La turbia implicación de miembros de Hizbulá en el magnicidio de Hariri
El drástico giro la investigación sobre el magnicidio del ex primer ministro Rafic Hariri, asesinado frente al paseo marítimo de Beirut el día de San Valentín de 2005 junto a 22 personas más, amenaza con provocar toda una convulsión interna en el Líbano. Anoche, el secretario general de Hizbulá, Hassan Nasrallah, admitió que varios miembros 'indisciplinados' de su organización serán implicados por el próximo informe de la Tribunal Especial para El Líbano (TSL), que se espera que sea publicado entre septiembre y diciembre o bien en dos bloques diferentes.
Se trata, según filtraciones del Tribunal de las que se ha hecho eco la prensa local, de acusaciones a nivel particular y no a nivel de partido, y entre ellas no se cita a ningún alto responsable de la organización, pero para nadie pasa desapercibido el alto poder desestabilizador que semejante acusación conlleva en el volátil país del Cedro. Si la principal organización chií es acusada de haber liquidado al 'mártir' suní libanés por excelencia, no se puede descartar un enfrentamiento armado entre chiíes y suníes. Eso, salvo que el actual primer ministro e hijo del asesinado, Saad Hariri, logre calmar la situación con la diplomacia que está caracterizando su gestión contra pronóstico: fue él mismo quien informó a Nasrallah, según el líder de Hizbulá, de lo que se avecina.
“Fui personalmente informado por el primer ministro Saad Hariri antes de su visita a Washington (en mayo) de que el Tribunal acusará a miembros indisciplinados de Hizbulá”, dijo anoche Nasrallah en rueda de prensa celebrada mediante videoconferencia. El secretario general dio a entender que la incriminación de sus miembros es inevitable porque está programa “con un calendario político”, acusando de esa forma a los países que respaldan el TSL de intervenir en sus decisiones, y si bien calificó a los acusados de “indisciplinados”, alejándose así de sus acciones, recordó que su formación considera al tribunal un instrumento diseñado para dañar a su organización.
“Existe un peligroso proyecto que apunta a la resistencia”, incidió Nasrallah. “No estamos asustados ni preocupados; sabemos cómo defendernos”. “Nunca hemos dicho que respetemos las resoluciones del Tribunal y todo el mundo sabe, desde el principio, que somos escépticos sobre sus conclusiones. Todo el mundo sabe que la decisión gubernamental [respaldando el Tribunal Especial para El Líbano] pasó sin el consentimiento de Hizbulá”.
Es difícil saber si se trata de una forma de excusar la delicada posición en la que queda su partido o de un peligroso aviso sobre la posible reacción de sus seguidores ante una decisión que el Partido de Dios considera politizada. El grave problema es que la cuestionable andadura del TSL ha dividido a la población sobre la credibilidad de dicha institución.
La consecuencia directa del magnicidio de Hariri fue el fin de la presencia siria en el país del Cedro tras 29 años de ocupación. Las acusaciones internas del bloque político antisirio, formado entonces por suníes, drusos y cristianos, se dirigieron a Damasco. Desde la creación del Tribunal, en 2007, los investigadores internacionales acusaron abiertamente a Siria: cuatro generales libaneses prosirios fueron arrestados durante casi cuatro años sin que mediara una acusación formal hasta que el Tribunal, que en un principio había recomendado su detención, consideró que no había motivos suficientes para tenerles entre rejas.
Los principales testigos que acusaban al régimen del Baaz se retractaron o se terminaron siendo formalmente perseguidos acusados de dar falso testimonio a cambio de recompensas económicas. Ahora, los cuatro generales exigen compensaciones e incluso han acusado formalmente al fiscal del Tribunal que recomendó su detención.
Para la minoría parlamentaria, compuesta por los chiíes de Hizbula y Amal, los drusos en su conjunto y los cristianos seguidores del general Michel Aoun, el objetivo del TSL es provocar la división interna, como admitió a cuartopoder uno de los principales líderes de este bloque, off the record, el pasado mayo. “El Tribunal es la última maniobra israelí para sembrar la discordia en el Líbano”, decía. “La primera fue la guerra de 2006, la segunda la confrontación interna de 2008 [animada por Estados Unidos, que apoyó a la entonces mayoría antisiria a combatir con las armas contra Hizbulá] y la tercera es la actuación de los jueces”.
Según él, las actas de la institución están teledirigidas por las grandes potencias con el objetivo de dañar a Hizbulá, uno de los principales aliados de Siria. Ayer, Nasrallah incidió en el argumento. “Todos los datos indican que el acta de acusación fue escrita en 2008, incluso antes de su interrogatorio”, afirmó refiriéndose a los eventos del pasado abril, cuando 12 miembros del Partido de Dios chií fueron citados a declarar en calidad de testigos, que no de acusados. “Su distribución sólo depende del calendario político”, añadió.
Uno de los factores más inquietantes de este caso es por qué se cambió la línea de investigación del caso Hariri. Según la prensa libanesa, el nuevo fiscal general del Tribunal, Daniel Bellemare, dejó de buscar en Siria al concluir que no había pruebas que incriminasen a los servicios secretos de Damasco y encontrar una nueva pista, desarrollada por un joven oficial del Ejército libanés, Wissam Eid, basándose en el circuito de comunicaciones empleado para asesinar a Hariri. Eid fue asesinado con un potente coche bomba en enero de 2008. Quien le mató buscaba acabar con uno de los investigadores locales del magnicidio, y quién sabe si con la persona que había hallado vínculos entre el asesinato y miembros de Hizbulá. Si no se impone la calma -lo cual no suele ocurrir en el Líbano-, la próxima acusación del TSL podría llevar a la mayoría parlamentaria antisiria a acusar a Hizbulá de toda la cadena de asesinatos políticos que siguió a la muerte de Hariri. Según Nasrallah, el TSL “ha empujado al Líbano a una de sus etapas más sensibles y complicadas”.
El peligro de desestabilización interna en un país tan dividido como éste es evidente, y es algo que admiten desde altos funcionarios de la ONU hasta responsables de la FINUL (la Fuerza Internacional de Naciones Unidas para el Líbano] en petit comité. Saldremos de dudas después del Ramadán, que este año termina el 10 de septiembre, cuando se hagan públicas las conclusiones parciales del Tribunal y se sepa el alcance de las acusaciones. Por el momento, las fuerzas de la ONU en el Líbano ya temen esa fecha por la repercusión interna que pueda tener el informe y las posibles consecuencias hacia la FINUL. Pero de eso hablaremos en el próximo artículo.
