Soberanía contra secesionismo

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Ferrán Gallego *

 Ferran_GallegoEl debate de investidura que se ha producido en el Parlament de Cataluña entre el 10 y el 12 de noviembre ha concentrado algunos de los temas centrales de la crisis política en que nos hallamos en el conjunto de España –y, de hecho, en el espacio común de la UE-. Ha esquivado la verbalización clara y rotunda de algunas cuestiones fundamentales, pero en la misma necesidad de sortear campos de enfrentamiento incómodos para lo que el marxismo que Groucho llamaría las partes contratantes de la primera parte, se ha revelado la sustancia de una crisis orgánica del sistema. Una crisis que algunos pretenden reducir a uno solo de sus aspectos –la quiebra del régimen español de la Transición-, acoger en uno solo de sus escenarios –el del “derecho a decidir” del pueblo catalán-, y resolver en una sola de sus posibilidades –la declaración de independencia.

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 En el espacio que se aconseja para no desalentar a los lectores, poca cosa puede hacerse más que empezar a plantear algunas cuestiones reveladoras del significado profundo de la movilización soberanista catalana.  Y considerar de qué modo lo que se presenta ahora mismo como opción maximalista, destinada a satisfacer una aspiración democrática, republicana, social y nacional del pueblo catalán, puede acabar frustrando la oportunidad, inédita hasta este tiempo, de responder a la crisis orgánica del sistema con lo que debe y puede estar a su altura. Esto es, la formación de un movimiento cuya base social, forma organizativa y estrategia política estén relacionados directamente con la naturaleza de la crisis. Un movimiento que, en este aspecto, sea fiel a la tradición cultural de la izquierda revolucionaria, que nunca dejó de establecer los parámetros de su actuación en congruencia con el ciclo que emprendía el capitalismo.  Un movimiento que, de la misma manera que en otras fases de lucha llamó a construir un partido nacional desde la perspectiva de clase, ahora esté en condiciones de edificar una nueva conciencia y espacio de clase desde la experiencia de la movilización nacional.

El debate parlamentario ha mostrado la gravedad del peligro en el que nos hallamos, del mismo modo que ha revelado las inmensas posibilidades que sería tan insensato desdeñar. La escenificación de una voluntad de acuerdo estratégico entre CDC, ERC y la CUP se ha exhibido por los portavoces de las tres formaciones como el deber de representar adecuadamente la voluntad del pueblo catalán, que no habría sido posible llevar a las urnas más que como resultado de las inmensas movilizaciones realizadas en los últimos años. Esa legitimación se ha afirmado como fundamento de desobediencia civil y como derecho a establecer un nuevo marco legal que responda a una fuente de soberanía distinta a la de la Constitución de 1978.

Esta propuesta aparentemente maximalista ha ido acompañada de una grandilocuencia que, en determinados casos, no puede despertar más que el rubor de los espectadores y la indignación de quienes han de removerse en sus tumbas. La portavoz de Esquerra Republicana llegó a proclamar que la genealogía de Junts pel Sí –pues en nombre de esta coalición intervenía- partía del sufrimiento de los trabajadores que se dejaban la vida en largas jornadas de explotación. Que eso se blanda como bandera de un partido que cerró con sus votos el paso al gobierno de la Generalitat a las clases trabajadoras de Cataluña al apostar por un acuerdo con la UCD y el pujolismo, resulta inquietante. Que, encima, se exprese como camuflaje histórico una bancada en la que asientan sus posaderas la derecha nacionalista catalana, que ahora usa la memoria de la esclavitud para hacer pasar sus intereses por emancipación, lo es mucho más aún. Que, en ese escenario verbal, la CUP pueda actuar como agente de gestación de mayorías de gobierno, es desolador.

Porque el voto negativo, que no excluye rectificación en el futuro, en nada cambia la determinación del campo de alianzas que se ha elegido. Alianzas que, además, se han expresado como proceso de constitución de una mayoría nacional liberadora, no como mero acuerdo coyuntural de circunstancias. Ciertamente, la movilización que se ha producido en Cataluña ha ido teniendo, de forma cada vez más intensa, la tonalidad de una toma de conciencia que se manifiesta como reivindicación de soberanía. Pero la soberanía no es la secesión y la construcción de un Estado propio. O no se limita a esa posibilidad. El soberanismo parte del reconocimiento de la cancelación de la voluntad de las clases populares por un sistema que se ha deslegitimado visiblemente, presentándose como una cáscara vacía que en nada responde a su propia justificación representativa. El soberanismo no puede reducirse a la secesión, porque lo que reclama es la conquista de la democracia, de los derechos sociales, del control de la existencia, del regreso de una comunidad en que los individuos se ven como parte de un sujeto colectivo y fraterno.

