El joven kurdo que lanzó el zapatazo a Tayip Erdogán teme por su vida

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Hokma Joma, el joven kurdo que el pasado 22 de febrero lanzó un zapatazo contra el primer ministro turco, Tayip Erdogán, está convencido de que si, como pretende el Gobierno español, es entregado a la policía siria, su vida correrá un grave peligro. Tanto él como otros compatriotas suyos no dejan lugar a dudas de que caer en manos de los temibles servicios de inteligencia del país árabe puede tener fatales consecuencias. Como se recordará, Joma lanzó su zapato contra Tayip Erdogán cuando visitaba Sevilla al mismo tiempo que gritaba ¡Viva Kurdistán libre!; también le llamó “criminal” y “asesino”, responsabilizándole así de la represión que sufre este pueblo.

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Según ha explicado Luis Ocaña, el abogado que lleva el caso, se le acusa de atentado contra una autoridad internacional y de resistencia a los agentes, acusaciones para las que el ministerio fiscal solicita tres años y ocho meses de prisión. Aún resulta más grave, sin embargo, que la Fiscalía proponga la sustitución de esa condena por la expulsión y devolución al lugar de origen. En esta circunstancia, policías españoles acompañarían al detenido hasta Siria, donde lo pondrían en manos de las autoridades, perdiéndose, a partir de ese momento, todo control y garantías para su seguridad.

Aunque la acción de Joma no estaba dirigida contra una autoridad de su país –Siria-, el Gobierno de Bachar al Asad podría tomar represalias contra él por varias razones. La primera estriba en que, desde hace una década, Turquía y Siria colaboran en la lucha contra los rebeldes kurdos, actúen contra el país que actúen. Por ejemplo, debido a esta cooperación, decenas de militantes del PKK, que es la principal organización kurda de Turquía, están cumpliendo condena en las cárceles sirias y, por la misma razón, en 1999 el Gobierno sirio expulsó del país al líder de este partido, Abdulá Ocalán, provocando así que terminara siendo apresado por los servicios secretos turcos.

Estas buenas relaciones se han intensificado en los últimos años debido a  que Ankara se ha convertido en el imprescindible mediador para las negociaciones secretas que vienen manteniendo Siria e Israel con el objeto de alcanzar un histórico acuerdo de paz. Por otra parte, tal y como suelen denunciar periódicamente organizaciones humanitarias internacionales, las actividades políticas de los kurdos en Siria son especialmente perseguidas por los distintos cuerpos policiales. El propio Departamento de Estado norteamericano y el Reino Unido acaban de sumarse a tales denuncias con sendos informes sobre el año 2009. En dichos documentos, se citan numerosos casos de desapariciones, muertes no aclaradas y fallecimientos debido a torturas por delitos mucho menores que el supuestamente cometido por Joma en la ciudad hispalense.

La importancia y prioridad que el Gobierno está dando a este caso viene determinada porque la Fiscalía está utilizando, inusualmente, la vía de urgencia. De esta forma, en sólo un mes, el ministerio público ha conseguido completar los cargos acusatorios, cuando lo normal en este tipo de casos es que las gestiones tarden más de medio año. Además, según explica el abogado de Joma, se pide una dura pena para una acción que, si se realizara contra un ciudadano europeo, no pasaría de un juicio de faltas en grado de tentativa, por lo que ni siquiera se le podría dar el calificativo de delito.

Un pequeño pero significativo detalle si se tiene en cuenta la distinta situación que atraviesan los dos paíes. La pena que se pide para Joma en España es mucho mayor que la cumplida en Irak por Muntazar al Zaidi, el periodista que el 12 de diciembre de 2008 también lanzó un zapatazo, pero al presidente estadounidense George Bush. Al Zaidi, tras cumplir nueve meses de prisión, se dedica a divulgar su acto de protesta tanto dentro como fuera de Irak.

Hokma Joma, en su descargo, ha asegurado que actuó sin premeditación alguna e, igualmente, ha desmentido que, como dijo en su momento la Delegación del Gobierno en Andalucía, existiera un expediente de expulsión contra él debido a su situación irregular. Todo lo contrario; Joma, que llegó a España en 2005, ha tenido, en este duro periodo de crisis, no un sino varios trabajos: como soldador, vigilante y camarero. En el momento en que cometió el “delito”, estaba tramitando su regularización con toda normalidad.

2 Comments
  1. mike says

    Fatal por parte del gobierno español. El «crimen» se cometio en España, y por lo tanto la sentencia hay que cumplirla en España. No es nadie ni el gobierno ni la justicia española para decidir como se imparte justicia en otro pais.
    En cuanto a lo de la autoridad «internacional» ……. ejem, sin comentarios.

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