Un canon digital que no suena a música

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció ayer que el canon digital no se ajusta a la directiva comunitaria sobre derechos de autor por ser abusivo en su ámbito de aplicación. La medida no tendrá ninguna repercusión en los consumidores particulares, quienes tendrán que seguir pagando el canon, pero dejará exentas de su pago a la Administración, las empresas y los profesionales, que incluso podrán exigir indemnizaciones por los perjuicios económicos causados desde su entrada en vigor, en 2003.

El canon por copia privada es una tasa que cobran las entidades de gestión de derechos de autor para paliar el lucro cesante derivado de la copia privada. A España llegó a mediados de los ochenta, cuando los representantes de los autores reclamaron una reparación económica por el dinero que dejaban de ingresar cada vez que se copiaba una canción.

El asunto se resolvió con la imposición de un sobreprecio en el soporte de grabación que aliviara el perjuicio económico que suponía para los músicos no cobrar por la reproducción de todas sus obras. Pero como era muy difícil saber si un consumidor compraba una cinta magnética para grabar un LP, para inmortalizar una conferencia o para meterla en un contestador automático, se decidió hacer tabla rasa: todos pagarían el canon por copia privada, tuvieran o no intenciones de copiar música.

Una injusticia aceptable

En cierto modo, era una presunción de culpabilidad, una pequeña injusticia implícita en un sobreprecio que se pagaba a regañadientes, pero que, a fin de cuentas, serviría para compensar a unos autores que tan buenos momentos nos habían regalado. La música era un pilar fundamental de la cultura y existía un vínculo social muy fuerte entre autores y seguidores, muy conscientes ambos de que una sociedad sin cultura es una sociedad pobre.

La solución funcionó razonablemente bien en un mundo analógico en el que universo a controlar -de cintas magnéticas y discos de vinilo- era tangible y cuantificable, pero empezó a tambalearse con la llegada del disco compacto y, más tarde, de Internet, de las telecomunicaciones móviles, del DVD y de otros tantos avances que abrieron dos brechas muy peligrosas en la industria: la posibilidad de copiar un original con total precisión y la capacidad de transferir la copia a miles de personas en pocos segundos.

¿Cómo controlar este tráfico de música en semejante caos de ordenadores y redes, de unos y ceros, de impulsos de energía...?, ¿ cómo saber quién copia qué, cuándo y cómo...?, y sobre todo, ¿cómo se compensa algo así?

Mas recaudación

Vuelta a la tabla rasa: En 2003 el canon se aplicó a CD y DVD y en 2007 se amplió a todos los soportes físicos susceptibles de albergar una canción: discos duros, reproductores MP3, llaves USB, teléfonos móviles... Incluso si estos aparatos sólo fueran a utilizarse para almacenar documentos, fotografías o programas informáticos -¡o para hacer una llamada telefónica!-, los consumidores tendrían que pasar por caja para apoyar la causa musical.

La medida provocó el rechazo de la sociedad y levantó varias protestas y algunas sentencias adversas por parte de la justicia española. Rechazo y protestas que parecen la punta del iceberg de una situación que no se arreglará rascando más el bolsillo de unos ciudadanos incapaces de saber, sin ir más lejos, cómo se emplean los más de cien millones de canon digital recaudados el último año por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

Industria sin cultura

Al mundo de la música le ha sucedido como a ciertos sectores del periodismo: a medida que ha olvidado su faceta artística (o de servicio público, en el caso de la prensa) y se ha envuelto complacida en el manto de la industria, ha entrado -tal vez sin saberlo, tal vez muy consciente- en un terreno tan lucrativo como peligroso. A este paso, llegará el momento en que la sociedad no vea ningún valor añadido cultural (público) en una canción y decida tratarla, simplemente, como un producto más, sin apellido artístico y susceptible de ser comprado, usado y tirado sin mayor trascendencia. O dicho de otro modo: Si la industria de la música sigue comportándose como una fábrica de quincallería, ¿por qué debería respetarse más una canción que una cacerola? Y si las entidades que representan a los autores siguen actuando como recaudadores de diezmos, ¿por qué deberíamos creer que David Bisbal es más relevante para la cultura que el cobrador del gas?

Es posible que la tecnología haya roto los esquemas del negocio discográfico, pero esta cuestión coyuntural no debería ocultar un problema mucho más grave: que la sociedad entiende cada vez menos el papel fundamental de la música en la cultura, su papel vertebrador de sociedades avanzadas, prósperas y singulares. Y de eso no se puede culpar al progreso. ¿Qué piensan hacer los músicos para reivindicar su papel en la sociedad y defender sus derechos, aparte de pedir dinero?