La carta a los Reyes Magos de PP y Ciudadanos

El acuerdo de investidura entre PP y Ciudadanos supone una verdadera carta a los Reyes Magos, sin que tenga ninguna verosimilitud de poder revertir la situación de emergencia social que sufre una gran parte de la sociedad española.

El primer gran error, como siempre, es que el conjunto de 150 medidas no son más que vaguedades donde impera la forma verbal de infinitivo: promover, mejorar, impulsar, crear. Facilitar. Es decir, compromisos sin fechas, sin presupuesto y sin que nadie pueda exigir ningún derecho adquirido sobre lo prometido. Además, se trata de un conjunto de acciones económicas y sociales previstas siempre desde la óptica ideológica liberal conservadora de que es la oferta lo que genera avance y crecimiento. Removiendo todas las barreras que frenan la oferta (de trabajo, de producto, de servicios) o las rigideces públicas se llegará al nirvana y alcanzaremos el éxito y el pleno empleo, sin que nada del exterior nos afecte. En suma, estamos ante una nueva estafa electoral que trufa un acuerdo de investidura con intereses claramente de clase.

El acuerdo, como no podía ser de otra manera, santifica el compromiso de estabilidad presupuestaria, incluso endureciendo la Regla de Gasto, para que las Comunidades Autónomas no se desvíen en exceso, relacionando dicho cumplimiento con el pago del FLA. Sorprende esta dureza con el gasto autonómico cuando la mayor desviación radica en el Estado y, especialmente, en la Seguridad Social, sin que esto merezca más que unas pocas líneas de tópicos y ninguna preocupación. Con estas premisas, la estimación del gasto a largo plazo es de 28.500 millones de euros y unas estimaciones de ingresos de 29.000 millones de euros que lo cubriría, demostrando que tanto Montoro como Garicano no saben hacer previsiones de ingresos fiables, como tampoco lo hizo Zapatero, porque las construyen sobre una base estática del ciclo económico. Por todo ello, el acuerdo no sólo es incumplible, sino que la voluntad ideológica por parte del PP de llevarlo a la práctica es casi nula. Tampoco hay que olvidar que, para muchos de los puntos acordados, se necesitan mayorías amplias, lo que le da al pacto mayor carácter de carta a los Reyes Magos.

Los puntos más llamativos, en el campo económico serían los referidos al apartado fiscal, laboral y en materia de I+D o los autónomos. En el apartado fiscal, se sella la neutralidad en el IRPF para la legislatura, salvo en el caso de que el déficit público se sitúe por debajo del 3%, en cuyo caso se hará un esfuerzo bajando algo más los tipos máximos y mínimos, favoreciendo, como en la última bajada, siempre a las rentas más altas. El resto de figuras impositivas se quedan como están, aunque se harán retoques en los pagos fraccionados del IS, en línea con lo prometido a Bruselas de donde pretenden obtener unos 6.000 millones de euros, cifra que seguramente no se cumplirá, ya que no saben hacer bien las estimaciones, por lo que serán necesarias nuevas subidas de impuestos. En el IVA no hay nada claro sobre el futuro del IVA cultural, por lo que dicho sector seguirá en tinieblas. Lo que sí es llamativo es que se pretenda reabrir la amnistía fiscal, que ahora el PP sí reconoce en el documento con este nombre, para que los defraudadores paguen la diferencia entre el 3% y el 10%. Esto tiene un difícil encaje jurídico, pero en la cuenta de la lechera se apuntan 2.800 millones de euros de ingresos, que muy probablemente no subirán al marcador. Por tanto, ya llevamos un déficit de algo más de 3.500 millones de euros sobre los sueños de Montoro y Garicano y De la Torre.

Lo más gracioso es el apartado de paraísos fiscales, que se revisaran, y la nueva normativa sobre SICAVS, algo que todo el mundo sabe que no se tocará porque los más perjudicados serán personas con tanta conciencia fiscal como Amancio Ortega o las hermanas Koplowitz.

