Derechos y películas para todos

La Ley Sinde, conocida así por su impulsora, la Ministra de Cultura Ángeles González Sinde,  vuelve a nuestras vidas. Para ser exactos, la Ley de Economía Sostenible, que el próximo martes tendrá que pasar el examen definitivo en el Congreso de los Diputados antes de ser aprobada, o no. Uno de los puntos más polémicos de la ley, que motivó el movimiento de protesta generado alrededor del famoso #manifiesto, es la creación de una comisión en el Ministerio de Cultura que determinará el cierre de una página web si se llega a la conclusión de que ésta vulnera la propiedad intelectual. Esta decisión estará vigilada por la Sala de lo Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional, que determinará en un plazo de cuatro días si la denuncia se ajusta a derecho. Desde el principio el texto de la ley fue duramente contestado en la Red, aunque diversos cambios introducidos tras las primeras movilizaciones hicieron que estas se volviesen menos multitudinarias.

Ayer domingo, las páginas web más importantes desde las que pueden descargarse películas y series de televisión de forma gratuita decidieron bajar la persiana para protestar por la hipotética aprobación de la ley. Seriesyonkis o Cinetube, dos de las más conocidas, mostraban un fondo negro con el siguiente mensaje: "Si se aprueba la Ley Sinde, esta página desaparecerá. Internet será una tele más, al servicio del poder. Por la libertad de expresión en la Red. No a la censura. No a la Ley Sinde. No al cierre de webs". En realidad, más que un alegato contra la censura o favor de la libertad de expresión, lo que reivindican estas páginas es el derecho a enlazar desde su sitio a terceros que albergan las películas y series anheladas por los usuarios. Desde la web que sirve de núcleo a la protesta, www.noalcierredewebs.com , se avisa sobre las llamadas de atención que habría recibido el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para aprobar esta ley. "La embajada de Estados Unidos ha presionado a nuestro gobierno para aprobarla, pisoteando nuestra soberanía nacional", aseguran, información que puede consultarse entre la desvelada por el diario El País gracias a los cables diplomáticos conseguidos por Wikileaks. "La Ley Sinde es una tijera que permite cortar los hilos que mantienen viva Internet, una red que debe seguir siendo libre y neutral, como instrumento de progreso, paz y libertad", concluyen antes de disculparse ante los usuarios por haberles "estropeado este domingo, pero lo hacemos –dicen– para que puedas disfrutar en libertad del resto de tus domingos".

No puede construirse una ley basándose en la penalización de los enlaces. Son la base de la Red. Alrededor del hipervínculo se construye Internet, y su criminalización podría llevar a escenarios tan surrealistas como denuncias contra Google u otros buscadores, cuyo único delito es organizar la información que ya existe y presentársela al usuario. Pero no nos engañemos. Desde las webs que hoy protestan se facilita el acceso a contenidos que están protegidos, cuyos autores no han autorizado su difusión gratuita. Querer esconder este problema bajo expresiones como "esta inmensa red de intercambio de conocimiento que se llama Internet" es negar la realidad y prolongar en el tiempo la confrontación. Cierto es que desde el ámbito político deberían haberse agotado todas las vías de diálogo, y que las presiones desde los colectivos de creadores han existido para acelerar la aprobación de esta ley. Nada raro, por otra parte. En esta batalla todos defienden sus derechos, y sobre todo aquellos cuyo modelo de negocio (obsoleto, sí) se ha visto dañado con pérdidas económicas importantes. No puede resumirse todo en decirles a los artistas que se olviden de vender canciones, y vivan de los conciertos. Es tan absurdo como espetarle a un columnista en la cara que no cobre por sus textos y viva de dar conferencias. Todos deberán hacer un esfuerzo mayor para encontrar un punto común, donde el conocimiento –dudo que la película  lo sea– fluya por la Red una vez que sus legítimos dueños hayan decidido compartirlo. Ahí debe comenzar la cadena, y no en un tercero que decida por los demás. El Gobierno puede sacar adelante su ley este martes, en comisión y sin pasar por el pleno del Congreso, pero el problema seguirá entre nosotros. La misma nula visión que tuvo la industria musical y cinematográfica para articular a tiempo un formato barato y facilmente descargable, afectará a este texto legislativo. Entender la Red implica ser consciente de los derechos que en ella residen, que no son otros que los fundamentales. Es una lección para todos. Hay que respetarlos escrupulosamente, pero tampoco vale acogerse a ellos para seguir manteniendo negocios muy poco estéticos. Derechos para todos sí. Lo de las películas es otra cosa.