IU 2015: un programa económico muy valiente, pero arriesgado

Del programa económico de IU hay que reconocer que es el más ambicioso y el que más concreta qué tipo de modelo económico, y también de sociedad, ansían para España. En este sentido el planteamiento es muy riguroso, y está bien fundamentado, aunque es prácticamente imposible de implementar en su totalidad en un contexto como el actual en el que España forma parte de la OCDE y de la UE, y por supuesto del euro.

El programa tiene aspectos muy interesantes y que responden a una visión clásica en la izquierda no socialista, muy centrada en la intervención pública permanente y omnipresente que tal habría que matizar, si nos atenemos a lo que es la lógica de los incentivos para que un trabajador quiera salir de la órbita estatal. Por ello, sí recomendaría repensar y reelaborar algunas de sus partes.

El primer aspecto a destacar es que dedica gran parte de su discurso al empleo y dentro de éste al empleo digno y con derechos, algo que les hace ser muy diferentes de muchos de los contendientes a estas elecciones, particularmente Partido Popular y Ciudadanos. En este sentido, y creo es acertado, la regulación de los despidos colectivos tiene que ser mucho más restrictiva que la que ha dejado el PP, siendo acertado la no permisividad de llevar a cabo EREs en empresas con beneficios, aunque todos sabemos lo creativa que puede ser la contabilidad, máxime en empresas grandes. Restaurar la causalidad de despido es imprescindible, así como la mayor protección de los trabajadores en el caso de concursos de acreedores. Por supuesto, que también dedican tiempo y espacio a penalizar las discriminaciones laborales a mujeres embarazadas, así como las salariales, coincidiendo con otras formaciones en legislar sobre la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

Más discutible es el tope salarial máximo, que parece arbitrario y poco creíble a la hora de ser puesto en marcha, pues podría atentar, incluso, contra la libertad de fijación de salarios que una democracia avanzada se presupone defiende. Por el contrario, la elevación del salario mínimo sí es acertada, aunque la cuantía se antoja muy complicada de alcanzar en un contexto de depresión económica como en el que estamos. Hay una parte del programa en este punto que parte de un supuesto irreal y es el hecho de que no estamos en una economía cerrada, sino abierta y globalizada, y por ello el programa convierte a los ciclos económicos en simples episodios a los que son inmunes todos los mecanismos de control estatal de la economía que hay que crear para mantener este modelo.

En materia de derecho a la negociación colectiva, es público y notorio que lo que plantea IU es razonable, es decir, la recuperación de todos los derechos perdidos con la reforma laboral, especialmente la primacía de la negociación sectorial en un contexto de empresas muy atomizadas, la ultraactividad de los convenios, todo ello todavía más importante en la Administración Pública. Respecto a quién debe intermediar, si los Servicios Públicos o las empresas privadas, el planteamiento es demasiado maximalista y voluntarista, pensando que el SEPE está capacitado únicamente para casar oferta y demanda en un país en el que más del 70% de los puestos de trabajo que se crean provienen de personas allegadas a los empleadores o a los propios trabajadores. Propugnar la supresión de las ETTS, en lugar de reformarlas y vigilarlas, invita a pensar que se han rendido a la evidencia de la irregularidad y de la poca ética con la que algunas empresas de este tipo tratan a sus empleados.

Es francamente interesante, y muy cercano a planteamientos que yo mismo he defendido, la propuesta sobre programas de formación para parados de larga duración, ligándolo siempre al salario digno para que puedan ir adquiriendo las habilidades y competencias que necesitan para su pronta reinserción al mercado laboral formal. La duda es que qué pasa si este trabajador no encuentra empleo. El incentivo es muy elevado si no se deja claro que no es un programa vitalicio.

Sin duda la propuesta estrella en materia de empleo, y la más discutible, es el Plan de Empleo Garantizado por el Estado con lo que se garantizaría el pleno empleo de forma permanente, independientemente de los ciclos económicos. La propuesta es voluntarista, pero prácticamente imposible su puesta en marcha. La vieja idea de los trabajos sociales comunitarios puede cumplir su función temporal y complementaria, pero nunca constituirse en base del cumplimiento del mandato constitucional del derecho al empleo digno. El incentivo a crear empresas, a trabajar en el sector privado desaparecería para gran parte de la población, ya que el salario y la ausencia de incertidumbre haría del todo irrelevante el papel de la empresa para un colectivo no despreciable. El papel que le otorga a los Ayuntamientos para gestionar este modelo de empleo sería, en muchos casos, financieramente insostenible para muchos de ellos, ya de por sí en una posición económica muy complicada. El papel activo del sector público es necesario, pero el diseño de incentivos que plantea el programa no es compatible con un sano equilibrio entre empleo público y privado. Desde un punto de vista de planificación, no cabría pensar en un millón de empleos comunitarios sine die, ampliables, ya que gran parte de estos trabajadores se entiende que no transitarían hacia otros sectores productivos. Todo el apartado de empleo verde tiene más sentido, pero parece insuficiente para gestionar todo el volumen de empleo garantizado que se promete.

En materia fiscal, el programa no es muy original y presenta aspectos clásicos y lugares comunes con otros partidos de la izquierda o supuesta izquierda: lucha contra el fraude fiscal con más medios e inspectores, y utilización de esos fondos para el plan de empleo garantizado. Así mismo, cambios normativos en las SICAV y modificación de algunos bienes y servicios en el IVA (a la baja) y mantenimiento de las subidas de impuestos directos en el IRPF. Es más interesante el impuesto sobre la riqueza, aunque mejorable en el diseño y muy ingenuo el establecimiento unilateral de un impuesto sobre las transacciones financieras. La fiscalidad verde es urgente que se implemente, por lo que es acertado que lo incorporen.

Destaca la contundencia, a mi modo de ver acertada, de la referencia a la banca pública, a partir de la banca privada nacionalizada. No queda claro si debe ser una banca generalista, o específica para algunos sectores o segmentos de renta, pero es valiente y acertado el planteamiento de la necesidad de una banca pública.

Desde una óptica de Seguridad Social y Pensiones también son acertadas algunas propuestas, como un impuesto finalista que financie el sistema, así como destopar las pensiones máximas que permita una mayor cotización para los segmentos de renta más altos.

Globalmente IU apuesta por un cambio de modelo productivo, basado en la educación y formación. Aplaudo y constato que es el único partido que defiende la eliminación de la educación concertada de forma abierta, aunque la transición es muy complicada hasta que se puedan ofertar las plazas que se destruyen en la red pública. Junto a todo esto se apuesta por planes estatales de inversión a nivel europea, equivalente al 2% del PIB europeo, algo demasiado etéreo y que se asemeja mucho a la concepción del Plan Junker y que apenas solucionará nada.

En resumen, el programa de IU es demasiado estatista en algunas partes, pero incorpora medidas muy interesantes en materia de formación a parados, imposición verde, empleo verde y recuperación de derechos laborales. El programa flojea en fiscalidad, aunque es relevante el impuesto cobre la riqueza y tiene el enorme hándicap de la idea de empleo garantizado por el Estado de por vida, sin que los ciclos económicos tengan ninguna influencia sobre la actividad económica o sobre la recaudación fiscal. Se echa de menos hablar más de cómo crear empleo en una economía globalizada, con ciclos económicos, con problemas de demanda efectiva. Son muy aprovechables las medidas sobre salario mínimo y pensiones, por lo que en conjunto el programa es muy valiente y maximalista, resaltando que está más trabajado que los de otros partidos del arco parlamentario.

(*) Alejandro Inurrieta es economista y director de Inurrieta Consultoría Integral.

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