La lengua de los senadores

El último paradigma de la demagogia política es la apelación al coste de unos u otros servicios utlizados por el Estado para su correcto funcionamiento. En esta categoría se incluye tanto a cargos públicos como coches oficiales, por ejemplo, y ya han caído varios y solventes gestores en esta larga crisis para hacer guiños a una opinión pública ávida de sacrificios en el altar de los recortes. También se han suprimido ministerios, en otro acto tan mediático como innecesario para atajar la situación económica. Son placebos. La calle ruge indignada y desde el poder político se trata de paliar el ruido compensándolo con otro.

El último acontecimiento que ha merecido la mención especial como noticia del día es el que se refiere a la utilización de las lenguas cooficiales del Estado en el Senado. El hecho de que un español que conoce y quiere expresarse en euskera, representante de otros muchos en su misma situación, tras treinta y tres años de democracia pueda por fin hacerlo en su lengua desde la tribuna de oradores de nuestras instituciones democráticas es histórico. Contribuye a normalizar de una vez por todas lo que es España. No esa imagen onírica que ponía cachondo al dictador y vive en la nostalgia que algunos supuran, sino la pluralidad de una nación en la que se integran diferentes pueblos, con sus propios idiomas y costumbres, recogidos y protegidos en la Constitución. De este paso adelante en nuestra particular lucha por terminar reconociendo el país que somos y no el que algunos soñaron,  muchos políticos y prensa libre han sacado en claro que sólo merece la pena hablar sobre los costes que tiene la solución tecnológica elegida en el Senado para el uso habitual del castellano, euskera, valenciano, catalán y gallego.

Probablemente quiera aplicarse aquí la doctrina Aznar sobre las lenguas cooficiales de España. Esto es, que sólo están para hablarse “en la intimidad”, como hacía el expresidente con el catalán cuando precisaba de los votos de Jordi Pujol para trasladar los muebles a La Moncloa. Hay incluso quién cuestiona el momento, como si más de tres décadas después de aprobarse la Constitución no fuese tiempo suficiente para hacer las cosas de forma correcta. Hasta Mariano Rajoy, un hombre del pueblo, se ha sumado a la algarada para protestar diciendo que luego todos hablan castellano en los pasillos y que las lenguas "están para entenderse". Claro y simple, como siempre Rajoy. Por esa regla de tres, el que no hable inglés no llegaría nunca a eurodiputado. Allí, en Bruselas, en los pasillos se comenta en el idioma de la Perfida Albión, pero si alguien utiliza el castellano en un pleno de la Eurocámara, pongamos Jaime Mayor Oreja, es convenientemente traducido a otras lenguas. Usa el castellano porque está en su derecho. Exactamente igual que quienes, en nuestro país, desean representar en la lengua que eligen libremente a los ciudadanos que les han dado la confianza en las urnas.

Para aquellos que estén preocupados por los gastos, les recomiendo que echen un vistazo a lo que se funde algún presidente/a autonómico del Partido Popular en la promoción de su propia imagen personal y del obras son amores particular de cada gobierno. Sí. Son los mismos que ahora se rompen la camisa desquiciados por un despilfarro que no llega al 1% del presupuesto total de la Cámara Alta. Una actividad esta de la traducción simultanea en el Senado que se lleva realizando sin circos de este pelaje desde la reforma de 1994. Se utiliza con normalidad en la Comisión General de Comunidades Autónomas, y en la actualidad se ha extendido a los Plenos (cada 15 días) y solamente para sesiones en las que no esté presente el Gobierno ni se debata sobre legislación, para no hacer más farragoso el ya de por si cansino proceso de enmiendas. Esto es todo, pero parece que la crisis económica terminará siendo culpa de las lenguas cooficiales del Estado y su utilización en el Senado. Culpa de la demagogia como arma básica para la política y de aquellos que no han entendido nunca la pluralidad de este país. "La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección." Lo dice el artículo tres de la Constitución Española. Aquellos que la reivindican hasta el hartazgo, sírvanse aplicarla en toda su grandeza.