Algo va mal en nuestra democracia

José Antonio Pérez Tapias *

La democracia del Estado que tenemos, la democracia de nuestras instituciones, la democracia de los ciudadanos que somos, la democracia nuestra de cada día… deja mucho que desear, por más que también tengamos motivos para valorarla y, por supuesto, defenderla. Eso no quita que tengamos presente el irónico dictum de Churchill declarando a la democracia el menos malo de los sistemas políticos –“el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás”- o que, más aún, estemos convencidos de que es el mejor sistema político, y no ya sólo por el rendimiento de sus mecanismos institucionales, sino por el núcleo ético que la democracia conlleva, el cual no es otro que el reconocimiento igualitario de la dignidad de todos los individuos como ciudadanos o ciudadanas, esto es, como sujetos de derechos.

Estribando en ello el radical valor de la democracia y estando bien que se subraye, suele darse a la vez cierta tendencia a considerar esa concepción de la democracia que debe ser, no reparando tanto en los déficits que con frecuencia acarrea la democracia que de hecho es. Así, hasta que determinadas circunstancias hacen salir de cierta visión ilusoria y obligan a una confrontación seria con la realidad. Tal cosa es lo que empezó a suceder hace cinco años al hilo del 15M, cuyas movilizaciones contaban, entre otros, con el lema positivo “¡democracia real ya!” o con el negativo “no nos representan”, acusando las insuficiencias de nuestra democracia parlamentaria. También es cierto que con la arraigada manía de ver la paja en el ojo ajeno, sin ver la viga en el propio, solemos estar prestos a señalar las limitaciones de las democracias de otros Estados, sin pararnos a analizar críticamente la propia del nuestro. Y hoy por hoy, a la vista de lo que puede ocurrir tras las elecciones generales del pasado 26 de junio, con la mayoría relativa de 137 diputados obtenida por el PP en victoria hasta ese punto imprevista, cabe preguntarse si va a ser el caso de vernos en tan fuerte autocontradicción de nuestra democracia que ello mismo suponga algo más que un déficit de la misma.

Quizá pueda producir notable extrañeza hablar de autocontradicción, y grave, de la democracia española como consecuencia de lo que las elecciones nos han proporcionado como representación de la ciudadanía española en el Congreso de los Diputados. La contradicción aludida no está en la composición del hemiciclo, la cual, aun con las distorsiones que produce la ley D’Hont con la que se rige la normativa electoral, responde a lo que los votantes han decidido. No hace falta decir que, como exige la democracia desde su núcleo ético, merecen todo el respeto del mundo los ciudadanos y ciudadanas que han ejercido su derecho a elegir a sus representantes por el cauce político jurídicamente establecido, que es ese acto mayor de la democracia consistente en votar libremente.

Subrayado eso, lo que a continuación cabe formular es la crítica a lo que puede seguirse a partir de los 137 escaños del PP, que no es otra cosa que la crítica a lo que significa la candidatura de Mariano Rajoy para formar un gobierno del PP o en torno a él, dado que sobre el candidato popular recae la tarea de intentarlo en primera instancia. Pues lo que significa dicha candidatura es el intento de llevar a la presidencia del gobierno de España, de nuevo, a quien ha estado al frente no sólo de políticas antisociales y marcadamente autoritarias, sino también al frente del partido que se halla sumido en una cascada de casos de presunta corrupción que obligan a hablar de corrupción sistémica en el Partido Popular. Para colmo es el candidato que puede llegar a la investidura como presidente en funciones del gobierno anterior, el gobierno que ha amparado actuaciones tan deleznables moralmente y tan impresentables políticamente como las de un ministro del Interior involucrado en conversaciones para utilizar recursos del Estado contra adversarios políticos. Para cualquier democracia que se precie de serlo en un Estado de Derecho es causa de escándalo político mantener esa candidatura, aunque sea con el apoyo recibido por millones de votantes –no dejan de ser inquietante incógnita los motivos para apoyarla-.

