El Gobierno ningunea la denuncia saharaui contra la venta de armas a Marruecos

El Gobierno español ha respondido a las asociaciones que denunciaron el 9 de abril la venta de armas a Marruecos y exigieron información detallada sobre estos suministros diciéndoles que ni siquiera pueden realizar tal denuncia porque, en sentido estricto, “carecen de la legitimación necesaria” y no son parte interesada, pese a que algunos de estos grupos se han distinguido precísamente y durante años por defender los derechos del pueblo saharaui. Además, el Gobierno español, a través de su secretaria de Estado para el Comercio, Silvia Iranzo Gutiérrez, comunica a las citadas asociaciones que tampoco les puede facilitar la información solicitada debido a que los contratos a los que se refieren están bajo secreto y solamente se puede recabar información sobre los mismos durante la tramitación de los mismos.

La Asociación de Familiares de Presos y Detenidos Saharauis, la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental, el Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental, el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental, así como la Asocación pro Derechos Humanos de España, la Asociación Canaria de Juristas por la Paz y los Derechos Humanos y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) se personaron el día 9 de abril en el Ministerio de Industria y Comercio, donde exigieron formalmente al Gobierno que paralice la venta de material bélico al reino alauita. Entre las razones esgrimidas, destaca su convencimiento de que esas armas son utilizadas contra el pueblo saharaui, mientras se violan descaradamente los más básicos derechos humanos, lo cual supone la violación no solo de la normativa europea sino, incluso, de la propia legislación española.

Seis de las asociaciones que presentaron la denuncia han difundido ahora un comunicado puntualizando algunos términos de la respuesta gubernamental. Por ejemplo, acusan al Gobierno español de bloquear y anular los requerimientos al poner trabas legales que, en la práctica, intentan impedir incluso que la denuncia sea tramitada. Por todo ello, los firmantes del escrito muestran su “más profunda decepción con el pronunciamiento de la secretaria de Estado de Comercio, que se contrapone con las declaraciones de diferentes miembros del Gobierno español, y con las del presidente del Ejecutivo español, quien, aparentemente, pretendía convertir la defensa y promoción de los derechos humanos en un eje de su labor de gobierno”.

Respecto a la argumentación de que no se puede dar información sobre las ventas de armas ya que son secretas una vez aprobadas, los firmantes dicen que “la opacidad y secretismo con el que se pretende impedir el control y supervisión de este tipo de negocios no encuentra acomodo en un sistema democrático y participativo, en el que los ciudadanos tienen derecho a conocer si se respeta el principio de legalidad en las actuaciones administrativas”.

“La violación de los derechos humanos en Marruecos y en el Sáhara Occidental, así como el resto de los criterios cuya infracción se ponía de manifiesto en la denuncia, debería conllevar inexorablemente la calificación de Marruecos como un país no apto para ser destinatario de dichas exportaciones”, añaden. “La actitud del Gobierno español convierten sus declaraciones en materia de Derechos Humanos en palabras vacías y huecas”, resumen los denunciantes, quienes, vista la respuesta del Ejecutivo socialista, no renuncian a poner en marcha nuevas acciones legales contra la Administración ante los tribunales competentes en esta materia.

Para finalizar, estas asociaciones advierten que, siguiendo esta política de vender armas a países con graves problemas internos, el Gobierno español contribuirá con sus ventas a “luctuosos sucesos” como los protagonizados recientemente por los ejércitos de Tailandia e Israel, beneficiarios, igual que el de Marruecos, de las exportaciones de armas españolas.