Murcia insostenible: ajuste de cuentas con la agricultura intensiva

Para que la sociedad murciana –autoridades, organizaciones, medios de comunicación, fiscales– haya tenido que reaccionar ha sido necesario que el Mar Menor, esa laguna marina excepcional en nuestras costas, se haya visto material y palpablemente convertido en algo muy parecido a una pocilga de vertidos agrarios, un vertedero de nitratos, salmuera y desechos variopintos. Por supuesto que ecologistas y científicos vienen anunciando esta degradación desde hace décadas, pero la estulticia continuada de alcaldes y dirigentes autonómicos, su secuestro mantenido por el empresariado turístico y –última de las agresiones exteriores, con categoría de puntilla y culminación de un proceso criminal– los vertidos masivos de la agricultura intensiva del Campo de Cartagena, han logrado llevar a esta laguna/albufera, en un proceso sostenido y agravado de degradación, a una situación de muy probable irreversibilidad como ecosistema singular y valiosísimo.

A este drama se ha llegado tras una larga serie de agresiones e indiferencias, acciones y omisiones, todas ellas en un marco estable de menosprecio ante valores ecológicos tan notables como frágiles, y de sumisión de lo ambiental al negocio. Ha tenido que llegarse al nivel físico-químico-bilógico de la ya popular “sopa marrón” para que el propio fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, haya redactado un escrito de denuncia por esta situación contra 37 presuntos culpables: siete miembros del Gobierno regional (incluidos dos exconsejeros), seis dirigentes de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS, incluidos dos expresidentes) y 24 empresas y empresarios agrícolas de la zona. Las figuras delictivas, penales, que se imputan son el delito contra el medio ambiente y la prevaricación continuada.

Después de años de ignorar esta agresión múltiple, en la actuación de la Fiscalía ha contribuido el cambio por jubilación del fiscal jefe, ya que el anterior, Manuel López Bernal, un honorable funcionario que ha mantenido un perfil activo en los numerosos casos de corrupción (Murcia es uno de los cortijos delictivos del PP, con la Comunidad Valenciana y Madrid, donde mayor y más escandalosa corrupción se ha desarrollado en los últimos veinte años), pero que no se ha distinguido por acometer asuntos que, como éste, no sólo suponen el ataque diario y a la vista de un ecosistema excepcional, sino que posee un trasfondo y una causa, concretamente la agricultura agresiva, que pone en cuestión el más importante pilar económico de la región. Este sector ha ido consolidándose en manos de organizaciones agrarias tan reivindicativas como irresponsables (agua, siempre más agua: primero la del trasvase del Tajo-Segura aunque no la tenga, luego la del frustrado trasvase del Ebro, y como la una es francamente declinante y la otra inexistente, no se han abstenido de presionar por un trasvase… del Ródano), desarrollando un estilo, incontestado, de presión y amenazas constantes.

Aun así, el escrito de acusación sólo contempla a los responsables de los últimos quince años y se detiene en 2012 porque, según el parecer del fiscal denunciante, a partir de esa fecha se han ido adoptando medidas de protección de la laguna… Que son notas ambas discutibles y que habrán de ser contestadas por el único sector social que histórica y moralmente puede hacerlo: el que configuran las organizaciones ecologistas de la Región, muy activas en defensa del Mar Menor desde 1973 e igualmente menospreciadas.

Este texto señala, con gran lujo de argumentos jurídicos y una exhaustiva exhibición de leyes, decretos, órdenes y reglamentos, a las administraciones regionales, tanto la Comunidad Autónoma, concretamente la Consejería de Agricultura, como la CHS, que se han acomodado al incumplimiento reiterado de la legislación vigente, Ley de Aguas de 1985 en primer lugar, pero también la prolija normativa estatal y autonómica promulgada por propia iniciativa o por imperativo de la trasposición de las directivas europeas. Este comportamiento, simultáneo con el puntual conocimiento de las ilegalidades vigentes, ha convertido a la Consejería de Agricultura y la CHS en activos reductos de prevaricadores, que han traicionado sus obligaciones –administrativas, ambientales y sociopolíticas– a conciencia y de forma reiterada.

La acusación señala a personas y empresas, destacando su inacción voluntaria en la defensa de la laguna, así como las abundantes advertencias cualificadas y por supuesto el denso marco normativo en vigor. Pero no detalla el modus operandi que, por lo que a los responsables de las administraciones públicas implicadas –regionales y estatales– ha sido esencialmente hacer oídos sordos con el evidente fin de proteger a los actores más implicados y cuya acción agredía con total descaro tanto la legislación vigente como el ecosistema lagunar. Esta sistemática delictiva, sin embargo, sí fue puesta rigurosamente en evidencia a principios de 2004 en una denuncia del fiscal decano de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, de resultas de la investigación llevada a cabo en el noroeste de la región murciana (municipios de Moratalla, Caravaca y Calasparra) a cuento de los robos de agua perpetrados en los acuíferos y cauces públicos existentes mediante instalaciones (ilegales) que, entre otras cosas, afectaban al caudal de las fuentes y manantiales existentes, generadoras de un regadío tradicional y sostenible (perdiendo derechos indiscutibles desde siempre); así como de la puesta en regadío (también ilegal) de terrenos de secano de toda la vida.

A todo esto, ante las múltiples denuncias de los afectados, directas o a través de los agentes forestales y del Seprona, esa denuncia del fiscal Valerio revelaba el comportamiento administrativo correspondiente de la CHS, organismo encargado de proteger las aguas y hacer cumplir la ley, que era el de guardarlas en los cajones (sin ni siquiera archivar, para no tener que reabrir con el tiempo), iniciando excepcionalmente algún que otro expediente y procediendo en estos casos, rarísimos, a mínimas sanciones que, desde luego, no iban acompañadas de la obligación de restituir la situación a su estado original. Con esta misma lenidad administrativa se ha venido respondiendo en los regadíos del Campo de Cartagena, con miles de hectáreas, pozos e instalaciones ilegales y con el vertido creciente de miles de toneladas de nutrientes y salmueras sin el mínimo tratamiento necesario, a un Mar Menor que, finalmente, ha resultado asfixiado por eutrofización.

Aquella denuncia, aquel esfuerzo, aquella puesta en evidencia por el fiscal Valerio del desmadre en el noroeste murciano, fueron marginados e inutilizados, acabando el asunto (no definitivamente, desde luego), tras una fea y pérfida persecución, en su expulsión de la carrera fiscal en 2017. Una vez señalados los (presuntos) culpables del crimen del Mar Menor, el nuevo fiscal jefe murciano no tendrá más remedio que retomar este asunto –el del escándalo del noroeste murciano, añadiendo a aquellos datos inutilizados por la fuerza de influyentes piratas la dilatada etapa de impunidad que llega hasta hoy. La hora ha llegado para que la sociedad murciana se implique en una Causa General contra el auge del impacto de la agricultura intensiva y la gestión irresponsable del agua, ambos procesos insostenibles, ya que se ha alcanzado un dramático punto de no retorno.