Memoria histórica

Lara Hernández *

Hernández_LaraEnciendo la radio y oigo en esta fría tarde de 25N: “Algo raro ha pasado en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. Parece que Ahora Madrid ha cambiado de criterio en el último momento a la hora de votar la moción de urgencia sobre memoria histórica”. Inmediatamente, una declaración de una concejala del PSOE: “No nos parece limpio que se cambie un acuerdo”. Y apuntala el locutor: “Los concejales de Ahora Madrid dicen que este es un debate prioritario para Madrid, y sin embargo, de momento, se aplaza”. Cuando se acerca una cita electoral, la política a golpe de titulares se intensifica en aras de una supuesta objetividad y, por supuesto, en cantidad. Pero no debemos confudir el qué con el cómo, ni los errores comunicativos con los errores políticos.

En primer lugar, hemos de recordar que la Ley de Memoria Histórica, aprobada por el Gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero en el año 2007, es una de las dos medallas que, junto con la aprobación del matrimonio homosexual, se ha autoimpuesto el expresidente y parte de su corte en reiteradas declaraciones y balances de su Gobierno. La ley fue una buena y necesaria iniciativa cuando se aprobó, sin duda alguna, y sin embargo, no ha tenido un desarrollo posterior, no se ha modificado, no se ha aplicado en los juzgados, no se ha hecho un reglamento, no se ha adaptado. A ello hay que añadir que, a día de hoy, la Ley de Memoria Histórica está derogada de facto. Las últimas ayudas y subvenciones que se otorgaron para realizar exhumaciones fueron en noviembre de 2011. Desde entonces, de las arcas públicas del Estado no ha salido ni un solo euro para su uso. En el caso de Madrid, durante 8 años, no se ha exigido su aplicación en la capital, una de las ciudades con más simbología franquista en su conjunto.

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Las prisas, no obstante, no son buenas consejeras y menos cuando quedan poco más de 20 días para una cita electoral clave en la que el PSOE se enfrenta a la ardua tarea de demostrarle a su potencial electorado que la distancia entre lo que dice y lo que hace ha disminuido, buscando aumentar así, de forma inversamente proporcional, su credibilidad. El PSOE cree posible que podrá hacernos olvidar su oscuro pasado en materia económica, reformas exprés de la Constitución, etc... ¿Cómo? Desenpolvando del trastero sus, si bien escasas, medallas en política social. Si el PSOE hubiera querido enfrentar con seriedad este debate, no lo habría dejado para el tiempo de descuento. Forma parte del ADN de la derecha ideológica y política de este país querer dejar a algunos muertos en las cunetas, pero este gesto de última hora del PSOE muestra algo sobre lo que debemos reparar: en Ferraz deben estar muy preocupados y asustados, hasta el punto de buscar titulares a última hora de la tarde para tratar de remontar en votos.

Así como Ulises tuvo que ser atado a un mástil para no dejarse llevar por los cantos de sirena, agarrémonos para entender este asunto al palo de la historia, pasada y presente. El PSOE, aunque pudiera haberlo hecho, no ha tenido la firme voluntad política de llevar hasta sus últimas consecuencias el debate nacional sobre la memoria histórica. Aunque fue una ley novedosa en su día, necesita ser desarrollada: una buena legislación a la que referirnos, una partida presupuestaria destinada a la retirada de simbología y las exhumaciones y un acceso a archivos.

Hablar de memoria histórica implica, en primer lugar, exigir a las instituciones del Estado la condena del franquismo como régimen criminal en los términos declarados por la ONU, así como el reconocimiento de la legalidad democrática de la II República Española.

Hablar de memoria histórica implica hablar de la asunción explícita por parte del Estado español de la responsabilidad de garantizar el derecho a la verdad de las víctimas del franquismo y del conjunto de la sociedad española.

Hablar de memoria histórica implica garantizar el derecho a la justicia a través de medidas concretas como la anulación de la Ley de Amnistía del 1977 en los apartados que permiten la impunidad de los crímenes franquistas. No puede suceder que políticos y empresarios como Rodolfo Martín Villa, sobre el que pesa una orden de detención emitida por la jueza María Servini, pueda seguir impune.

Hablar de memoria histórica implica garantizar el derecho a la reparación en todos sus sentidos: que se exijan las responsabilidades a aquellas empresas e instituciones que se beneficiaron del trabajo forzado de prisioneros de guerra.

Por último, y por supuesto, hablar de memoria histórica implica hablar de garantías de no repetición que conllevan la condena de cualquier tipo de acto de exaltación franquista y de negacionismo histórico. El titular tiene que ser este: el de decenas de iglesias acogiendo misas por el dictador; el de hoteles emblema de la marca España acogiendo actos de homenaje a la dictadura; el de una sociedad que no quiere ser hija de su tiempo. El de una gente que únicamente quiere recordar y honrar a todos y cada uno de sus muertos.

Y nos lo merecemos.

Ahora Madrid lleva varios meses preparando un plan para cambiar los nombres de calles franquistas, ya ha presentado mociones en varias juntas de distrito para renombrar varias calles y se ha reunido con asociaciones vecinales y de memoria histórica para consensuar los cambios. Ha propuesto que la cuestión se trate en un Pleno específico para que todos los grupos municipales tengan que debatir sobre ello.

(*) Lara Hernández es Responsable de Convergencia de Izquierda Unida.