Guatemala, hoy: paradigma de la América fallida
Desde que en abril se conociera en Guatemala la trama de corrupción aduanera conocida como La Línea con la detención de 28 personas, que estaba organizada por el actual y el anterior responsables de la Administración Tributaria y tenía como cerebro al secretario privado de la vicepresidenta, Roxana Baldetti, la sucesión de escándalos ha producido una airada movilización, también sin precedentes, de las fuerzas decentes del país. Esta ola de indignación ha conseguido la dimisión de la vicepresidenta, pero se manifiesta cada sábado en la Plaza de la Constitución pidiendo la dimisión del propio presidente, Otto Pérez Molina, al que se considera máximo responsable de la corrupción política y de otros crímenes que envenenan el país. La prensa airea cada día, con libertad y dureza llamativas, estas tropelías y las acusaciones a diputados, ministros, policía y ejército, sin detenerse ante el máximo dirigente, el ex general Pérez Molina, al que se le hace responsable de al menos diez casos de estructuras de corrupción insertadas en el Estado. Este mandatario pugnó por el poder desde el PP (Partido Patriota), con el símbolo de un puño cerrado y el eslogan de “Mano dura”, que muchos ingenuos atribuyeron a un presunto deseo de sanear al país… Enfrentado a un proceso que pide el antejuicio para levantarle la inmunidad, el presidente ha sido salvado in extremis por un extraño recurso presentado por una abogada, antigua novia.
La vicepresidenta Baldetti, a quien se le considera amante y cómplice del presidente, exhibe un obsceno cúmulo de riquezas y posesiones inmobiliarias desde su acceso al poder, y de ellas ha empezado a dar cuenta ante la justicia, que ya le ha embargado parte de ellas. El robo a discreción de los caudales públicos en un régimen que entroniza a líderes logreros que se constituyen en capos o, cuando menos, en consentidores del proceso de saqueo del Estado, constituye la esencia de este sistema político. Así, sólo en las últimas semanas se ha dado a conocer un nuevo caso de corrupción en la Policía Nacional, con doce detenidos entre sus dirigentes por crear empresas ficticias para atribuirse suministros millonarios; otro consistente en empleos dispuestos desde el Congreso a cambio de dinero; la acusación contra los ministros actuales de Economía (por favorecer a empresas afines e inducir con ello la subida constante de los precios de alimentos de primera necesidad) y Desarrollo Social (fraude en la adquisición de maquinaria pesada); la petición de procesamiento del anterior presidente del Congreso de la República, que se habría apropiado de parte del sueldo de sus guardaespaldas. Más un fraude (otro) al Instituto Guatemalteco de la Seguridad Social, otro relacionado con la alimentación (tras producir diecisiete muertes)... A lo que se deben de añadir los episodios de linchamiento de delincuentes y extorsionistas a manos de ciudadanos organizados en grupos de autodefensa; la información de que la mayor parte de las extorsiones que los castigados ciudadanos guatemaltecos sufren se organizan y dirigen desde la cárcel, a través de teléfonos celulares teóricamente prohibidos; el juicio contra diez militares acusados de violaciones a mujeres indígenas en los años de 1982-83, los peores del prolongado “enfrentamiento armado”; la crónica diaria de los homicidios, cuya estadística actualizada arroja dieciocho diarios (con el episodio reciente del asesinato de dos periodistas, más otro malherido, por denunciar la corrupción de un alcalde del PP, a manos de sicarios que incluían dos agentes policiales), con un repunte atribuido a que se trata de un año electoral…
En su mayor parte, los escándalos políticos y las denuncias correspondientes vienen siendo trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo tutelar creado por las Naciones Unidas para suplir la aterradora ineficacia del sistema judicial guatemalteco, incapaz de perseguir y castigar, entre otros delitos políticos, a los responsables de los crímenes desde el poder durante el aciago periodo 1966-96. Si bien estas actuaciones resultan tan irreprochables como necesarias, pierden eficacia al pasar de la instrucción al enjuiciamiento y, sobre todo, al castigo, debido también a la corrupción que afecta a la judicatura y que alcanza a la Corte Constitucional (como no podía ser de otra forma); el caso del convicto por crímenes contra la humanidad (próximos al genocidio), Ríos Montt, ha supuesto una dolorosa decepción al escapar in extremis del merecido castigo.
Contra la prolongación de este estado de cosas, la opinión pública revuelta y aglutinada en la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, exige aplazar las elecciones del próximo 6 de septiembre para dar tiempo a que, al menos, se pueda modificar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que es lo que, como un eslogan de resumen y prioridad, aglutina a las fuerzas políticas, sociales y civiles que claman por el cambio sin dilaciones; y sobre la que el propio Tribunal Supremo Electoral ha enviado una propuesta al Congreso (que difícilmente la tramitará; ya que va contra el estatus actual de sus miembros). Se trata, entre otros objetivos, de limitar los mandatos de los diputados, un colectivo extraordinariamente degradado y centro neurálgico de corrupciones mil, que genera continuos escándalos de transfuguismo, saqueo, nepotismo y venalidad en general. Ya iniciada la campaña electoral, entre los candidatos al Congreso figuran personajes que son toda una provocación, así como símbolo insuperable de desvergüenza de la vida política; como Zury Ríos, la hija del dictador y criminal (que ha acompañado a su padre entre los diputados, con el partido VIVA, Visión con Valores); o Alfonso Portillo, ex presidente condenado y encarcelado por malversación en Guatemala y por lavado de dinero en Estados Unidos (al que se le ha acabado denegando la inscripción); o Sandra Torres, de UNE (Unidad Nacional de la Esperanza), ex primera dama con el presidente Álvaro Colom y protagonista de muy sonados escándalos tanto de abusos políticos como de corrupción económica. Con un favorito, según las encuestas, para la presidencia en Manuel Baldizón, líder de LIDER (Libertad Democrática Renovada), un personaje que podría –aunque en principio parezca difícil– superar en inmoralidad a sus antecesores y empeorarlo todo. El país se desangra y no serán los espectáculos electorales los que lo salven.
El amigo americano, representado por el embajador Todd Robinson, vigila atento la situación y acepta la caída de la Baldetti, así como las actuaciones de la CICIG, quizás seguro de que, de no existir, no quedaría más que la vuelta a las armas. Sobre la suerte de Pérez Molina no cabe la misma evidencia aunque, visto el grado de descomposición presente, seguramente el procónsul norteamericano tratará de consentir cambios visibles aunque soportables, que en definitiva hagan que lo esencial –el Estado corrupto y fallido pero productivo y lacayo– se mantenga y prolongue.