Esa inmensa toma de conciencia masiva ha sido puesta de manifiesto por la crisis. Ha dejado de ser teorización de una minoría política para ser sentimiento derramado en las movilizaciones, ocupación del espacio público, fijación de un campo de lucha, elección de una dinámica que, por primera vez en muchos años, puede ser favorable a los trabajadores. Con su capacidad reveladora, la crisis ha permitido que se declare un estado de excepción, una suspensión de la normalidad política que responde a la paralela interrupción de la democracia con que el capitalismo deseaba ejercitar su impunidad histórica.  No es el nacionalismo y, desde luego, no es el nacionalismo que ha gestionado el sistema en Cataluña desde 1980. Es la voluntad de responder a las graves lesiones sufridas por la democracia con una radicalización de la voluntad de soberanía del pueblo.

Lo que se ha planteado en el Parlament estos días no responde a la sustancia de ese movimiento y hace peligrar la plena realización de sus objetivos. La propuesta secesionista obtura los horizontes de la movilización por tres motivos, al menos. Primero, porque obliga a establecer una alianza prioritaria –¡y que se presenta en su forma orgánica de fundación de un nuevo sistema!- con las clases dirigentes del régimen de 1978 en Cataluña, desdeñando la participación en un proceso constituyente al que sea llamado el conjunto de la izquierda y solamente la izquierda. Segundo, porque plantea el objetivo de una secesión y de un Estado propio que se basará en una verdadera revolución pasiva: en la hegemonía, con más recursos políticos en sus manos, con un plus de representatividad social, de las clases dominantes a cuyas necesidades respondió el proyecto de autonomía diseñado en los años setenta y ochenta. Los de la apertura del ciclo de la globalización y los de la marcha hacia la Unión Europea, precisamente.

El tercer motivo es el más grave y el que está brotando con menos frecuencia en la escenificación de este debate. De continuar las cosas así, el secesionismo habrá mostrado su capacidad de frustrar las verdaderas aspiraciones de quienes se han movilizado por la soberanía en Cataluña. Y cerrará las posibilidades de creación de un nuevo sujeto, de un bloque histórico constituido por quienes desean abrir un proceso constituyente en el conjunto de España y establecer relaciones estrechas con la rebelión de los pueblos del sur de Europa contra el modelo social dominante. En lugar de eso, ofrecen un desvío que desean presentarnos como atajo, pero que conduce a otra parte. A la constitución de un nuevo Estado en el que la hegemonía corresponda al transformismo de la vieja oligarquía catalana, tristemente legitimada por una movilización soberanista que debe despojarla de su poder y de su repentino y sorprendente prestigio.

