El suicidio del cambio

Sebastián Martín *

Nuestros gobernantes en funciones han tenido a bien recordarnos, en este nuevo impasse, que su partido hizo de la corrupción una forma de gobierno. Si la victoria electoral del PP y la habilidad parlamentaria de Rajoy habían hecho olvidar a algunos la ciénaga en que han sumido al país, el portazo giratorio de Soria, la imputación y enroque de Barberá y las mordidas generalizadas en Valencia del sumario Taula han vuelto a refrescarnos la memoria: la regeneración del país pasa, inexcusablemente, por el desalojo de los populares de la Moncloa.

Como señalaba Rajoy a Pablo Iglesias en el debate de investidura, en limpia competencia democrática ninguno de los contrincantes puede encarnar el mal absoluto. Podría replicarse que esa maldad absoluta es precisamente la que los conservadores mismos achacan a Unidos Podemos. Pero detengámonos en ellos. Lo que puede atribuirse a la penúltima legislatura del PP es algo mucho más modesto, pero no menos nocivo, que una irreprimible protervia. Su actuación al frente del gobierno ha constituido un bien relativo, de acuerdo, y consecuente con un determinado proyecto de sociedad. Lo preocupante es que ese modelo de sociedad que empezaron a implantar con sus reformas contradice en sustancia los pactos que forjaron nuestra democracia.

Nuestro sistema parlamentario ha ido vaciándose a golpe de decretos leyes. El relativo equilibrio entre capital y trabajo que prestaba base a la Constitución de 1978 ha sido prácticamente destruido por obra de la última reforma laboral. La propia figura del Estado social ha ido degenerando en un sistema precario de servicios públicos, muchas veces externalizados, y reducidos, a base de recortes, a último recurso para las clases populares mientras no se puedan costear su satisfacción privada. La autonomía local, principio capital de nuestra administración, ha quedado sepultada por la reforma de los municipios. Libertades básicas como las de expresión, reunión y manifestación se han visto seriamente menoscabadas por la nueva disciplina de la seguridad ciudadana. Se ha querido refundar la educación de manera unilateral y sectaria, sin la colaboración ni el consentimiento de los sectores implicados. En el nuevo código penal abundan las huellas del autoritarismo. Y todo este programa de mutaciones estatales ha sido desarrollado, para mayor indignación, en un contexto de corrupción envolvente y expolio masivo.

Conviene además recordar que la revisión (y perversión) de nuestro Estado constitucional a manos del PP se ha consumado con el resto del país en contra. La única respuesta posible a este desafuero sería, por tanto, un acuerdo transversal entre todas las fuerzas opositoras para formar una nueva mayoría, desalojar al PP del gobierno y proceder a la derogación inmediata de su obra legislativa.

Demostrado fehacientemente el carácter subalterno de Ciudadanos, se trata de un deber inexcusable al que están llamados el Partido Socialista, Unidos Podemos y los partidos nacionalistas catalanes y vascos. Si aún no se han dado por aludidos es porque todos ellos continúan enquistados en el cálculo electoral en vez de tener la mirada puesta en la acción político-institucional. De no dar un paso adelante en esta dirección, estas formaciones tendrán mucho que perder y muy poco que ganar, aunque no todas perderán por igual.

En el PSOE sigue prevaleciendo la batalla contra Podemos por la representación hegemónica de la izquierda. Piensan secretamente que unas terceras elecciones ratificarían la pendiente de descenso de Pablo Iglesias y les darían cifras iguales o mejores. Para cerciorarse desean conocer con antelación los resultados vascos y gallegos. Ahora bien, la honda fractura que divide al socialismo derechista y españolista del progresista y federalista bien puede traducirse en otra hemorragia electoral. En relación a Podemos, los resultados autonómicos no serán incontestables. Por otro lado, a muy pocos se les escapa que sus reticencias de derechas, bien visibles en su preferencia por Ciudadanos, y la impostura de vetar a los nacionalistas, en los que se han apoyado muchas veces, son dos de las causas principales del bloqueo que padecemos. Y estos factores igual podrían conjugarse en un tercer escrutinio estatal que arroje exactamente la misma incapacidad para formar gobierno que la exhibida hasta el momento.

La única solución sensata en la familia socialista está en manos de Pedro Sánchez. El Secretario General debe trascender la colisión entre dirigentes y dar la palabra a su militancia y a sus simpatizantes. Son ellos quienes deben optar, ya, entre las dos salidas disponibles: o una abstención intensamente condicionada para investir a Rajoy  (o a algún otro conservador), o una negociación con Podemos y los nacionalistas para gobernar en minoría o en coalición.

Las formaciones nacionalistas, en especial las catalanas, incurren con su actitud en igual o peor irresponsabilidad. Piensan que un aumento de la polarización, con el PP al mando en Madrid, tensará sus apoyos, haciendo cada vez más irrevocable el salto secesionista. Este es el motivo por el que no rebajan el listón de sus exigencias, las colocan en la línea del federalismo abiertamente aceptada por el PSOE y desactivan con ello el cínico veto de sus barones más primarios.

Se unen en este punto dos estrategias igual de funestas para el conjunto del país. Por un lado, la pasividad conservadora, que, negando toda respuesta inclusiva al contencioso territorial, confía en el desgaste de la causa independentista por acción de las instituciones centrales y por fomento de las contradicciones entre los colectivos que la impulsan. Por otro, la presunta indiferencia de los nacionalistas hacia el interregno madrileño. Siendo ambas estrategias igual de extraviadas, la que, agudizada la confrontación, lleva todas las de ganar es la primera. En este terreno no cabe dejarse arrastrar por la máxima de cuanto peor mejor. Un gobierno acusadamente centralista, que es hacia el que nos dirigimos de no investir una alternativa, se limitará a aplicar la legislación vigente para abortar toda tentativa secesionista… hasta secarla.

Viendo la responsabilidad de socialistas y nacionalistas en la presente situación, podría llegar a comprenderse que en Unidos Podemos actúen desde junio como si toda esta historia no fuese con ellos. Sucede justo lo contrario. Son quienes más sufrirían la erosión. Se explotará hasta la saciedad el simple vínculo entre su irrupción y la incapacidad para formar gobierno. Además, la intensidad de las expectativas despertadas será directamente proporcional al desencanto que produce contemplar su paulatina conversión en un partido convencional, presa de las pequeñas ambiciones del oportunismo. Ante los últimos movimientos verificados en Madrid, diríase, de hecho, que muchos de los que apuntaron la existencia de una “ventana de oportunidad” solo avistaron una oportunidad para sí mismos. Y esto comienza a ser una evidencia generalmente percibida.

Esta imagen de repliegue cainita, que hace prevalecer las tensiones internas por el dominio del aparato frente a la propuesta lanzada al país, debe urgentemente superarse con una acción decidida en favor de la formación de un nuevo gobierno, antes incluso de las elecciones vascas y gallegas. Deberían ser ellos quienes atemperasen las exigencias inmediatas de los nacionalistas en las negociaciones. Habrían de alcanzar algún acuerdo con Pedro Sánchez que éste pudiese presentar, con visos de ganar, a sus bases, neutralizando así el vértice de la socialdemocracia derechista. Tendrían, en fin, que ligar su interés propio, incluso su propia supervivencia como agrupación política relevante, a la unificación positiva de esa mayoría de 180 escaños que dijo y sigue diciendo no a todo lo que encarna Mariano Rajoy, y que muy probablemente, en unos próximos comicios, fenecerá por autodestrucción.

(*) Sebastián Martín es profesor de Historia del Derecho en la Universidad de Sevilla.