La historia que no olvidamos

De izquierda a derecha,  José Ignacio Wert, conversando con el presidente de la Generalitat, Artus Mas, junto al rey Felipe, al tér,omp del partido de la final de la Copa del Rey em Barcelona. / Juan Carlos Hidalgo (Efe)
De izquierda a derecha, José Ignacio Wert conversando con el presidente de la Generalitat, Artus Mas, junto al rey Felipe, al término del partido de la final de la Copa del Rey en Barcelona. / Juan Carlos Hidalgo (Efe)

Javier Solana, distinguished fellow en la Brookings Institution y presidente de ESADEgeo, el Centro de Economía y Geopolítica Global de ESADE, escribe en El País: “Los europeos no podemos desentendernos mientras el Mediterráneo se convierte en una fosa común”. No entiendo su extrañeza. El que fuera Ministro de Cultura, Educación y Ciencia y también de Asuntos Exteriores durante los gobiernos de Felipe González entre 1982 y 1995, y portavoz del Gobierno entre 1985 y 1988, debería saber que España es una gran fosa común: en la Audiencia Nacional hay abiertos 143.353 expedientes sobre desapariciones durante el franquismo y la Guerra Civil. En nuestro país existen más de 2.500 enterramientos por exhumar. Hay decenas de miles de niños robados que esperan verdad, justicia y reparación. Vivimos en el segundo país del mundo en número de desapariciones forzadas, solo por detrás de Camboya.

La transición jamás miró de frente al franquismo. Y en 14 años de gobierno socialista Felipe González no movió un dedo por la recuperación de la memoria de los desaparecidos durante la Guerra Civil. Sin embargo a Solana se le llena la boca de solidaridad, compromiso y responsabilidad cuando mira al Mediterráneo y asegura que “resulta insólita la capacidad del ser humano para olvidar y descuidar todo aquello que no percibimos como amenaza en el momento presente”.

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“No podemos olvidar nuestra historia”, insiste en El País un Solana que cierra su texto con una frase para los libros de citas: “Si mantenemos nuestra propia historia en la memoria, evitaremos muchos de los errores ya cometidos, y demostraremos que la existencia del proyecto europeo no es sólo positivo para los europeos sino para el mundo”.

En política, la hipocresía es ley. Mientras escribo estas líneas resuenan las críticas a los pitidos que sufrió el himno nacional durante la final de la Copa del Rey que se celebró el pasado sábado en Barcelona. El vicesecretario del PP Carlos Floriano utiliza el término “Horror”. El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, asegura que la pitada al himno demuestra "la enfermedad que sufre una parte de la sociedad que ofende el sentimiento patriótico de otras personas". Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior, cree que la pitada fue una "incitación al odio" que no debe "quedar impune". La Defensora del Pueblo ve en el abucheo “rasgos de odio”. Y el partido en el Gobierno asegura que impulsará cambios legales para evitar este tipo de “ataques”.

Han convertido un abucheo durante un partido de fútbol en una cuestión de Estado, en una amenaza a las instituciones, en un peligro para la democracia. Olvidan que el principal peligro para la democracia, la auténtica amenaza a la convivencia, la tienen en casa. Y no me refiero a los medios de comunicación a sus órdenes, un ejército de sediciosos mamporreros. Con sus declaraciones y maneras, Esperanza Aguirre ha hecho más en las últimas semanas por la ruptura de la convivencia, el embrutecimiento de la sociedad y el desapego con las instituciones, de lo que podrían hacer cien Camp Nou repletos de asilvestrados hinchas silbones.

No deberíamos olvidar nunca, memoria histórica, que Aguirre ha dicho cosas como que Manuela Carmena “quiere utilizar la alcaldía para romper el sistema democrático occidental tal y como lo conocemos”. O que “quiere construir soviets en los distritos”. Y que el grueso de su partido no se ha desmarcado de tan aberrantes declaraciones, más peligrosas y desagradables que una pitada atronadora. En el Comité Antiviolencia tienen muy fácil localizar a la hooligan más peligrosa de este país.