(*) Ferrán Gallego es historiador.
2 Comments
  1. EUDO says

    Y NO APRENDEN

    Cuando los mal llamados liberales, los llamaban así por sus leyes desamortizadoras, irrumpieron en las Cortes de Cádiz, arrebataron la soberanía de todas las comunidades ibéricas. En su discurso preliminar leído al efecto afirmaban “al presentar el proyecto, la comisión nombrada al efecto, con absoluto desprecio a nuestro sistema político de hacer nuestras leyes, procede un ataque a nuestra ya existente Constitución, y dice que ya no podemos ejercitarla sino a través de lar Cortes Generales. “…Sirva, Señor, -se refiere al Rey- de ejemplo la ley XII, tit. I, Partida 1ª, en que se dice: Emperador o Rey puede facer leyes sobre las gentes de su señorío e otro ninguno non ha poder de las facer en lo temporal, fueras ende si las ficiese con otorgamiento de ellos. Et las de otra manera son fechas non han nombre nin fuerza de leyes, nin deben valer en ningún tiempo. Otras pudiera citarse; pero además de que sería molestar sin utilidad la atención de las Cortes, la razón más principal de la Comisión consiste en que la Constitución de la Monarquía española debe ser un sistema completo y bien ordenado, cuyas partes guarden entre sí el más perfecto enlace y armonía. Su textura, Señor, por decirlo así, ha de ser de una misma mano, su forma y colocación ejecutada por un mismo artificio. ¿Cómo, pues, sería posible que la simple ordenación textual de las leyes promulgadas en épocas diferentes, distantes unas de otras muchos siglos, hechas con diversos fines, en circunstancias opuestas entre sí, y ninguna parecida a la situación en el día se halla el Reino, llenasen aquel grande y magnífico objeto?(…)Todas las leyes, fueros y privilegios que comprende la breve exposición que acaba de hacer, andan dispersos y mezclados entre una multitud de otras leyes puramente civiles y reglamentarias en la inmensa colección que forman la jurisprudencia española. La promulgación de estos Códigos, la fuerza y autoridad de cada uno, las vicisitudes que ha padecido su observancia, ha sido todo tan vario, tan desigual, tan contradictorio, que era forzoso entresacar con gran cuidado y diligencia las leyes puramente fundamentales y constitutivas de la monarquía de entre la prodigiosa multitud de otras leyes de muy diferente naturaleza, de espíritu diverso y aun contrario al espíritu a la índole de aquéllas.”
    El gran error de las Cortes de Cádiz no fueron las mismas leyes que promulgaron, sino, el asumir la potestad legislativa de las distintas naciones y regiones de la federación. Las Cortes, asumieron en si mismas y sin contar con los antiguos reinos, una autoridad que no les correspondía y si bien aquella constitución podía servir en el área del sur de la península, el resto de Las Españas tenían su propia Constitución como bien se dice en dicho discurso al citar “… La Constitución de Navarra, como viva y en ejercicio, no puede menos de llamar grandemente la atención del Congreso. (…)Aunque la lectura de los historiadores aragoneses, que tanto aventajan a los de Castilla, nada deja que desear al que quiera instruirse de la admirable Constitución de aquel reino. (…) causaron un olvido casi general de nuestra verdadera Constitución hasta el punto de mirar con ceño y desconfianza a las que se manifestaban adictos a las antiguas de Aragón y Castilla.”
    En este mismo discurso se reconoce asimismo la realidad de un Estado plurinacional al que se ataca unilateralmente al afirmar “…Esta gran reforma bastará por sí sola a restablecer el respeto debido a las leyes y a los Tribunales, asegurará sobremanera la recta administración de justicia, y acabará de una vez con la monstruosa institución de diversos Estados dentro del mismo Estado, que tanto se opone a la unidad del sistema en la administración, a la energía del Gobierno, al buen orden y tranquilidad de la Monarquía.”
    Casualmente pocos años antes un bilbaíno, Diego de Gardoqui y Arequibar mantenía una fuerte amistad con los padres de la Constitución Americana, Jefferson y Franklin.
    Lo hacía también con su presidente Washington y con su sucesor en la presidencia Adams. No es de extrañar que alguno de aquellas leyes constucionales parezcan copiados del Fuero de Bizkaia. Parece mentira que Diego de Gardoqui no tenga un monumento junto a John Adams en Bilbao.
    La organización de los estados americanos se parece en mucho a nuestra preliberal. Cada Estado tiene su propia Constitución y estas deciden, incluso, hasta sobre la pena de muerte.
    Nos copiaron nuestras reglas de convivencia, incluso el símbolo del dólar esta sacado de nuestra moneda pues son las columnas de Hercules y la “S” de la ceca de Sevilla..
    Aquellos “liberales” provocaron con su centralismo la perdida de las provincias de ultramar al impedir a aquellas las libertades de comercio y de legislación propia.
    Después de doscientos años volvemos a las andadas y ahora como con las guerras carlistas ejercen su autoritarismo centralista sobre nuestras comunidades ibéricas tratando de manejar a su antojo el futuro de estas.
    Pienso que la Constitución Española debería ser el pacto de convivencia entre nuestras comunidades y la declaración universal de los derechos humanos y así recuperar nuestros fueros que traducidos al idioma de hoy son nuestra Constitución.
    Aquellos fueros populares que emanaban de la voluntad ciudadana, que no eran obra de ningún legislador y tenían un sentido profundo de nuestro autogobierno popular, se hacían, en Vizcaya, desde nuestras juntas vecinales, se votaban en las Juntas Generales y las juraba hacer cumplir el Rey de Las Españas y Señor de Bizkaia.
    Uno no sabe como calificar a estos funcionarios metidos a políticos y a estos políticos metidos a funcionarios. Posiblemente su patetismo nos lleve a una situación no deseada y a una nueva confrontación.
    Después de una larga trayectoria en la lucha antifranquista que tenga uno, nuevamente, que salir a pelear por las libertades y a mi edad, tiene narices. Cuando la transición muchos de nosotros nos fuimos a casa. Que error, se quedaron los más inútiles y ahora lo pagaremos caro.

    EUDO

  2. EUDO says

    Recuerdos a Manolo Martorell

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