Un autobús para derrotarlos a todos

Sebastián Martín *

Vaya por delante mi rechazo al hipercriticismo abundantísimo en la izquierda, siempre inclinado a despedazar al correligionario por nimiedades y cicatero hasta el extremo en el reconocimiento de las virtudes y los aciertos. No tienen estas líneas la intención de menospreciar o ridiculizar una iniciativa, la del famoso Tramabús, que, a la vista está, viene repleta de buenas intenciones.

Pero llega también cargada de significado. Y la anécdota, en este caso, constituye categoría. Recuérdese que fue el propio Pablo Iglesias quien regaló al recién coronado rey Felipe VI las temporadas estrenadas de Juego de Tronos. Con aquel “gesto simpático” no solo quiso distender el ambiente “cortesano” que envuelve las recepciones oficiales. También pretendió instruir al monarca sobre la filosofía de Podemos en el juego materialista de la lucha por el poder. Fue aquí donde se produjo el décalage entre las intenciones del obsequiante y la percepción del agraciado. Quien había crecido contemplando ante sus ojos, desde bien pequeño, las intrigas y las tácticas propias del mantenimiento y provecho de posiciones de poder pretendía ser aleccionado por quien las conocía en la teoría mediante su (brillante) vulgarización televisiva.

Con el Tramabús que acaban de fletar sucede un poco igual. Con su puesta en circulación, pretenden visibilizar ante las gentes del común algo que ellas conocen de antiguo: que las instituciones se encuentran al servicio de minorías oligárquicas detentadoras del poder socioeconómico real. No hay una sola conversación política en tertulias populares que desconozca el dato. A esas mismas gentes pueden faltarles los detalles, las conexiones específicas, el elenco completo, con nombres y apellidos, de las familias y los grupos de poder, el conocimiento exacto de su modus operandi, y para descender a tales pormenores ya rinden inmejorables servicios, en efecto, investigaciones como la realizada por Rubén Juste sobre el Ibex 35. Pero la idea general al respecto la tienen bien grabada, y no ha sido un autobús, sino el propio telediario, o las hojas de tribunales de los periódicos, los que se han encargado de que las mayorías recuerden a diario que vivimos institucionalmente asolados por la corrupción.

La iniciativa es estéril por redundante, pero no contraproducente por radical. Llama la atención la coincidencia entre ciertos lumbreras del Grupo Prisa y algunos miembros del sector “transversal” de Podemos al denunciar que, con semejante idea, la formación morada se autositúa en los márgenes ultra que, en la derecha, ocupan ya los de Hazte Oír. Sorprende cómo en esta época de redes sociales y medios digitales llegan a cobrar credibilidad y curso legal razonamientos del todo inconsistentes. Autobuses para promocionar diversas campañas han sido utilizados por todos los partidos. Que la penúltima asociación en hacerlo haya sido una integrista no convierte en radical a quien lo vuelva a utilizar. Y es que nada de incendiario tiene por sí mismo el servirse de ese medio rodado para pregonar las propias ideas, las cuales, por cierto, en el caso que nos ocupa, tampoco tienen nada de desaforadas.

El problema se sitúa más bien en lo que han reprochado las voces del sector “anticapitalista”, a saber: la nula capacidad movilizadora de iniciativas como la de marras, que, una vez más, revelan, sin quererlo, la estructura macrocéfala y vertical de un partido que decidió abrocharse por arriba antes que abrirse generosamente por abajo.

Pero estas críticas siguen sin contestar a la cuestión. Si los titulares sobre corrupción no han cesado, y a estas alturas resulta incontestable la existencia de una élite extractiva que tiene a su servicio buena parte de los recursos públicos y privados, ¿por qué iniciativas como las del tramabús, o convocatorias como las manifestaciones contra las eléctricas, gozan de tan escasísimo seguimiento?

Si a tanto expolio no sigue la rebeldía necesaria es porque la sensación de fatalidad ha calado y cuenta con raíces profundas para conseguirlo. Al fin y al cabo, los escándalos no han cesado prácticamente desde la década de los 1990, visto que buena parte de la corrupción hoy enjuiciada comienza desde tiempos de Aznar y dada también la suciedad que impregnó las dos últimas legislaturas de Felipe González. La excepción que a este respecto supusieron los gobiernos de Zapatero no parecen suficientes como para invalidar, en la conciencia colectiva, la regla inflexible de la corrupción como forma de vida del político patrio.

Ante la fatalidad práctica del robo al erario, comienzan a predominar dos actitudes, convergentes ambas en la insuficiencia del coste electoral padecido por los saqueadores. Si ha sucedido a “izquierda” y “derecha”, se expande sin remedio la divisa del “todos son iguales”, lo que lleva al inmovilismo y la resignación.

Más profunda e inquietante es la segunda disposición de ánimo. Se cree que las élites merecerían un correctivo, pero se teme que su posible reacción haga del remedio algo peor que la enfermedad. Se sabe inconscientemente que las élites no son postizas. Ocupan esa posición central porque desempeñan funciones neurálgicas de las que, por desgracia, depende toda la colectividad. Atacarlas frontalmente siempre supone arriesgarse a una contraofensiva en la que la sociedad en su conjunto pasa a jugar el triste papel de rehén y víctima de sus presiones. Por eso se produce, casi como un reflejo, un rechazo a la confrontación abierta. La disparidad de fuerzas acumuladas y disponibles en cada una de las partes contendientes hace presentir la derrota. La historia juega además a favor de semejante presunción. Ante esta actitud, el Tramabús no puede sino aparecer como un gesto quijotesco inocuo, que pone el foco precisamente en aquello que ayuda menos a socavar el terreno de las élites. Estorba, más que ayuda.

Ninguna de las dos actitudes citadas son eficazmente combatidas por el autobús de Podemos. Por un lado, enseña poco a sus destinatarios, porque todos son conscientes de que el tráfico de influencias, el cohecho y la malversación constituyen en España, más que anomalías delictivas, la normalidad de una forma de gobierno. Por otro, sirve también para poco porque no parece ocuparse de propagar los medios que el partido de Iglesias propone para extirpar estas injerencias oligárquicas en las instituciones del Estado.

Y es que para combatir las dos inclinaciones que llevan a naturalizar la corrupción acaso se necesiten otras cosas. La primera, que ya se hace desde los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, no es otra que la de predicar con el ejemplo. La segunda es mucho más complicada, y consiste en ir restando potencia, desde la propia sociedad civil, a la destacada posición funcional de las élites, constituyendo circuitos de socialización, distribución y vida en los que su presencia y capacidad de decisión sean marginales. A eso, en tiempos, se le llamó construir hegemonía, algo que se quería hacer desde la propia experiencia material, más que en el terreno de la percepción simbólica. Y lo cierto es que el ya célebre autobús no ayuda en exceso para tal fin.

(*) Sebastián Martín es profesor de Historia del Derecho en la Universidad de Sevilla.