En materia laboral, la gran novedad es la reducción a tres el número de contratos, algo que de facto ya existe. Los que tenemos empresas sabemos que sólo utilizamos el contrato indefinido, el de obra y servicio o el de formación. La novedad es que encarece el coste de despido del de obra y servicio, por lo que se intuye una mayor rotación al cabo de un año, máxime en un mercado de escaso valor añadido como es el español, donde las actividades que tiran de la economía apenas crean valor, como se puede extrapolar del crecimiento del PIB y del empleo, cuya diferencia es el crecimiento de la productividad aparente que tiene a cero.

En el acuerdo no se toca la reforma laboral, ni hay subida del salario mínimo, ni por supuesto se facilita la negociación colectiva; de hecho, se nota la fobia sindical que tiene Garicano y también el PP. En eso coinciden plenamente. Para superar el mal de conciencia y que los empresarios no sufran y tengan que pagar mayores salarios, tanto en el salario regulado, como en el de convenio, el acuerdo introduce el llamado complemento salarial que trata de elevar el salario mediante una especie de cheque fiscal, muy utilizado en EEUU pero que, aun así, mantiene el nivel salarial hoy en los niveles de los años 90. Es una subvención decreciente con el salario, que claramente desincentiva declarar la totalidad del salario, en especial en los sectores más opacos como la hostelería o el campo e incluso la construcción. Además, este complemento es contingente a la situación presupuestaria y, al no consolidar como salario, no alivia la paupérrima situación de la Seguridad Social. Adicionalmente, se sigue manteniendo el agujero de las bonificaciones que se han declarado inútiles para la creación de empleo y gravosas para la caja de las pensiones.

En materia de conciliación, todo un brindis al sol, con la medida estrella que todos saldremos de trabajar a las 6 de la tarde, recuperaremos el horario de Londres y Portugal si hay consenso y los colegios estarán abiertos las mismas horas que los padres trabajen. Un auténtico despropósito, que sólo se le puede ocurrir a una persona que no tiene ni idea de pedagogía y sólo mira el puro desarrollismo económico.

En I+D, nada nuevo. Muchas palabras bonitas para los investigadores, elaborar el estatuto del científico y ahondar en el fracaso de las desgravaciones fiscales, cuyo control sigue en manos de los Inspectores de Hacienda. Con la estructura empresarial en España y el escaso mercado financiero para monetización de las patentes, todo esto es literatura y se mantendrá el desprecio hacia la ciencia y lo digo por experiencia personal.

Las PYMES y los autónomos seguirán teniendo los mismos problemas para cobrar facturas, las mismas trabas burocráticas y el disparate de acceso a la cotización a la Seguridad Social, paro y pensión futura. Por supuesto, la dimensión de las empresas no dependerá de factores como la fiscalidad, sino de la escasa demanda que tiene nuestra economía y, en general, la economía internacional, por lo que mantendremos el mismo modelo de oligarquías que viven del BOE y millones de PYMES que no pueden sobrevivir porque no hay demanda ni condiciones administrativas ni fiscales lógicas ni favorables.

Finalmente, la formación y la empleabilidad la sustancian con el cheque formación a los parados y con el aumento del Plan Prepara, para que sigan enganchados muchos votantes que se contentan con la limosna que les da el Estado para poder consumir mínimamente. No me resisto a constatar que todo el documento está trufado de la creación de numerosos organismos públicos de nueva creación: Instituto de Talento para el Empleo o la Secretaría de Unidad de Mercado, probablemente para poder ir colocando a los funcionarios afines que les permitirán ir consolidando su poder en un futuro.

En conclusión, nada cambiará para los dependientes, autónomos, empresas pequeñas, pobres, mujeres en situación de violencia de género, parados de larga duración o sindicalistas que quieren mejorar la vida de los trabajadores. Solo los lobbys seguirán disfrutando de sus privilegios, así como los asesores fiscales y laborales, que tendrán que dilucidar con una legislación lesiva para las clases medias y bajas, muy favorable para las rentas más altas. Por más que amaguen con revisar los paraísos fiscales, cambiar las SICAVS o recuperar una parte del 10% que tendrían que haber pagado los que a su vez deberían haber cotizado al 45%. Toda una ópera bufa con final agrio si Pedro Sánchez resiste los envites de las élites.

(*) Alejandro Inurrieta es economista y director de Inurrieta Consultoría Integral.