Apple y las multas rentables
El tribunal de defensa de la competencia italiano acaba de condenar a la multinacional informática Apple al pago de una multa de 900.000 euros por dos faltas graves contra los derechos de los consumidores. Según esta corte administrativa, tres empresas filiales de la multinacional informática habrían eludido su obligación de informar a los clientes sobre el plazo legal de garantía y habrían aprovechado esta omisión de información para promocionar sus propios productos de servicio técnico postventa.
La investigación comenzó a raíz de un mensaje de correo electrónico enviado por la empresa y que animaba a los compradores del teléfono móvil iPhone a contratar el servicio AppleCare, una vez finalizado el plazo de garantía. Apple situaba este momento un año después de la compra, y no dos, como marca la legislación de la mayoría de países de la Unión Europea.
La sentencia condena a Apple a pagar 400.000 euros por no informar a los consumidores de su derecho a dos años de garantía y a 500.000 euros por aprovechar esta omisión para promocionar su propio servicio técnico postventa.
Denuncia en España
El mismo mensaje de correo electrónico fue enviado a los clientes de Apple en España, lo que llamó la atención de la asociación de consumidores Facua, cuyos responsables interpusieron una denuncia por publicidad engañosa el pasado mes de septiembre ante el Instituto Nacional de Consumo y otras agencias autonómicas de defensa del consumidor.
Por el momento, no ha habido respuesta por parte de estos organismos. Y si se produce una sanción, será muy similar o algo menor a la impuesta por la Administración italiana. A pesar de que en la Unión Europea se han hecho esfuerzos notables para armonizar las legislaciones de consumo de los países miembro, la cuantía de las multas sería tan pequeña que Apple -la compañía más valiosa en Bolsa del mundo- podría llegar a la conclusión de que es mucho más rentable pagar la multa que cumplir la ley.
A la espera de una más que improbable armonización internacional de los derechos del consumidor, los países podrían actuar de forma conjunta desde instancias superiores, como Bruselas en el caso de la UE. De otro modo, los derechos de los consumidores seguirán su camino de convertirse en una víctima más de la globalización.
