la deuda externa neta de España hasta alcanzar un nuevo récord histórico. Aún no hemos salido de la crisis y una nueva crisis de balanza de pagos se cierne sobre nuestra economía. Está claro que el objetivo era otro, proteger a acreedores foráneos y a nuestra gerencia bancaria.

En conjunto, las ayudas públicas al sector bancario español, medidas de capitalización, adquisición de activos, garantías y avales, préstamos y líneas de liquidez oscilan entre los 730.000 millones y los 1,4 billones de euros, según se incluya o no el aval implícito del Estado a los depósitos bancarios. No todas estas ayudas son deuda pública, pero sí una cuantía relevante, entre 300.000 y 400.000 millones de euros, como ha calculado el Inspector de Hacienda, Carlos Sánchez Mato. Si a esto añadimos en el caso de la banca española los principales puntos débiles en las pruebas de resistencia del BCE son, por un lado, la laxitud en la definición de los escenarios adversos y, por otro, el tratamiento final de los créditos fiscales y las carteras de deuda pública. Ello nos obliga a ser prudentes y presentar cálculos alternativos más pesimistas, concretamente los del Centre for Risk Management HEC, ubicado en Laussane, cuyas cifras para los cuatro de los cinco bancos más grandes implicaría un déficit de capital alrededor de los 34.000 millones de euros.

Estos son los problemas de fondo en el sector financiero que claramente nadie comenta en los cenáculos próximos a Moncloa. La supuesta recuperación es incompatible con este fondo, máxime porque los agentes económicos están condenados a repagar un volumen de deuda que, en muchos casos, no han generado ellos. Desaparecidas las medidas de estímulo nacional, salvo la quita de deuda a las Comunidades Autónomas del día de los Santos Inocentes, todo se deja al albur del fondo de inversión de Junker, que claramente apenas dejará unas migajas al crecimiento español, si es que finalmente se lleva a cabo. Por tanto, el balance del 2014, y casi de la legislatura, es realmente sombrío para trabajadores, para la clase media, para los sectores públicos de sanidad, educación o dependencia y en general para los derechos y libertades públicas y privadas. Esperemos que en 2015, la marea democrática ciudadana pueda devolver parte de lo sustraído a tantos y tantos trabajadores y trabajadoras, empresas, jubilados y al sistema democrático en general.

(*) Alejandro Inurrieta es economista y director de Inurrieta Consultoría Integral.