A por la investidura, oé, oé

Elementos del Estado profundo intentan boicotear la investidura de Pedro Sánchez. Intereses empresariales y políticos han declarado la guerra a un proyecto alternativo de país que podría iniciarse y fraguarse, al menos intentarlo, de convertirse, de nuevo, en presidente Sánchez en un gobierno de coalición con Unidas Podemos (desde la II República no hay ministros a la izquierda del PSOE en el Gobierno de España), apoyado en diversas fuerzas progresistas, nacionalistas y regionalistas, con la abstención de independentistas de izquierdas catalanes (ERC) y vascos (EH Bildu).

Un proyecto de país que, de fraguarse, tiene impregnada la bandera social y feminista, según se puede comprobar del acuerdo de gobierno firmado el pasado lunes 30 de diciembre por Sánchez y Pablo Iglesias. Un proyecto progresista, para los socialistas, el proyecto del "sí se puede", para los confederales. Pero, por encima de todas las cuestiones, el proyecto sustentado en una diversa mayoría que lidera el socialista tiene un elemento central: la apuesta por el diálogo político como forma de resolución del conflicto de Catalunya.

Y esto es algo que buena parte de los estamentos de poder españoles no están dispuestos a permitir. Como tampoco que Iglesias y los suyos estén presentes en las deliberaciones y tomas de decisiones secretas del Consejo de Ministros. Para buena parte del poder oficial y oficioso español, la única forma de resolver el conflicto catalán pasa por una victoria sobre el independentismo, una victoria que tenga como estandarte la derrota del independentismo, una derrota subrayada, que implique una rendición explícita, una humillación. Para ciertos sectores del poder español, condensado en la Corte madrileña (las derechas y ultraderechas políticas, un buen número de medios de comunicación, ciertos sectores del empresariado simbólicamente situado en el eje Castellana, elementos de la judicatura, sectores de las fuerzas de seguridad y armadas...), no hay más solución para Catalunya que la humillación.

Estrategia que simbólicamente ya adquirió la expresión de "a por ellos", cuando en 2017 guardias civiles partían de los cuarteles, rumbo Catalunya, para intentar evitar, a porrazos, que el 1-O se produjera. Estrategia que políticamente se alzó a lo más alto de la jerarquía cuando Felipe VI pronunciara dos días después, el 3-O, un discurso vengativo y ejemplarizante contra los dos millones de personas que participaron en la consulta. Línea que se sigue durante todo el proceso judicial, a pesar de las diferentes advertencias que van llegando de Europa, sobre todo la última del TSUE sobre la inmunidad como europarlamentario de Oriol Junqueras. "¡A por ellos!".

Ayer el último paso en este sentido lo dio la Junta Electoral Central, a iniciativa de las tres derechas y ultraderechas de PP, Vox y Ciudadanos, al inhabilitar por desobediencia al president de la Generalitat, Quim Torra, habiendo una sentencia del TSJC recurrida al Tribunal Supremo, tribunal que todavía no se ha manifestado. Un paso más dio la Junta, al negarse a que Junqueras sea considerado eurodiputado. Decisiones polémicas, puestas en dudas por distintos especialistas, de las que lo que más llama la atención es la premura y que se hayan tomado con horas de antelación al inicio del debate de investidura de Sánchez. Mecanismos del Estado haciendo política, anticipándose al pleno del Parlamento, de la soberanía nacional, influyendo.

La Ejecutiva de ERC mantendrá una reunión esta mañana para decidir su posición política en el futuro inmediato. Esta tarde se celebrará un pleno en el Parlament en el que Torra busca recibir el apoyo del legislativo catalán. La posición de comunes y PSC será muy importante para que ERC siga absteniéndose y facilitando la investidura de Sánchez. Mientras, se van dibujando dos horizontes políticos, dos proyectos amplios, dos Españas. La del "a por ellos", la diversa que apuesta por el diálogo como forma de solucionar el conflicto catalán. "A por la investidura, oé, oé", parecía resonar ayer en algunos círculos de Madrid.