Una ley electoral para esta legislatura

Hugo Martínez Abarca *

Hugo-Martínez-AbarcaEntre los seis puntos que Ciudadanos ha firmado con el PP no hay ninguno que vaya a suponer grandes cambios políticos por diversas razones. Algunos porque de facto ya están operando: los tiempos políticos hacen impensables liderazgos de más de ocho años; la crisis política fuerza en la práctica numerosas dimisiones de quienes estén señalados judicialmente por corruptos. Otros no necesitan del concurso del PP: más le vale al PP participar de la creación de la comisión de investigación de su corrupción a la que ningún otro partido pondría ningún reparo. Y otros sólo tocan asuntos obscenos pero no estructurales sobre la corrupción: los indultos a corruptos dan vergüenza pero tienen mucha menos importancia que las puertas giratorias, ausentes de las exigencias de Ciudadanos; los aforamientos, que pueden ser un buen instrumento para evitar chantajes y presiones a representantes democráticos, han perdido toda virtualidad y sirven básicamente para aplazar la investigación de corruptos que aún están en cargos públicos.

Sin embargo hay un punto que sí afectaría, si nos lo tomáramos en serio, a la estructura política española y sería un avance democrático sustantivo: la exigencia de nueva ley electoral puede, si es suficientemente ambiciosa, conducirnos a un parlamentarismo real sin rodillos de mayorías absolutas y sin chantajes al elector dado que cada voto valiera igual. En el redactado de la exigencia tal ley electoral traería tres cambios: la supresión del voto rogado para eliminar los obstáculos al derecho al voto de quienes han tenido que salir a vivir fuera de España (una medida de higiene democrática obvia); el desbloqueo de las listas electorales (cuestión relativamente técnica pero que uno también prefiere a las listas abiertas); y, sobre todo (y ésta es la parte que afecta estructuralmente a nuestro sistema político) el “incremento de la proporcionalidad”. Hay algún cambio que se echa de menos, como la garantía de que el voto sea secreto (por ejemplo, siendo obligatorio el uso de la cabina, como en Francia, por ejemplo), pero en todo caso la propuesta tal como está redactada sería un avance democrático sustancial.

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La ley electoral actual –cuya base es la suma de circunscripción provincial y número relativamente bajo de diputados, lo que lleva a la sobrerrepresentación de las provincias menos pobladas y a una tendencia creciente al bipartidismo– es una creación preconstitucional después consolidada. Obviamente ni PP ni PSOE han querido nunca modificarla: una ley electoral injusta fabrica mayorías de los partidos a los que perjudicaría modificarla a mejor. Así que incluso cuando ha habido mayorías débiles a las que se ha exigido una reforma de la ley electoral se ha ido a redacciones muy ambiguas y al mantra según el cual una reforma de este tipo tiene que hacerse con el consenso del PP y del PSOE, que es como pretender poner un impuesto a la banca con el consentimiento de la banca.

Esta legislatura, en cambio, sí ofrece una posibilidad de que tal reforma sea inevitable: nunca habrá habido un gobierno con mayor debilidad parlamentaria ni nunca la ley electoral ha estado tan cerca de castigar a uno de los cimientos del bipartidismo como en la actualidad. Además, Ciudadanos se juega la supervivencia a medio plazo con leyes electorales que no le castiguen excesivamente, por lo que es previsible que, a poco afán de supervivencia que tenga se tomen en serio esa exigencia.

Hay básicamente dos posibilidades de reforma electoral hacia la proporcionalidad. La primera, que parece más sensata y limpi,a sería la de modificar la circunscripción para que sea autonómica o incluso estatal (como ocurre en las elecciones europeas). Esta reforma exigiría modificar la Constitución y ello conduciría a que las próximas elecciones fueran de nuevo con la ley electoral actual. Es decir, los partidos que actualmente se ven forzados a democratizar la ley electoral ganarían tiempo y quién sabe si en esa segunda legislatura pudieran tener mayorías más cómodas y bloquearan la reforma.

La segunda es más compleja en cuanto a su comprensión intuitiva pero cabe en la actual Constitución, según confirmó un informe del Consejo de Estado de 2009, y por tanto sería posible que entrara en vigor en esta legislatura para que las próximas elecciones ya fueran proporcionales. Esa reforma tendría tres ejes: aumento a 400 del número de diputados, reducción a uno del mínimo de diputados por provincia y creación de un colegio de restos que permitiera que ningún voto fuera a la basura por ser minoritario en su provincia, sino que los votos sin representación provincial se sumaran para completar la representación del país. Esta reforma se podría hacer modificando la ley, sin tocar la Constitución y, por tanto, bastaría la mayoría absoluta del Congreso: es decir, bastaría con que Unidos Podemos, Ciudadanos y PP o PSOE votaran a favor cada uno por sus intereses (la necesidad de gobernar, la voluntad de impedir futuras mayorías absolutas del otro, lo que fuera).

El problema es que no existen muchas razones para fiarse de que Ciudadanos y PP vayan a cumplir este punto del acuerdo o, sobre todo, de que su cumplimiento no sea más que maquillaje. El PP no tiene ninguna razón más que su debilidad para esa reforma y Ciudadanos ha demostrado ampliamente que tiene mucho más sentido de la supervivencia del statu quo que de su propio partido: es el partido que está demostrando auténtica 'responsabilidad de Estado' (que es como ellos llaman a la complicidad con el régimen) apuntalando al PSOE de los ERE en Andalucía, al PP de la Púnica en Madrid y ahora al PP de Rajoy y Bárcenas en toda España.

Sería bueno, pues, que en esta materia la iniciativa la llevara la oposición democrática presentando iniciativas ambiciosas para esa reforma que fueran difíciles de rebajar por parte de los partidos más conservadores. No podemos fiarnos de que los partidos que han venido a bloquear los cambios sean motor de cambio sustantivo alguno y podemos dar por hecho que, si no se les fuerza, la reforma electoral será mínima y alcanzará sólo a aspectos relativamente secundarios.

(*) Hugo Martínez Abarca es diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y autor del blog Quien mucho abarca.