Presentarse de nuevo a presidir el ejecutivo sin haber asumido ninguna responsabilidad política por todo lo sucedido en el Partido Popular siendo Rajoy su presidente, no hace sino poner al país en el aprieto de tener un primer ministro deslegitimado desde el primer día. Tan deslegitimado estaba de antemano que en su momento, ya hace años, tendría que haber dimitido de la presidencia del gobierno, como hubiera ocurrido en la democracia de un país decente, más allá de la mecánica de los contables apoyos parlamentarios. La legitimidad de origen en cuanto a cómo se desempeña la responsabilidad de un cargo, asumido conforme a los procedimientos legalmente establecidos, no garantiza esa legitimidad de ejercicio que hay que mantener a lo largo del tiempo. La situación es especialmente grave cuando la legitimidad para el cargo viene ya dañada antes de presentarse para el mismo a tenor de los mecanismos que la norma legal señala. La legalidad no anula ese déficit de legitimidad.

Por todo ello, la autocontradicción que puede darse en nuestra democracia es la consistente entre lo que de positivo supone el ejercicio del voto por parte de ciudadanos y ciudadanas que optan por candidaturas del PP y lo negativo que se sigue de la mayoría relativa con la que inicialmente cuenta el candidato popular para la presidencia del gobierno. Porque la corrupción –aparte lo que establezcan los jueces respecto a presuntos casos que han estado o están en los tribunales- no puede quedar políticamente impune. Millones de votos no pueden suponer borrón y cuenta nueva de todo lo ocurrido hasta el punto de provocar un grave daño a las instituciones democráticas, al patrimonio público y a la misma sociedad española. Por eso, nos debemos negar a que nuestra democracia se vea lastrada por un gobierno al que sigue persiguiendo la corrupción. Es una cuestión de fondo, no marginal, que requiere, por dignidad política, una respuesta firme.

Estando presente la posibilidad de la contradicción expuesta, tiene plena razón de ser la posición del PSOE en cuanto a mantener su “no” –se sigue de defender que ni apoyo, ni abstención- a la investidura de Rajoy y a la formación de un gobierno del PP. Por otra parte, habida cuenta de la mucho menor representación parlamentaria obtenida por fuerzas políticas de izquierda, presentes en la cámara baja con los 85 escaños del PSOE –ha perdido cinco desde las pasadas elecciones del 20 de diciembre- y con los 71 de Unidos Podemos –coalición varada en lo que no pasa de ser resultado igual a la suma de los 69 de Podemos y los 2 de IU obtenidos por separado en los comicios anteriores-, es cierto que tal representación, aun contando con la posibilidad del apoyo de otras fuerzas políticas como Ciudadanos, con sus 32 diputados, o como la de otros partidos minoritarios, hace muy difícil –no es hipótesis teóricamente imposible- un pacto de izquierda para que Pedro Sánchez, el candidato socialista, se presente a la investidura para la presidencia del gobierno. La verdad es que la dificultad no estriba sólo en lo que arroja un mero cálculo aritmético, sino en la sobrecarga de mensajes negativos que recíprocamente se han lanzado durante las campañas –la anterior y la última- partidos políticos que de suyo estaban llamados a entenderse y convocados por la ciudadanía a que así fuera.

Parece que un clima de derrotismo y el estado anímico de resignación que algunos cultivan, no sin cierto cálculo interesado, contribuyen a situar en el lado de lo imposible lo que, ciertamente, es difícil. Pero aún hay cuestiones pendientes que resolver, y más habrá sí el candidato de la derecha no logra mayoría suficiente. La responsabilidad no debe invocarse sólo por parte de quienes apuestan por el orden –su orden- y la seguridad –su seguridad- por encima hasta de la decencia; la responsabilidad convoca también a hacer todo lo posible, incluso intentándolo in extremis, para el pacto a favor de un gobierno alternativo a uno que sería de nuevo neoliberal, conservador y con la piedra de molino de la corrupción colgada al cuello. En nuestra democracia algo va mal, pero si reflexionamos sobre ello, inspirados por ese título con el que el historiador británico Tony Judt describió –demasiado amablemente- la crisis de la socialdemocracia, es para que nuestra democracia no vaya a peor –y para que políticas de cuño socialdemócrata puedan recuperarse-.

(*) José Antonio Pérez Tapias es miembro del Comité Federal del PSOE.