XNet presenta una proposición de Ley para proteger a filtradores

Por 591 votos a favor, 29 en contra y 33 abstenciones se aprobó en el Parlamento Europeo la Directiva Europea de Alertadores el pasado mes de abril. Sin embargo, aún ningún país la ha puesto en marcha dentro de sus legislaciones. Esta directiva marca las pautas para crear un ámbito de protección para alertadores, filtradores o 'whistleblowers', en su término en inglés y garantizar así la denuncia de corrupción y otros delitos desde el anonimato.

Ahora XNet ha forzado al Congreso a incluir estas recomendaciones en sus legislaciones. Lo ha hecho registrando una proposición de Ley el pasado 30 de mayo y hoy han desgranado las principales líneas de su propuesta. La proposición de Ley ha contado con el apoyo de 15 diputados del Congreso, entre los que figuran el representante de Compromís Joan Baldoví Roda, y el de ERC Gabriel Rufián Romero. La lista la completan María Carvalho Dantas, Carolina Telechea i Lozano, Francesc Xavier Eritja Ciuró, Norma Pujol i Farré, Joan Capdevila i Esteve, Joan Josep Nuet Pujals, Inés Granollers Cunillera, Montserrat Bassa Coll, Gerard Gómez del Moral Fuster, Laia Cañigueral Olivé, Marta Rosique i Saltor, Jordi Salvador i Duch y Joan Margall Sastre.

Esta proposición, de ser aprobada, "convertiría a España en el primer país de la Unión en aplicar la Directiva Europea de Alertadores, una directiva aprobada con un amplio consenso de todos los grupos en el Parlamento Europeo el pasado mes de abril", indican desde la red XNet. Y afirman que se trata de "un hito extremadamente importante por ser la primera transposición de la Directiva Europea de Defensa de los Alertadores/Whistleblowers por la que hemos luchado. Esperamos que sea un ejemplo que se replique con los mismos estándares en muchos otros estado europeo".

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XNet considera que esta propuesta, así como la Directiva Europea, son "un punto de inflexión en el reconocimiento y la protección legal de la figura del alertador a nivel europeo, dotado a partir de ahora de una legislación fuerte y transversal, en favor no solo de la lucha contra la corrupción y el fraude, sino también contra cualquier abuso en todos los ámbitos de interés general".

La proposición de Ley surge debido a que "como regla general, los alertadores a menudo alertan con un alto riesgo personal, y como resultado suelen sufrir un gran coste profesional y personal a pesar de que la alerta sobre irregularidades es esencial para proteger el interés público y para mantener la rendición de cuentas y la integridad tanto en el sector público como en el privado".

A través de esta legislación propuesta, quieren garantizar que los alertadores o 'whistleblowers' no vean comprometidos sus trabajos y establece que "tienen derecho a la indemnidad laboral y profesional, entre otros que se respeten los contratos y acuerdos individuales de trabajo o de servicio" después de denunciar. También establece medidas concretas en el caso de los funcionarios de la administración y para trabajadores de empresas privadas, con el fin de evitar que puedan recibir represalias ni sanciones por parte de la administración.