Barcelona Energia: así funciona la mayor eléctrica pública del Estado

BARCELONA.- Durante el mandato de Xavier Trias se concibió Barcelona Energia como un mecanismo para gestionar la electricidad producida por la incineradora municipal, pero el Gobierno de Ada Colau ha decidido convertirla en “una empresa eléctrica ejemplarizante, con dimensión de servicio público”, como explica Eloi Badia, concejal de Presidencia, Agua y Energía del Ayuntamiento de Barcelona. La nueva comercializadora eléctrica municipal empezará a funcionar en julio y podrá proporcionar energía a 20.000 personas, lo que la convierte en la mayor empresa pública del sector en todo el Estado. Sólo venderá energía procedente de fuentes renovables: las placas fotovoltaicas municipales de la plaza del Fòrum, comunidades de vecinos que tengan placas solares y la incineradora municipal (esta última también se considera renovable, aunque genere emisiones de gases contaminantes).

Garantizar un suministro suficiente de electricidad a toda la población es una prioridad para el Ayuntamiento barcelonés, pero “la responsabilidad de luchar contra la pobreza energética es de todas las empresas eléctricas, no vamos a crear una empresa pública solo para las personas que no pueden pagar”, advierte Badia. “Que un servicio básico como la electricidad o el gas excluya al 10 por ciento de la población es una crisis”, denuncia el concejal de Barcelona En Comú. Aunque Barcelona Energia no acabará con los cortes de luz en la ciudad, el ahorro que conseguirá el Ayuntamiento por no depender de las eléctricas privadas podría permitirle ofrecer tarifas más bajas que las del mercado.

Gaia D’Elia pertenece a la Xarxa per la Sobirania Energètica (Red por la Soberanía Energética), una asociación que promueve “un futuro energético basado en la democracia y el control social de los medios de producción y la sostenibilidad”, según afirman en su página web. D’Elia celebra la creación de Barcelona Energia, pero advierte de sus límites: “No creemos que Barcelona Energia vaya a ser el elemento disruptivo para acabar con la pobreza energética o promover las renovables”. “Está la barrera de la distribución. Las personas que intentan poner en marcha iniciativas de autoconsumo (como placas solares en viviendas) se encuentran con barreras burocráticas de la distribuidora”, además del llamado ‘impuesto al sol’ introducido por el gobierno de Mariano Rajoy en 2015 y calificado por Greenpeace como un “boicot” a las renovables. Barcelona Energia planea comprar la electricidad producida por instalaciones de autoconsumo de comunidades de vecinos y a cambio rebajarles la factura de la luz. Será un “autoconsumo virtual” que permitirá “romper el candado” impuesto a estas prácticas por la regulación estatal, explica Badia.

D’Elia pide ir más allá. “Barcelona Energia solo es comercializadora pero hay que actuar también sobre la distribución, que es un sector dominado por el oligopolio eléctrico” (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa controlan más del 80 por ciento de la distribución eléctrica en España). Los ayuntamientos no tienen competencias para regular la distribución eléctrica (la parte de la red que está dentro de las ciudades) pero D’Elia sostiene que podrían fiscalizarla. “Es una actividad económica que se desarrolla en el espacio público, proponemos que el Ayuntamiento haga una auditoría para verificar que las empresas cumplen sus contratos, como se ha hecho con el suministro de agua”. Algunos gobiernos municipales, señala D’Elia, han llegado a introducir impuestos sobre la distribución.

Badia reconoce limitaciones, pero espera que Barcelona Energia sirva para “dignificar el sector eléctrico a través de una iniciativa pública”. Además, destaca la “dimensión participativa” que tendrá la gestión de la empresa. “Antes los programa electorales municipales no hablaban de energía, más allá de poner placas solares en alguna escuela”, explica Badia, “ahora estamos en el principio de un camino para que exista una política energética municipal”.

Un camino en el que Barcelona no está sola: Pamplona también ha creado un operador municipal de energía que empezará a funcionar en 2019, la empresa pública Eléctrica de Cádiz ya proporciona energía renovable a 62.000 vecinos y el Ayuntamiento de Madrid ha logrado imponer en sus concursos de contratación de electricidad que su origen sea cien por cien renovable, lo que excluye de hecho a las mayores compañías del sector. Eloi Badia y Gaia D’Elia coinciden en señalar que la legislación estatal está “diseñada por las grandes eléctricas”, pero varios ayuntamientos están demostrando que existen recovecos legales para avanzar desde los municipios hacia un modelo energético más justo y más sostenible.

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