El caso Cursach revela la desprotección de los whistleblowers

  • La OCDE reconoce la importancia de la existencia de filtradores de información y los considera “un elemento esencial para salvaguardar el interés público
  • Sin embargo, España es de los pocos países miembros de la OCDE que no protege esta figura

En la tarde de ayer, según informó Europa Press en Baleares, tres agentes de la Policía Nacional y una secretaria judicial se personaron en la redacción de la agencia en las islas. Buscaban dispositivos electrónicos y querían saber la identidad de la fuente que había filtrado información del caso Cursach. La periodista encargada del caso se negó, acogiéndose a su derecho como profesional de la información a no revelar sus fuentes.

Pero el caso Cursach y la persecución de los filtradores ha vuelto a destapar no solo la persecución periodística, sino la grave desprotección que sufren los ‘whistleblowers’ (término utilizado en inglés para aquellas personas que filtran información sensible y que equivaldría a ‘chivatos’ en castellano) en España. La OCDE reconoce la importancia de la existencia de filtradores de información y los considera “un elemento esencial para salvaguardar el interés público, promover una cultura de rendición de cuentas y, en muchos países, está demostrando ser crucial en denunciar las malas prácticas, el fraude y la corrupción”.

Sin embargo, cuatro de los países que integran la OCDE no tienen legislación específica para proteger esta figura fundamental en el periodismo contemporáneo y otros tantos albergan esa protección en articulado de otra temática. Entre esos cuatro Estados que no otorgan ningún tipo de protección se encuentra España. No solamente hay una falta de legislación y protección a esta figura, valorada por la OCDE como “crucial”, sino que la llamada Ley Mordaza supone un paso atrás y un peligro añadido para los filtradores. Solamente un 59% de los Estados integrantes de la OCDE sí albergan un marco de protección.

Así se puso de manifiesto en el informe España: Libertad de prensa en un momento de cambio, realizado por el International Press Institute (IPI), el Committee to Protect Journalists (CPJ), la sección europea de la International Federation of Journalist y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión (PDLI). Estas entidades periodísticas alertan de que la Ley Mordaza y su inconcreción en alguna parte de su articulado puede llevar a que “el periodismo de investigación que se basa en una filtración de documentos se sitúe en la esfera de lo que ahora pasa a considerarse terrorismo”.

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La PDLI, organismo a nivel estatal que defiende la libertad de prensa, alerta de las consecuencias de las nuevas legislaciones restrictivas, así como los efectos de la falta de protección legal. “La reforma en materia de terrorismo es la más grave, por la importancia de las penas y la suspensión de derechos fundamentales (como la detención incomunicada o la violación del secreto de las comunicaciones) que supone para quien resulte acusado. Afecta al periodismo de filtraciones, como el caso Falciani, por la consideración de terrorismo que adquieren los delitos informáticos, entre los que se encuentra ‘el acceso a datos contenidos en un sistema’ (artículo 573); a quien cubra informativamente acciones de protesta (artículo 579); quien ‘acceda de manera habitual’ a páginas webs de contenido terrorista (artículo 575) o a formas habituales de ‘ciberprotesta’ como la difusión de consignas o la alteración del aspecto de una web (artículos 578 y 579)”, indican.
Algo que también apuntan desde International Transparency: “España no tiene legislación que proteja a los empleados tanto del sector público como del privado de represalias tras denunciar irregularidades. Más aún, no existen apenas códigos de trabajo o administrativos en el lugar para proteger a los denunciantes, no hay cultura de facto en los empleados o ciudadanos para que informen de irregularidades”.

Exigencia de protección

Organismos en defensa de la liberta de la prensa y la información han pedido en reiteradas ocasiones al Gobierno que elabore un marco de protección a las prácticas de filtración. La última vez, hace un año, cuando la PDLI presentó en el Congreso de los Diputados un escrito para solicitar la regulación de un marco de protección a los filtradores y se adaptara a la resolución emitida por el Parlamento Europeo en octubre de 2017 que instaba a los países miembros de la UE a que “adopten todas las medidas necesarias para proteger la confidencialidad de las fuentes de información, a fin de evitar actuaciones discriminatorias o amenazas”.

En marzo de 2017, también insistieron en la necesidad de proteger al filtrador tras la publicación de los Papeles de la Castellana, que revelaban la amnistía fiscal que se había desarrollado en España y que incluía, entre otros, a la familia Borbón y conocidos empresarios entre los amnistiados. Tras la publicación de los papeles, se detuvo al supuesto filtrador de la información sobre el que la Policía solo informó de que se enfrentaba a “penas de prisión de hasta 5 años”.

La PDLI exigió en ese momento que el Gobierno ampliase el ámbito de protección a la hora de debatir y regular la Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, una legislación que aún se encuentra paralizada, algo que denunció Ciudadanos, el grupo que presentó la propuesta de legislación en septiembre de 2016. Esta propuesta de legislación dejaba fuera del entorno a gran parte de los filtradores y solo reconocía la protección a los trabajadores públicos.

La PDLI alertó de que filtraciones como “la lista Falciani, los documentos de Snowden o las revelaciones de Manning quedan fuera de los supuestos que contempla el actual proyecto”. La última señal de alarma respecto a la desprotección de los filtradores se produjo en abril de este año, cuando la Policía detuvo a Hervé Falciani para extraditarlo a Suiza tras filtrar los nombres de 130.000 evasores fiscales clientes del banco HSBC.

Cómo tener comunicaciones seguras

Con el fin de evitar dejar rastro de las comunicaciones, existen en el mercado algunas herramientas y aplicaciones que favorecen el anonimato de las fuentes e impiden su rastreo a terceros. Es el caso de Signal, una app de mensajería instantánea, similar a Whatsapp, que está sostenida por la tecnología ‘TextSecure’ y permite la encriptación de lado a lado de la conversación.

Para el mail, la clave PGP aplicada a las comunicaciones vía correo electrónico aseguran una privacidad mediante la encriptación de los mensajes. Y basados en la encriptación del mensaje y la completa anonimización se han desarrollado numerosos buzones de filtraciones ciudadanas, como Fíltrala o Buzón X, que permiten el envío de información sin dejar rastro de la identidad de quien lo filtra ni de su ubicación.