Agenda Digital para España: una versión descafeinada del Plan Avanza

Como los machos de algunos grandes felinos, que matan a las crías de sus rivales derrotados para que las hembras engendren su descendencia, lo primero que hacen los políticos al llegar al poder es deshacer la herencia de los que le precedieron y sustituirla por algo que lleve su olor. El Gobierno del PP ya ha engendrado la criatura que deberá guiar su política en materia de sociedad de la información: la Agenda Digital para España. De su análisis solo se puede sacar la conclusión de que se trata de una versión descafeinada del Plan Avanza 2, que dejaron los socialistas sin concluir

El Gobierno acaba de abrir a consulta pública su propuesta de Agenda Digital con la que quiere acortar la distancia que nos llevan los grandes países de Europa en tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), consideradas la clave para salir de la crisis. Son seis grandes objetivos donde cabe casi de todo, desde el fomento de las redes ultrarrápidas hasta la puesta en funcionamiento de una oficina electrónica de asistencia a las víctimas del terrorismo.

Esta hoja de una ruta que debe concluir en 2015 con la convergencia tecnológica con el resto de la Unión Europea viene dotada con 3.174 millones de euros, una cifra que solo se puede definir como desinversión tecnológica. El Plan Avanza (2005-2008), el primer intento sistemático de los gobiernos españoles por impulsar las TIC en España, contó con un presupuesto estatal de algo más 5.000 millones más otros 3.800 millones de euros procedentes del sector privado. En total, tres veces más que lo tendrá la Agenda Digital.

Incluso, en plena crisis, el anterior Gobierno dedicó otros 3.000 millones en 2009 y 2010 a la continuación de los programas hasta que puso en marcha el Plan Avanza 2 2011-2015. La primera fase del Plan Avanza perseguía recuperar el retraso de España respecto de la Unión Europea, especialmente en cobertura y conectividad mientras que la Estrategia 2011-2015 del Plan Avanza 2 quería que liderara el desarrollo y uso de productos y servicios TIC.

Los planes socialistas no salieron mal del todo. España encadenó un lustro de mejoras en casi todos los indicadores TIC. Las conexiones de banda ancha pasaron de cinco millones en 2005 a 10,6 millones en 2010 (ahora hay 11,2), según datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). La Administración electrónica española se encaramó al primer puesto europeo en número de servicios y trámites disponibles online (pero no en su uso efectivo). Y, en 2010, España se convirtió en el segundo país de Europa en inversión pública en I+D en TIC.

En estas llegó la crisis y todo se paró o retrocedió. La Comisión Europea aprobó la Agenda Digital para Europa  en el verano de 2010 como uno de los mecanismos para salir de ella. Aunque los socialistas  adoptaron algunos de sus elementos en la segunda versión del Plan Avanza, han tenido que pasar dos años para que apareciera la edición española, toda una vida a la velocidad que evoluciona la tecnología.

Seis objetivos

La nueva Agenda Digital para España, en su objetivo número 1, hace suyos los objetivos de cobertura y adopción de servicios de banda ancha planteados por la Unión Europea en la Agenda Digital para Europa y pretende que haya cobertura de más de 30 megabits por segundo (Mbps) para todos los ciudadanos y que al menos 50% de los hogares hayan contratado velocidades superiores a 100 Mbps en 2020. El año pasado sólo el 6,4% de las conexiones españolas superaban los 30 Mbps y había 0,1% de  conexiones a 100 Mbps. Se admiten apuestas.

El segundo gran objetivo de este plan es desarrollar la economía digital. Para conseguirlo quieren que estalle de una vez el comercio electrónico en España. Para 2015, pretenden que la mitad de los españoles compren por internet. Pero esa cifra, que de por sí es muy ambiciosa puesto que supondría doblar el número actual, no sirve apenas para nada. Si uno se fija en el volumen total del negocio electrónico, en 2011 se hicieron compras online por valor de 9.201 millones de euros según la CMT, y luego lo compara con los 193.000 millones de dólares que movió el comercio electrónico minorista en Estados Unidos ese mismo año, no hace falta hacer la conversión a euros para saber lo lejos que aún estamos.

De lo único que podía presumir España era de haber desarrollado la e-Administración. En la que depende del Gobierno central, el 99% de los trámites se pueden hacer online. Solo hace falta el DNI electrónico y una conexión para comprobarlo. Pero, a pesar de que ya se han expedido 28 millones de ellos, la gran mayoría de los ciudadanos se limita a pedir la vida laboral o el borrador del IRPF. La complejidad de la gestión electrónica y la ausencia de integración entre los distintos organismos han influido en que España haya bajado del puesto número 9 al 23 en 2011 en el ranking de e-Administración de la ONU. Ahora el Gobierno quiere que la mitad de los españoles la use en 2015 y para ello lanzará una serie de campañas de sensibilización.

Reforzar la confianza en el ámbito digital es el objetivo nº 4. He leído y releído los cuatro apartados en los que se subdivide y, aparte de la obvia necesidad de tener un antivirus actualizado y usar servicios de acceso seguro a la hora de hacer un pago, lo demás parece palabrería. El plan del Gobierno introduce el concepto de confianza digital y la necesidad de crear un mercado de servicios de confianza, pero no cuantifican su impacto en el desarrollo de la sociedad de la información. Da la impresión de ser un cajón de sastre donde han metido lo que no cabía en otro lugar.

La Comisión Europea ha propuesto doblar la inversión en I+D+i en las TIC para el año 2020. Este es el objetivo al que menos espacio dedica la Agenda Digital para España. Aunque el Gobierno del PP hace suyo el objetivo europeo, resulta poco creíble cuando este mismo año la cifra global destinada a I+D+i ha sufrido un descenso del 25,52% sobre el presupuesto aprobado para el ejercicio de 2011, según el informe eEspaña de la Fundación Orange.

En España, un tercio de los ciudadanos no ha usado nunca internet y la cifra lleva unos años que, si se reduce, lo hace muy lentamente. Este colectivo está formado principalmente por mayores de 65 años, de rentas bajas, desempleados y con un nivel bajo de estudios que que alegan fundamentalmente falta de utilidad o ignorancia en el uso. Para ese altísimo porcentaje de excluídos digitales va destinada la mayor parte del objetivo nº 6, que quiere promover la inclusión y alfabetización digital. El Gobierno buscará la manera de que el 75% de los españoles use la red de forma regular en 2015.

Y todo eso lo quieren conseguir con 3.174 millones de euros. Lo menos que se les puede llamar es voluntaristas.