MIGUEL SÁNCHEZ-OSTIZ | Publicado: - Actualizado: 16/5/2017 09:33

Miguel_Sánchez_OstizLas cifras de daños sociales que contradicen con tozudez el optimismo gubernamental van apareciendo a diario en los rincones del escenario, como si éste, decorado como lo decoren, fuera incapaz de contener esa avalancha que apunta al abuso y la miseria.

Así, fuentes de la magistratura han hecho público que entre julio y septiembre de este año se han ordenado 12.148 desahucios, siendo más de la mitad correspondientes a alquileres. Esas cifras, unidas a las de años anteriores, nos hacen ver que existe una población flotante que va con sus bártulos de un lado a otro y que quien no puede pagar hoy, es dudoso que pueda hacerlo mañana. Unas cifras que sin duda esconden dramas y picaresca de supervivencia, lo que no deja de ser un drama. Ambos hablan de una inseguridad vital tan extendida que hace de lo previsto en la Constitución papel mojado o mera bambolla.

Cuando los desahucios desaparecieron de la primera plana, dejaron de causar la dichosa alarma social. Ahora son mera rutina, estadísticas y los dramas a ellos aparejados se han desdibujado mucho, demasiado.

A cuentagotas hemos ido sabiendo que esos desahucios no siempre han sido pacíficos ni ejecutados sin violencia policial, aunque ya no dispongamos de las imágenes de las que disponíamos hace un año, de modo que quien gobierna, al no haber pruebas documentales gráficas, puede dar sus fechorías por inexistentes y, si insistes, procesarte por injurias.

También hemos ido sabiendo que parejos a esos desahucios ha habido suicidios, antes, durante y después de la ejecución y lanzamiento de los mismos, pero desconocemos las cifras reales que, y no es una leyenda urbana, difieren de las oficiales, como sostienen médicos forenses: por lo mismo, para no causar alarma social. Llama la atención la forma en que se trata de desligar esas tragedias de sus causas inmediatas.

Por su parte el grupo parlamentario de Podemos ha aportado la cifra de que sólo en 2015 se les cortó el suministro eléctrico por falta de pago a más de 650.000 hogares españoles. Una cifra colosal que sólo inquieta a quienes están en riesgo de padecer esos cortes por falta de ingresos suficientes para pagar las facturas. Lo que se adivina detrás, no es ya la pobreza energética, sino precariedad vital, ingresos insuficientes, trabajos mal pagados cuando los hay y un vivir enmarañado porque esos impagos equivalen a descubiertos bancarios y éstos a tropelías de un sistema que ha sido rescatado con dinero público que no van a devolver. Eso sí, éste es el segundo país de la Unión Europea con mayor número de policías. No es de extrañar.

A las cifras de los cortes de suministro, habrá que añadir las de los bancos de alimentos y los comedores sociales, las de la explotación laboral que a nadie parece inquietar, las de los pisos tutelados y los refugios nocturnos, las de ancianos desasistidos, las de las personas sin techo que sobreviven en la calle… un paisaje que contrasta de manera sangrante con la vida fácil de la clase política, cuyas canonjías resultan bochornosas y la más fácil todavía de los beneficiarios del sistema social y económico puesto en pie en los últimos años.

El Ministerio de Fomento habla de 5.000 millones de euros para rescatar sus obras públicas ineficientes y ruinosas, las que ya enriquecieron a todos los que intervinieron en su construcción. Es decir, que la política económica del Gobierno consiste en enjuagar las pérdidas de las empresas privadas –las que han hecho de lo público o que debe serlo, un negocio privado– convirtiéndolas en deudas públicas: hay una clase social que no pierde nunca porque el Gobierno está a su servicio. Demagogia, populismo, sí, pero una realidad sangrante que unos padecen y a otros beneficia. ¿Es esto una consecuencia de convertir servicios públicos en negocios? No lo sé con certeza, pero así parece. En todo caso me parece un aviso de lo que puede suceder en otros servicios o con otros negocios privados montados sobre lo público. O servicio o negocio de especulación, pero no parece que puedan ir juntos.

Hay cifras que no se han hecho públicas de manera oficial, como el número de multas impuestas desde la entrada en vigor de la ‘ley mordaza’ o el de personas procesadas con ocasión de protestas y manifestaciones. Con seguridad esas cifras contribuirían a aportar mucho colorido al fresco de este Patio de Monipodio. Un paisaje muy distinto al que pinta el Gobierno con ayuda no sé si de Walt Disney y sus animaciones, para ocultar el desgarro de Grosz.

(*) Miguel Sánchez-Ostiz es escritor y autor del blog Vivir de buena gana.

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