No habrá estado de excepción 2.0 en el Reino Unido

El gobierno británico, dirigido por el conservador David Cameron, ha decido dar marcha atrás en una polémica iniciativa que le permitiría meter mano de forma directa en diversas redes sociales y servicios de mensajería si volviesen a darse situaciones extremas como los disturbios que vivió Londres hace unas semanas. Una tentación peligrosa, demasiado arriesgada para hacerla compatible con un sistema de libertades digno de un país de eso que llamamos el primer mundo, y casi imposible de explicar a una sociedad que saca pecho presumiendo de tener el Parlamento mas antiguo del mundo. Un jardín en el que Cameron se metió en plena vorágine política y mediática tras unos disturbios que sacaron a la luz unos problemas sociales tan graves como la ineficacia demostrada por las fuerzas de seguridad para mantener el orden.

Sin necesidad de acudir al Parlamento para pedir permiso a los legítimos representantes de los ciudadanos, desde Downing Street se pretendía instalar un régimen excepcional de facto en las redes sociales. De esta manera, podría privarse del uso de las redes a los usuarios que fuesen sospechosos de alentar actos violentos a través de sus perfiles 2.0. Lo que en el argot se conoce como ser baneado, o expulsado de la red, herencia de las reglas de comportamiento en los chats. La clave, y no es cosa menor, es que el gobierno ejecutaría medidas punitivas contra usuarios que están bajo sospecha, asistidos por la presunción de inocencia hasta que un juez diga lo contrario. Para esta ampliación de sus atribuciones hasta límites inaceptables necesitaban del concurso de las empresas que gestionan los servicios, como RIM (Blackberry), Facebook o Twitter, que no se mostraban especialmente emocionadas con la idea. Tras una primera reunión entre las partes, parece que la cordura ha imperado por encima de los atajos que no solucionan problemas de fondo y deterioran la calidad de la democracia.

La intromisión de un gobierno para poder determinar quién puede hacer uso de un servicio público que está a disposición de todos los ciudadanos va mucho más allá de la censura o la libertad de expresión. La ligereza con la que en muchas ocasiones se habla de las redes sociales, o su continua asociación con noticias negativas, como si la Red fuese la fuente del Mal, hace que muchos gobernantes tan faltos de experiencia en la materia como ávidos de quitarse de encima problemas para mejorar su imagen pública, opten por emprender viajes que sólo conducen a una preocupación general por los derechos de las personas. Se ha puesto de moda de una forma muy peligrosa mirar a Internet para focalizar problemas que sólo tienen que ver con nuestra propia incapacidad para articular una sociedad más justa o proporcionar una educación adecuada a nuestros adolescentes, por ejemplo. Como si hace treinta años no hubiese revueltas, disturbios y revoluciones, o unos padres no estuviesen preocupados por lo que hacía su joven vástago cuando salía a tomar unos refrescos con sus amigos/as. Parece que entablar conversación con un extraño es algo exclusivo que sólo se hace en las redes sociales, y no cada noche de sábado junto a la barra de un bar. Como si los disturbios de Londrés tuvisen en Blackberry Messenger su origen, y no la herramienta que canaliza la indignación, como en su día sirvieron otras. ¿Que degeneró en vandalismo? Cierto. Pero más les valdría a los políticos británicos hablar con aquellos que se sienten excluidos, marginados y abandonados por quienes deberían mostrar preocupación por su futuro. Su deber es hacerlo cara a cara. No hace falta tener un perfil en Facebook.