Perseguidos en la Red. Vuelve McCarthy

El Gobierno de Estados Unidos no disimula el enfado que corroe sus estructuras tras la gran filtración de sus cables diplomáticos auspiciada por Wikileaks, y ver sus documentos secretos publicados en algunos de los principales periódicos del mundo. Pese a ser definidos como “cotilleos”, sobre todo por los que no han podido imprimir en sus páginas la información, los ya famosos cables nos han dado una idea muy clara sobre la actitud de Estados Unidos respecto a multitud de temas, y confirmado en ocasiones lo que muchos conocían sobre las relaciones con el Ejecutivo español.

En medio del cabreo monumental de la administración Obama, un juzgado del estado de Virginia ha solicitado a la red social Twitter información sobre varios de sus usuarios, supuestamente relacionados con la filtración de los documentos.

Entre los investigados se encuentran el fundador de Wikileaks, Julian Assange, la diputada islandesa Birgitta Jónsdóttir, Bradley Manning, soldado estadounidense actualmente en prisión acusado de robar dos vídeos de guerra y filtrar cincuenta cables del Departamento de Estado a la organización de Assange, el hacker holandés Rop Gonggrijp y el programador Jacob Appelbaum. Los dos últimos han trabajado para Wikileaks. El juzgado solicita a Twitter los nombres de usuario, direcciones, números de teléfono, grabaciones de las sesiones de usuario y su duración - lo que puede entenderse como los mensajes enviados a través de la red, incluidos los de carácter privado -, e información sobre pagos realizados para conocer cualquier número de cuenta o tarjeta de crédito de los investigados. Cuando un gobierno no sabe proteger sus propios secretos, ataca con saña los ajenos. Parece una venganza infantil. Si no hay secretos de estado, no los habrá de ningún tipo. Nadie podrá decir que tiene garantizada su privacidad, y volveremos a los tiempos en los que el vecino te denunciaba por comunista.

El derecho a no revelar las fuentes de información tiene atajos para el gobierno de los Estados Unidos. No es la primera vez que alguien se ve delante de un juez en aquel país por no vender a quién le facilita lo necesario para dar a conocer al pueblo una historia. La propia Birgitta Jónsdóttir llamaba la atención sobre ello el año pasado en una entrevista, mostrando su intención de que Islandia se convirtiese en un santuario para los periodistas. Lo lograrían “impidiendo que cualquier ley pueda obligar a un periodista a revelar la identidad de sus fuentes. La otra cara de esta historia es que estas fuentes podrán suministrar su información de modo que no puedan ser rastreadas”, afirmaba la política. La declaración tomó forma en la Iniciativa Islandesa de Medios Modernos (IMMI), que ha sido aprobada por el Parlamento. Iniciativas de este calado impedirán, por ejemplo, que un juez pueda asegurar negro sobre blanco que una página web no es un medio de comunicación social. Esto último no ocurrió al otro lado del charco. Es cosecha nacional.

El modelo de libertad que durante el gran parte del siglo pasado los Estados Unidos se empeñaron en exportar a todo el mundo, cada día parece tener menos validez en el propio país que otrora tratase de patentarlo. Su empeño en perseguir a los mensajeros todavía no es suficiente para tapar la debilidad de una estructura que ha permitido la mayor filtración de la historia. Por eso lo que pretenden se parece más a la histeria. Siempre habrá alguien dispuesto a recibir la información que salga por las costuras de cualquier gobierno. Lo ocurrido no es exclusiva de Wikileaks, y no desaparecerá el problema con una persecución de dudosa legitimidad democrática. Cuando Julian Assange no esté, lo harán otros. Lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Siempre habrá periodistas dispuestos a erigir monumentos a la verdad. Ya lo hacían antes de Wikileaks, y su labor seguirá después. Los esfuerzos por hacer limpiezas, ya sea en la Red o fuera de ella, siempre han terminado mal para los que se embarcan en asuntos tan poco respetuosos con la libertad en todas sus expresiones. La verdad prevalece. El buen juicio acaba imponiéndose. Si en Estados Unidos ven con buenos ojos la creación de un nuevo Macarthismo buscando traidores bajo las piedras de una sociedad con problemas mucho más graves, serán los propios ciudadanos, allí y en todo el mundo, quienes paren los pies a los cazadores de brujas. El resto de gobiernos alrededor del planeta no tienen ni la fuerza ni el compromiso para hacerlo. Estamos solos, pero ésta es una batalla que merece la pena librar. Lo único necesario es que no nos pille más preocupados por la Ley Sinde y nuestra particular defensa de la libertad de expresión, encarnada en las descargas gratuitas de cine y música.