ION ANTOLÍN LLORENTE | Publicado: - Actualizado: 7/1/2017 18:31

No parecen aportar nada bueno las leyes que se convierten en culebrones sin haber cumplido ni uno sólo de los objetivos para los que se concibieron. Es esa sensación de que algo está quedando demasiado largo, que no puede explicarse de forma entendible en menos de dos minutos, y que incluso disponiendo de más tiempo sería complicado llegar a comprender en su totalidad. Porque lo que debería haber sido un texto legislativo destinado a proteger a los creadores del expolio al que son sometidos a diario en cientos o miles de páginas web que se dedican a ganar dinero con el esfuerzo intelectual de otros, ha mutado en un enredo de proporciones no sospechadas por aquellos que afrontaron su puesta en marcha. Una iniciativa nacida de la lógica, impulsada por los poderosos lobbys que florecen alrededor de la música y cine patrios, y ayudada desde el exterior como demostraron los cables de Wikileaks.

El primer error, que marcó para siempre la ley, fue pretender evitar los tribunales para cerrar una página web. Por mucho que la evidencia del saqueo invite a la acción rápida, todo el mundo tiene derecho a defenderse ante un juez sin haber sido ejecutada una acción previa por parte de una supuesta comisión administrativa. Subsanado el fallo y añadida la intervención judicial antes de proceder a clausurar una web, el daño ya era lo suficientemente importante como para que la opinión pública, y sobre todo la que mayoritariamente se expresa a través de Internet, recuperase la confianza en las bondades del texto. Hay que decir que esa opinión telemática ha ido asumiendo poco a poco una parte del debate que en un principio parecía secundaria. Los creadores tienen derecho a vivir del esfuerzo de su trabajo, con independencia de que aquellas organizaciones destinadas a defender sus derechos vivan en la edad del gramófono y su modelo de negocio no esté ya obsoleto, sino que haya pasado directamente a prehistórico.

Dicen que Miguel Sebastián, en el último Consejo de Ministros, impidió con una jugada de última hora que se aprobase el reglamento de la ley. La patata caliente quedará para el nuevo gobierno y la mayoría absoluta. Qué parezca un accidente, le diría seguramente el presidente en funciones a uno de sus pocos amigos que se sientan entre los miembros del Ejecutivo. Sólo queda ahora saber cuál será el proceder del Partido Popular con la pelota en su tejado y, sobre todo, si con la convulsión que ha sufrido un organismo como la SGAE los que velan por los derechos de los creadores dan el paso definitivo para adaptarse y dejar atrás la batalla por la venta de soportes físicos. La evolución natural que necesita el sector ha sido retenida durante muchos años, dejando un espacio aprovechado en muchas ocasiones por los que apropiándose de lo que no es suyo han hecho negocios redondos. La Ley Sinde debe ser reiniciada. Salir y volver a entrar, para que con el concurso de todos los actores implicados se llegue a una solución que, por encima de todo, proteja de manera efectiva los derechos de un colectivo que no puede ni debe renunciar a ganarse la vida con su trabajo.

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