ATC nuclear: todas las contradicciones juntas
Como no podía ser de otra forma, la maldición que acompaña a los asuntos nucleares ha caído de lleno sobre el Almacén Temporal Centralizado (ATC: vulgo, cementerio nuclear), haciendo saltar por los aires lo que se consideraba un amplio acuerdo tras años de peregrinaje tras el lugar idóneo, con el rechazo generalizado de la parte de los municipios y las comarcas seleccionadas. Se ha roto la tríada del consenso –formada por el Gobierno de Madrid, el de Castilla-La Mancha y el del propio pueblo, Villar de Cañas (Cuenca), favorable este último en un, digamos, 60 por 100, y todos del PP– con el cambio político habido en la Comunidad castellano-manchega y la vuelta al poder de un PSOE beligerante.
En realidad, el asunto se torció con la aparición de informes técnicos desfavorables en relación con el emplazamiento, lo que al Ministerio de Industria le ha traído al pairo y el Consejo de Seguridad Nuclear ha tratado de minimizar e incluso ocultar; la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), como titular de esa actividad y de ese ATC necesita tanto permisos técnico-nucleares como ecológico-ambientales e incluso urbanístico-territoriales, y ha de moverse entre administraciones amigas y hostiles. Pero el problema se ha hecho político, es decir, verdaderamente serio, cuando los nuevos dirigentes de Castilla-La Mancha han decidido presentar batalla por la vía de la interposición de obstáculos ambientales, concretamente decidiendo la ampliación del área de protección de la Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA) de la laguna de El Hito, llevando la superficie actual de 1.000 hectáreas hasta unas 25.000 para hacer que afecte a la zona designada para el emplazamiento del ATC.
Se ha de recordar que todo esto empezó mal, en la larga tradición de las decisiones incompetentes, cuando no frívolas, en materia de emplazamientos nucleares, ya que tras años de indecisiones y miedos ante la necesidad imperiosa de resolver el problema técnico de los residuos nucleares de alta actividad procedentes de las centrales en funcionamiento, y sin encontrar para ese ATC un lugar que reuniera condiciones físicas idóneas y la necesaria aceptación popular, se optó por aquel dislate de la “subasta de candidaturas” a la que recurrió en 2009 el Gobierno socialista de Zapatero creyendo así solucionar tan espinoso asunto. De las trece candidaturas municipales que surgieron se optó, con la intervención perversa de la presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores Cospedal, por la imposición de hecho del ATC a un pueblo, Villar de Cañas (Cuenca), que aunque se había postulado se encontró a sí mismo desprevenido y un tanto víctima de tan estúpida ocurrencia, enfilando así la mayor crisis vecinal de su discreta historia. Desde luego, no sirve este episodio del ATC como ejemplo a seguir en casos de conflictiva ubicación, ya que el criterio final y real ha sido el de exclusión de los lugares considerados “idóneos” y el recurso escasamente científico a un emplazamiento que, primero, no plantee problemas agudos de rechazo local y, segundo, que no envenene las relaciones con gobiernos autonómicos hostiles. Esto por lo que hace al elemento sociopolítico.
Mientras tanto, Villar de Cañas, en la planicie arcillosa de la “Mancha húmeda”, quedó atrapado entre el tontorrón y castizo “Bienvenido Mr. Marshall” y el telúrico grito del “O esto o desaparecemos”, exteriorizando un tanto nerviosamente su regocijo por haberse visto atribuir tal instalación. Desde luego, el impacto económico de los 750 millones de euros a invertir y la demanda de empleo, de unos 300 trabajadores como mínimo de media durante los catorce años de construcción de las tres fases previstas, son datos que cambiarían el pueblo y la comarca durante unos años (aunque la experiencia señala que las grandes inversiones, y más si son de alta tecnología como las nucleares, no logran transformar realmente el medio socioeconómico local).
El nuevo presidente castellano-manchego ha optado por el desafío al reivindicar sus competencias exclusivas en materia ambiental, interponiendo una contundente incompatibilidad biológico-territorial frente al ATC. El Ministerio de Industria, que en manos de José Manuel Soria quiere someter a autonomías y municipios alegando que la política energética corresponde constitucionalmente a la Administración del Estado (y así hace en relación con el fracking), incluso ha dado a entender que, en caso de obstaculización persistente, podría recurrir al expediente de la declaración del ATC de interés nacional, “resolviendo” así cualquier cuestión competencial (cosa que nunca hicieron los gobiernos franquistas cuando en 1973-75 se sublevaron decenas de municipios negándose a aceptar centrales nucleares en su territorio). García Page, de paso, aprovecha la oportunidad de dotarse de la relevancia política que siempre aporta el enfrentamiento con el Gobierno central (y que llevó a Bono a porfiar incluso con gobiernos de su mismo color político), ya que muy pocos creen que actúe por escrúpulos o sensibilidad estrictamente ecologistas.
La posición ecologista, irreductible antes y ahora por la muy razonable actitud antinuclear (pero reconociendo que es inaplazable una “solución” para esos residuos radiactivos), partía de la aceptación de habilitar distintos Almacenes Temporales Independientes (ATI) en terrenos de las propias centrales existentes, lo que evitaría el inquietante y arriesgado trasiego de un material tan letal por gran parte de la geografía española, manteniendo su oposición a la solución finalmente adoptada, que persigue, concentrando los residuos en un único lugar, economías de escala (que es un principio economicista generalmente perjudicial en materia ambiental). Esta postura ecologista, de todas formas, hubiera aceptado la solución de los ATI sobre una decisión política clara y leal de cierre ordenado de las centrales nucleares, que son las productoras de esos residuos y que, mientras existan, continuarán generando ese problema pavoroso: se trata de una actitud tanto lógica como ética que no ignora, por lo demás, que no existe verdadera solución a este problema ya que los residuos nucleares no pierden su actividad sino de forma natural y en periodos extraordinariamente dilatados: la ciencia no ha avanzado ni un ápice en su neutralización por medios artificiales. De hecho, el ATC no deja de ser una solución provisional, ya que el ciclo nuclear se cierra (en falso, como decimos) con un Almacenamiento Geológico Profundo (AGP) del que pocos países disponen y sobre el que, en España, no se tiene idea alguna sobre su selección y posible ubicación. Por cierto, que a las posiciones críticas sobre el emplazamiento actual del ATC también se ha sumado el Colegio Oficial de Geólogos, que postula “saltarse” el ATC y proceder a la ubicación y acondicionamiento de este AGP, llevando el agua a su molino sin mucho reparar en el problema nuclear en sí (y como queriendo que se olvide el escasamente lucido papel que hicieron sus responsables en la crisis sísmica del “Castor”, en la costa de Castellón, negando lo evidente hasta el final).
Y de esta forma se ha configurado el –posiblemente– último de los proyectos nucleares de España, sin que le falte ninguno de los elementos conflictivos que han acompañado a la mayoría de los anteriores en los últimos 42 años.
