Marchando una de gatopardismo ambiental

A principios de este mes se celebró en Alemania lo que se ha llamado la “Cumbre del diésel”, una denominación que deja fuera de toda duda la solemnidad y trascendencia política de este encuentro entre la industria del automóvil y el Gobierno, pero que del que apenas hemos oído en la prensa.

¿El resultado? Enormes inversiones para reducir las emisiones de dióxido de nitrógeno (el famoso NOx que hace saltar por los aires los controles de calidad del aire en nuestras ciudades) y dar ayudas económicas a quien desee cambiar su actual diésel por un modelo menos contaminante (pero contaminante al fin y al cabo). Green washing puro y duro con grandes dosis de hipocresía.

Recordemos que el escándalo del Diéselgate destapó que la empresa Volkswagen instalaba dispositivos para engañar a los sistemas de medición y saltarse las limitaciones legales sobre emisiones. A raíz de esto, se ha descubierto que la gran mayoría de las marcas automovilísticas contaminan por encima de lo permitido: El informe Don't Breathe Here: Tackling air pollution from vehicles sostiene que sólo uno de cada diez vehículos diésel nuevos cumple con la normativa europea de emisiones, y en España, un informe de la Secretaría General de Industria concluyó que todos los modelos de vehículos analizados superan el límite de emisiones marcado por la normativa europea.

Ni el escándalo ni las sanciones (en los países que las ha habido, porque en España de momento Volkswagen se ha ido de rositas) fueron motivo para una cumbre. Sin embargo, parece que sí lo ha sido una sentencia, por la que un juez de Stuttgart pedía la prohibición urgente de los diésel en la ciudad, con el argumento de que la protección del derecho a la salud está por encima de la libertad de utilizar un vehículo diésel. ¿Se imaginan sentencias similares en todas las ciudades alemanas?

Pues por si acaso, los fabricantes de automóvil con el Gobierno de por medio deciden invertir en lo que deberían haber estado invirtiendo desde el principio: en la salud de las personas que compran sus coches. Según un estudio del Massachussetts Institute of Technology el fraude de Volkswagen supondrá 1.200 muertes prematuras en Europa y 1.900 millones de euros en gastos asociados. Sin embargo, de quién va a pagar esta factura social y económica no se habló en la cumbre del diésel.

Pero más allá del lavado de cara verde, lo interesante es analizar las consecuencias de este ejercicio de gatopardismo ambiental: cambiar para que nada cambie. Invertir miles de millones en reducir las emisiones tenía sentido hace 20-30 años, hoy esa decisión llega tarde.

¿Por qué es criticable invertir en coches menos contaminantes? En primer lugar porque es un parche al problema de la contaminación: el número actual de coches y su uso abusivo en el ámbito urbano, aunque mejoren su tecnología, es ya de por sí un problema de salud pública. Por otra parte, estas inversiones no van a ayudarnos a romper nuestra dependencia del petróleo y son a su vez incompatibles con los objetivos de cero emisiones en 2050. En resumen, la industria del diésel ha preferido dar una patada hacia delante y mirar hacia otro lado, antes que afrontar desde ya el cambio de modelo de negocio que la descarbonización les va a imponer.

La descarbonización del transporte es un complicado puzzle que aún no se ha abordado con seriedad desde las instituciones, y al que aún le falta un desarrollo tecnológico notable y un impulso político de primer orden. La narrativa oficial considera la electrificación del transporte, como la solución mágica y automática: sustituir los coches diésel y gasolina por eléctricos. Algo, que muy a pesar de las eléctricas, que ya se frotan las manos con esta nueva fuente de negocio, no es viable en ningún caso. No lo es, ni en términos de eficiencia, ni de sostenibilidad por la energía y materias primas necesarias para producirlos y hacerlos funcionar con la intensidad y al precio con los que hoy utilizamos nuestros contaminantes coches. La solución pasa por otra movilidad, en la que las ciudades se repensaran para reducir las distancias y se buscaran alternativas al vehículo privado para los trayectos más largos.

Por esto mismo, la cumbre y las medidas son un ejemplo perfecto de capitalismo verde: introducir las mínimas demandas ambientales necesarias para que la sociedad no te cuestione. Haces a la vez negocio con ello, pero en ningún caso sirven para apoyar los cambios con los que se les llena la boca a dirigentes políticos y empresariales cuando hablan de los retos climáticos del siglo XXI.

Evidentemente los 600.000 empleos de la industria del diésel en Alemania exigen que se tomen medidas estratégicas para adaptar el sector a la nueva realidad, pero con estas decisiones flaco favor están haciendo a las personas que dependen de ella. Sobran ejemplos en España, en Europa y en el mundo, de sectores y empresas que en determinado momento de cambio apostaron por mantener el statu quo a toda costa, sin querer ver que el futuro pasaba por la adaptación a las nuevas exigencias sociales y económicas.

Lo preocupante de todo esto, es que desde los gobiernos se aliente y auspicie decisiones contrarias y contradictorias con las políticas que dicen defender, y el caso del Gobierno alemán, con las elecciones a la vuelta de la esquina, es un claro ejemplo. Sobra el cortoplacismo y falta valentía política; pero seguirá siendo así, mientras con nuestro voto, premiemos la inmediatez, en vez de las soluciones del presente que apuntalen el futuro que queremos construir.