El juez pone en evidencia al Gobierno en el caso Hokman Joma
El juez del Tribunal Penal número 9 de Sevilla no ha caído en la trampa. Pese a la dura condena de tres años contra Hokman Joma por haber lanzado un zapatazo al primer ministro turco, no ha aceptado la condena sustitutoria de repatriación a Siria solicitada por la Fiscalía del Estado. El juez ha reconocido las “razonables dudas” mostradas tanto por el abogado defensor, Luis Ocaña, como por el propio inculpado en el sentido de que existía un “riesgo potencial de represalias de ser repatriado a Siria”.
Tal resolución, dictada solo dos días después de la celebración del juicio, ha colocado de nuevo en evidencia la posición del Gobierno español respecto a la defensa de los derechos humanos en Turquía y Siria, los dos mejores aliados que tiene España en Oriente Medio.
Tras conocerse la sentencia, los grupos que se han movilizado en Andalucía por la libertad del joven kurdo se apresuraron a valorar positivamente esta parte de la decisión judicial, ya que “la expulsión habría supuesto su tortura y muerte”, además de considerar que, con su dictamen, el juez ha mostrado su “compromiso con el cumplimiento de los derechos humanos y con la legalidad internacional”.
En su comunicado, el llamado Grupo 17 de Marzo, integrado por juristas, y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, no dejan tampoco de rechazar la desproporción de la condena a tres años de cárcel. Vuelven a destacar el contrasentido de que unos hechos idénticos, protagonizados por el periodista iraquí Muntadhar al Zaidi contra el presidente norteamericano George Bush en Bagdad, fueran condenados el 7 de abril de 2009 con un año de prisión.
“La desproporción entre el comportamiento de Hokman Joma y el castigo que se le pretende imponer es absoluta”, dicen estas dos asociaciones andaluzas en defensa de los derechos humanos. “A todas luces resulta excesiva y así es reconocido incluso por la propia sentencia en su fundamento jurídico tercero”, añade el comunicado. Esta situación hacer afirmar a estas dos asociaciones que España tienen el código penal más duro de Europa, “incluso más represivo que el de Irak para manifestaciones como la que realizó Joma”.
Además, estos grupos y quienes se han adherido al movimiento de solidaridad con este joven de 27 años anuncian movilizaciones “para hacer pública la desproporción de la pena y solicitar el indulto”. En este sentido, informan que ya están realizando contactos con Amnistía Internacional, con Human Rights Watch y la Asociación Europea de Derechos Humanos, además de otros organismos que defienden los derechos del pueblo kurdo.
Como se recordará, Hokman Joma tuvo que huir de Siria tras los graves disturbios registrados en marzo del año 2004 en todo el norte del país, donde viven más de dos millones de kurdos. Asentado en España, el Gobierno rechazó su solicitud de asilo político. El 22 de febrero se encontraba cumplimentando los trámites para legalizar su situación cuando se produjo la visita oficial del primer ministro turco, Tayip Erdogán, a Sevilla. Con objeto de denunciar la represión contra su pueblo en Turquía, donde viven cerca de 20 millones de kurdos, Hokman Joma le lanzó un zapatazo al mismo tiempo que le llamaba “asesino” y gritaba “Viva el Kurdistán”.
Por este hecho, la Fiscalía del Estado inició un proceso por la vía de urgencia, consiguiendo en un tiempo récord –apenas cuatro meses- la celebración del juicio, en el que mantuvo firmemente la petición de que la condena a prisión fuera sustituida por la entrega a Siria. De esta forma, el representante del Estado no tenía en cuenta que este país lleva más de 40 años en estado de emergencia, que, por lo tanto, no existen ningún tipo de garantías jurídicas, y que, todos los años, las más prestigiosas organizaciones de derechos humanos denuncian muertes y desapariciones por actos mucho menos graves que atentar contra Tayip Erdogán, con quien Bachar al Asad, presidente de Siria, mantiene en estos momentos excelentes relaciones.
