«Prefiero 20 años de prisión en España que ser devuelto a Siria»

“Prefiero  20 años de prisión en España antes que ser devuelto a Siria”. De esta forma tan contundente puso Hokman Joma broche final al juicio que se seguía ayer contra este joven kurdo por haber tirado un zapatazo al primer ministro de Turquía. El titular del Juzgado Penal número 9 de Sevilla había puesto en sus manos el derecho a la última palabra y el acusado de “atentar contra la autoridad internacional” lo aprovechó para advertir, de nuevo, que, si lo deportaban a su país, pondrían en serio peligro su vida.

Hokman Joma se sentaba en el banquillo por haber tirado un zapatazo a Tayip Erdogán durante una visita oficial a la capital hispalense, al mismo tiempo que le llamaba “asesino” y gritaba “Viva el Kurdistán”. Según informó a cuartopoder su abogado defensor, Luis Ocaña, Joma volvió a explicar que con su protesta solamente intentaba llamar la atención, denunciar el trato que sufre el pueblo kurdo y que, bajo ningún concepto, pretendía hacer daño al primer ministro turco ni atentar contra su integridad.

Luis Ocaña volvió a poner sobre la mesa sus argumentos para pedir la libre absolución y la puesta en libertad de su cliente: de acuerdo con los pactos internacionales, no se puede devolver a nadie a un país en el que, como ocurre con el caso de Siria, los derechos humanos son sistemáticamente violados; la entrega a las autoridades sirias supondría ponerlo en manos de la tortura y de un sistema policial sin garantías jurídicas.

Pese a ello, el representante del Estado no se movió un ápice de su posición inicial en un proceso conducido por la vía de urgencia; mantuvo la petición de tres años y ocho meses de prisión, que, en caso de condena, serían sustituidos por la expulsión a su país. Luis Ocaña igualmente volvió a mostrar su indignación, desde el punto de vista legal, al constatar que en un país como España se solicite una pena cuatro veces superior a la dictada contra el periodista iraquí que, en un acto de protesta idéntico, lanzó un zapatazo al presidente George Bush durante una conferencia de prensa celebrada en Bagdad.

El juicio contra el joven kurdo había creado una gran expectación en Sevilla, donde más de un centenar de personalidades habían publicado un manifiesto exigiendo su puesta en libertad, protagonizando después una concentración a las puertas del Consulado turco en Sevilla. Durante la vista, varias personas se tuvieron que quedar fuera de la sala debido a que todos los asientos reservados para el público estaban ocupados. Al terminar el juicio, al abogado le sorprendió la insistencia del representante del Estado en conseguir esta fuerte condena en un proceso que ha puesto en evidencia a los dos mejores aliados que tiene España en Oriente Medio: Turquía y Siria.

Tanto la petición fiscal como la forma en que las autoridades gubernativas han tratado este caso también cuestionan las recientes declaraciones realizadas por la Moncloa sobre la situación de los derechos humanos en Siria. Concretamente, el pasado 5 de mayo, el Gabinete de la Presidencia, a través de su director, José Joaquín Serrano Martínez, respondía a más de un millar de ciudadanos españoles que solicitaban, en este sentido, la mediación  presidente Zapatero ante Damasco. En su respuesta, el Gobierno reconoce que “Siria es un país cercano y amigo” y, debido a ello, “España aprovecha las oportunidades a su alcance para suscitar ante las autoridades locales los casos de derechos humanos que más preocupan a nuestro gobierno y a nuestra ciudadanía”.

Después, añade que “España, tanto en nombre de la Unión Europea como a título nacional, ha suscitado ya en numerosas ocasiones su interés por la situación de diversos defensores de los derechos humanos, así como por otros prisioneros de conciencia”. “Muchas de estas gestiones –finaliza la carta– han desembocado en resultados satisfactorios, y les puedo asegurar que el Gobierno español continuará realizando un seguimiento a todos los casos preocupantes de derechos humanos en la República Árabe Siria”.

Tras esta respuesta a la citada carta colectiva, se esperaba que la Administración fuera consecuente y que se produjera un cambio de actitud por parte de la Fiscalía del Estado. Resultaba una inmejorable oportunidad para mostrar coherencia entre palabras y hechos; sin embargo, el abogado defensor no ocultaba su pesimismo cuando, nada más salir del tribunal, se puso en contacto con cuartopoder. Le daba la impresión, debido a la insistencia fiscal, de que la sentencia estaba escrita y de que ahora se busca dar carpetazo a una simbólica protesta que empañó la visita del primer ministro turco.