España violará los acuerdos internacionales si entrega a Siria al joven kurdo por el zapatazo a Tayip Erdogán

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Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos consideran que si España entrega a Siria al joven del zapatazo a Tayip Erdogán violará los acuerdos internacionales asumidos por el Estado español. Hokma Joma fue detenido y encarcelado tras lanzar en Sevilla el 22 de febrero un zapato al primer ministro turco al mismo tiempo que gritaba “Viva el Kurdistán libre” y le llamaba “asesino”.

Por este motivo, este joven sirio de origen kurdo será juzgado por vía de urgencia el próximo 28 de junio y devuelto a su país si el juez acepta la petición fiscal, consistente en sustituir los tres años de cárcel solicitados por la expulsión. Según Angel Gonzalo, portavoz de Amnistía Internacional, el Gobierno está obligado a respetar el “principio de no devolución” establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado y ratificado por el Estado español. De acuerdo con este tratado, no se puede entregar a nadie a su país si no existen garantías para la integridad física del detenido, como ocurre en este caso.

Siria vive desde hace cuatro décadas bajo estado de emergencia y las organizaciones humanitarias más prestigiosas del mundo denuncian periódicamente torturas, desapariciones e incluso ejecuciones atribuidas a cuerpos de seguridad secretos que ni el propio Gobierno de Damasco consigue tener bajo su control. Se da la circunstancia de que Joma solicitó asilo político en España porque, tal y como argumentó en su momento, huía de la represión desencadenada contra la población kurda tras los sucesos ocurridos en marzo de 2004.

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Ese año se registraron en Siria los más graves disturbios en treinta años de los que se tiene información. Los incidentes comenzaron en la norteña localidad de Qamisli al enfrentarse los hinchas de un equipo de fútbol local kurdo con los del equipo visitante, que procedían de una ciudad árabe. Cuando intervino la policía, lo hizo contra los primeros, causando varios muertos por arma de fuego. A partir de ese momento, las protestas se extendieron por todo el norte del país, donde se concentra la población kurda, afectando incluso a algunos barrios de Damasco y Alepo, las principales metrópolis del país.

Jóvenes manifestantes destrozan la imagen de Hafez al Asad en los incidentes de 2004. La página web que la difundió fue clausurada.

En los incidentes, por primera vez, se vieron escenas en las que los manifestantes destrozaban la omnipresente e intocable figura de Hafez al Asad, el mitificado líder del Partido Socialista Árabe del Renacimiento (Baas), organización panarabista que controla con mano férrea el régimen y que niega los más básicos derechos culturales y políticos a los dos millones de kurdos que viven en Siria. Como consecuencia de la represión desencadenada, se calcula que murieron más de treinta personas, resultaron heridas un número todavía desconocido y cientos de kurdos fueron detenidos y encarcelados.

La solicitud de asilo político de Hokma Joma fue rechazada porque no acudió a una cita a la que se le había convocado. Cuando realizó su protesta contra el Gobierno de Turquía, que también se destaca por su política represiva contra los kurdos y mantiene una estrecha cooperación con el de Siria en esta materia, estaba intentando regularizar su situación en España ya que había conseguido trabajo en Sevilla.

Tras ser detenido y encarcelado, el fiscal le acusó el 15 de marzo de tres delitos: “resistencia grave”, contra “la comunidad internacional” y “atentado a la autoridad”, pidiendo más de tres años de prisión que serían sustituidos por la expulsión de España. Iniciado el proceso por la vía de urgencia, el juicio se celebrará el 28 de junio, apenas tres meses después de haberse concretado la acusación fiscal. El representante de Amnistía Internacional considera que, en este y en otros casos semejantes, el Estado español está obligado a respetar el “principio de no devolución”, que, según establece el citado pacto internacional, se debe aplicar siempre que no existan garantías suficientes sobre la seguridad de la persona entregada.

Fotografía de una multitudinaria manifestación durante los sucesos del 2004 difundida por una página web ahora clausurada.

También coincide con esta consideración la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), principal organismo dedicado a la defensa de los refugiados y asilados en España. Según Mauricio Valiente, coordinador del servicio jurídico de CEAR, debe prevalecer el mencionado “principio de no devolución”, siendo un “despropósito” entregar a Hokma Joma a las autoridades sirias porque resulta obvio que se pondría “en riesgo la seguridad de esta persona”. Mauricio Valiente recuerda que fue precisamente CEAR quien comenzó a tramitar la solicitud de asilo denegada, solicitud que, de acuerdo con la ley en vigor, podría ser revisada teniendo en cuenta las nuevas circunstancias derivadas de su acto de protesta.

Por su parte, Valentín Aguilar, coordinador del Área de Cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, no duda en calificar de “barbaridad” incluso el hecho de que Joma se encuentre en prisión preventiva por lo que, en circunstancias normales, no sería delito más que “una falta en grado de tentativa”. Valentín Aguilar recuerda que cuando, en otros países, se ha encarcelado a personas por un simple acto de protesta, en España se han levantado voces considerando, escandalizadas, incompatibles tales medidas con un sistema democrático. El portavoz andaluz se refería, en concreto, al encarcelamiento de unos jóvenes turistas españoles por arrancar una bandera en Letonia, a los activistas de Greenpeace apresados en Dinamarca o al periodista iraquí que lanzó otro zapatazo a George Bush.

Otra imagen de los disturbios igualmente difundida por un sitio de internet prohibido por el Gobierno sirio.

Esta asociación andaluza también está de acuerdo con Amnistía Internacional y CEAR en que el Gobierno español está incumpliendo de forma flagrante el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  En palabras de Valentín Aguilar, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, encargado de vigilar la aplicación de este tratado, ha establecido que “no se debe exponer a nadie al peligro de ser torturado” o a sufrir “tratos crueles, inhumanos o degradantes” cuando, debido a la “extradición, expulsión o devolución”, sean enviados a otro país donde se tenga la seguridad de que se violan los derechos humanos.

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