En campaña electoral, todo es gratis

Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.

Que nada es gratis es una obviedad que aprendemos desde la niñez. Recuerdo que mi hermano pequeño, desde muy niño, cuando le ofrecías algo, lo primero que preguntaba era: a cambio de qué. Ya entonces sabía que todo tenía un precio.

Más tarde, a lo largo de la vida, vamos aprendiendo que las cosas, además de un precio, tienen un valor, y que no siempre -o la mayor parte de las veces- ambos no coinciden. Sin embargo, hay una excepción que se demuestra cada vez con más descaro en cada campaña electoral: en el ámbito de la política y en particular en su actual deriva populista.

Es comenzar la campaña y llueven como el 'maná' ofertas de rebaja de todo tipo de impuestos y, en paralelo y sin sonrojarse, de anuncios de incrementos sin tasa de inversiones, servicios, equipamientos y subvenciones. Todo a cambio de nada o casi nada. Entramos con ello de lleno en el terreno de los deseos sin límite de la niñez y abandonamos la realidad de adultos, al menos durante los quince días de campaña.

Luego vendrán la frustración y la eterna queja de que los políticos no cumplen sus programas, aunque muy pocos entre sus oponentes y pocos de entre los medios de comunicación les hayan pedido, no ya una memoria económica con tal programa, sino una mínima explicación ante tamaño desatino.

Poco importa que la Comisión Europea nos haya tenido bajo vigilancia por déficit y deuda excesivos y que al salir del correspondiente mecanismo nos diga que incumplimos y nos recomiende por ello no relajarnos. Tampoco parecen importar los problemas para recuperar el volumen de ingresos anteriores a la crisis de nuestro sistema fiscal. Ni el menor esfuerzo fiscal de nuestro país en relación a nuestro entorno europeo. Ni nuestro enorme fraude fiscal. Ni la injusticia que supone que los impuestos recaigan sobre todo en los trabajadores y la clase media. Ni que todo eso explique la debilidad de nuestro gasto e inversión social. La realidad es, al parecer, lo de menos.

Si además, en medio de la subasta, se le ocurre al Gobierno anunciar a la Comisión Europea la previsión de una tímida subida de impuestos que como mucho afectará al 2% de las rentas más altas, la respuesta es anunciar catástrofes como el expolio de la clase media y nuevas rebajas de impuestos para compensarlo allá donde gobierne Ciudadanos.

Poco importa que eche por tierra la propaganda sobre la igualdad entre los pueblos y las tierras de España (en menor medida entre los españoles) o que reduzca ingresos cautivos para los servicios esenciales o que esté pendiente la negociación de un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas. Porque una vez subidos al carro triunfal de los deseos, se trata de aprovecharlo. Sobre todo si los efectos de la larga crisis económica y de la lenta recuperación ayudan a recortar y desprestigiar los servicios públicos. Si además la corrupción (que suele coincidir con la desigualdad) ayuda a poner en cuestión si los dineros públicos servirán al interés general o por el contrario llenarán los bolsillos de políticos corruptos. Si a todo ello se suma la merma de credibilidad que ha supuesto el procés de Cataluña para las comunidades autónomas, que son las responsables de buena parte del estado del bienestar, pues miel sobre hojuelas.

No hay por qué desperdiciar una buena crisis. Ni por qué estropear con la realidad una buena promesa. Ni por qué preocuparse de alimentar el discurso de la extrema derecha. Con ello, además, continuamos aprovechando el malestar social y socavando el ya escaso prestigio de lo público. El de los servicios públicos que garantizan nuestros derechos a la salud, la educación, las pensiones, la atención a la dependencia, los servicios sociales, los de seguridad, la defensa, la justicia... y, en definitiva, de la democracia y sus instituciones.

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