El ministro Wert se guardaba un as en la manga: cobrarle a Google

De la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) se sabía casi todo antes de que, ayer, el Consejo de Ministros la aprobara para su envío al Parlamento. Se sabía que iba a meter mano en el funcionamiento de las sociedades de gestión de derechos de autor. Se sabía que iba a redefinir la copia privada. También se sabía que facilitaría aún más el cierre de las páginas de enlaces P2P. Pero lo que ningún teletipo de las agencias había adelantado es que también incluye un mecanismo para que los agregadores de contenidos (como el Noticias de Google) paguen a los editores de prensa. Eso, al menos públicamente, sólo lo sabía José Ignacio Wert.

Aunque la tradicional falta de transparencia de este gobierno ha impedido conocer el texto de la reforma, tal y como anunció el ministro, la nueva LPI acotará el derecho de cita de los agregadores de contenido o buscadores en Internet, "reconociendo el derecho de las empresas editoras y autores de noticias a ser compensadas económicamente por la explotación de sus contenidos". Agregadores de contenido de relevancia en España hay pocos: Google Noticias, Bing Noticias, Menéame.net y pocos más. En la práctica, con más del 93% del mercado, el buscador afectado es Google.

Los responsables del buscador en España no han querido hacer ninguna valoración porque no conocen el texto. Sin embargo, la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), que igual si lo conocían, mostraron ayer su satisfacción. "Es un paso importantísimo del Gobierno en la buena dirección; los editores no buscamos ayudas directas sino un marco jurídico que reconozca el valor de nuestros contenidos frente a los abusos cometidos, y nos permita desarrollar nuestra función con garantías", decía en un comunicado el presidente de la AEDE, Luis Enríquez.

Todavía falta concretar el mecanismo y la cuantía, pero la idea es que esta tasa Google se aplique cuando Google y otros usen "fragmentos no significativos de contenidos generados por los periódicos", se podía leer en el comunicado de la AEDE. Queda por ver qué es un fragmento no significativo. En el Noticias de Google, aparecen como mucho un titular, dos líneas o tres de texto de la noticia y una miniatura de la fotografía que la ilustra. En el caso de Menéame, la extensión del resumen suele ser más larga. Si se parte de la situación actual, los agregadores podrán seguir usando ese contenido siempre que compensen a los autores. En cuanto al montante, el ministro Wert ha adelantado que los afectados tendrán que llegar a un acuerdo y, si no lo hacen, lo fijará el Gobierno.

Ministerio de Cultura y editores justifican esta tasa en la necesidad de compensarles por el uso que hacen Google y demás de sus contenidos. Pero compensar implica que hay un perjuicio (para los editores) o un beneficio (buscadores y agregadores). Y no está claro ni lo uno ni lo otro. Sitios como Google Noticias o Menéame son la puerta de entrada de muchos visitantes a las webs de los periódicos y eso significan más visitas y, más visitas significan más dinero por publicidad.

Por el lado de los supuestos beneficiaros del uso del contenido de terceros, también la publicidad es la clave. Pero Menéame, por ejemplo, no tiene anuncios. Con Google la cosa está menos clara. Aunque en su Noticias no hay anuncios, sí aparecen en la página del buscador, donde también salen las noticias. Otra cosa que aún no se sabe es quién cobrará por la tasa Google. ¿Lo harán sólo los periódicos miembros de la AEDE? En Google Noticias también salen muchas noticias de periódicos online como cuartopoder.es, revistas, webs de televisión y centenares de blogs.

En lo que exageran tanto la AEDE como Wert es en que estemos ante una iniciativa pionera en Europa. Antes que aquí, en Bélgica, Alemania, Italia, Portugal y Francia se ha implantado alguna versión de la tasa Google. En todos los casos la historia ha sido similar. Los editores exigen a Google que pague por usar sus contenidos, Google se niega, amenazando incluso con desindexar las noticias de los periódicos y, finalmente, la autoridad interviene. Puede ser el legislativo, como sucedió en Alemania, los jueces, como ocurrió en Bélgica o el ejecutivo, tal como hizo el francés.

Aunque no se puede descartar que Google amague con cerrar su Noticias, como ya hizo en Francia, lo más probable es que, negando la mayor, apruebe la menor. En el país vecino, los editores no consiguieron que se reconociera la instauración de un extraño derecho de autor conexo. Pero acordaron la paz después de que Google se comprometiera a crear un fondo de 60 millones de euros para que los periódicos encaren la transición digital. Vamos, una tasa Google disfrazada.

Puede que 60 millones de euros supongan una buena inyección de dinero para unos periódicos que lo están pasando realmente mal. Para Google, que ingresó en 2013  44.184 millones de euros y tuvo un beneficio neto de 9.542 millones de euros, dedicar unos euros a la prensa española no le supone mucho. Pero no lo hará sin pelear antes de que el proyecto se convierta en Ley. No es lo mismo donar dinero que convertir esa donación en una obligación por derecho.

Lo que sí ha conseguido Wert con todo esto ha sido desviar el foco. Hoy hablamos todos de la tasa Google y no de los cambios en el control de las entidades de gestión para evitar otro caso SGAE. Tampoco se habla de la reformulación de la compensación por copia privada o canon, que seguirá yendo a cargo de los Presupuestos del Estado. Y, por supuesto, apenas se habla de que la nueva LPI supone la sentencia de muerte para las páginas de enlaces en España.