Lapidación: ¿la Justicia de una potencia nuclear?

¿Es aceptable que la próxima potencia nuclear de Oriente Medio castigue el adulterio con la lapidación? Esta pregunta, y no si afecta a los intereses de EEUU, nos lleva al fondo de la cuestión sobre si la República Islámica tiene derecho a desarrollar su propio programa atómico. Una República Islámica convertida en potencia regional representa también la consolidación y expansión por toda la zona de su modelo integrista religioso, cultural, social y político, incluido un sistema jurídico anclado en la Edad Media que mantiene penas como la lapidación, la amputación o el lanzamiento de los condenados desde una gran altura para que se estrellen contra el suelo.

Desde la revolución de 1979, el régimen jomeinista ha tenido entre sus principios fundamentales difundir su interpretación islámica por todo el mundo musulmán, sin diferenciar entre países suníes o chiíes. En este sentido, el actual Gobierno de Ahmadineyad supone el retorno a un fundamentalismo que la anterior Presidencia de Jatami había comenzado a cuestionar.

Con la lapidación y otras formas de castigo entresacadas de las primeras enseñanzas del islam ha ocurrido lo mismo. Introducidas en el sistema jurídico el año 1983, cayeron en desuso durante el periodo reformista de Jatami para ser reactivadas con la llegada de Ahmadineyad al poder hace cinco años.

Por lo que respecta a la lapidación por adulterio, está reglamentada en el Código Penal iraní tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, como ocurre de forma transversal en todo el sistema iraní, la mujer se encuentra en desventaja respecto al hombre ya que, por ejemplo, en caso de adulterio el testimonio de una mujer vale la mitad que el de un varón. Esta y otras razones semejantes hacen que, en la práctica, haya siempre muchas más mujeres condenadas a muerte por adulterio.

Este código también regula pormenorizadamente cómo se debe llevar a cabo una lapidación. El artículo 102 detalla la profundidad que debe tener el hoyo de tierra donde se inmoviliza a la víctima, permitiendo que solo una parte del cuerpo sobresalga en la superficie para servir de blanco. Por su parte, el artículo 104 especifica el tamaño que deben tener las piedras; no pueden ser tan pequeñas que no hagan daño, ni tan grandes que provoquen la muerte con los dos primeros impactos; se calcula que, aproximadamente, deben pesar entre 100 y 150 gramos.

No todas las mujeres condenadas por adulterio son castigadas de esta forma. Otras han sido llevadas a la horca, que es la amenaza que pende ahora sobre Sakine Ashtiani tras anunciar el Gobierno de Teherán que no será lapidada. En alguna ocasión, las condenadas han sido lanzadas al vacío desde una gran altura. Es lo que ocurrió a una mujer de Neyshabur, que encontró la muerte en 1990 al ser precipitada desde un décimo piso.

Teóricamente, si una mujer sobrevive a una lapidación, debe ser liberada. Pero, en la práctica, las contadas ocasiones en que esto ha ocurrido, la condenada ha sido rematada cuando se ha comprobado que seguía viva.

El caso más escandaloso ocurrió en Arak en agosto de 1994. Tras terminar la ejecución, la mujer se desembarazó de la tierra que le aprisionaba y salió del agujero por sus propios pies, pero, de inmediato, fue detenida por un guardián de la Revolución que la asesinó de un tiro. Lo macabro de este caso no termina aquí. Su marido y sus hijos fueron obligados a presenciarlo todo y, cuando el padre intentó apartar a sus hijos de la escena, las autoridades se lo impidieron.

Igualmente es muy significativo lo sucedido en la ciudad kurda de Bokán el año 1999. Una joven de 20 años llamada Zoleijah Kodjoda también sobrevivió cuando la multitud que presenciaba la lapidación la emprendió a pedradas contra los ejecutores, que, precipitadamente y creyendo a la joven muerta, la desenterraron para que el forense certificara la defunción. El médico comprobó, sin embargo, que seguía con vida y, de acuerdo con los jeques suníes locales, la envió al hospital de Urmie para que se recuperara. Las autoridades judiciales chiíes no estuvieron de acuerdo y pidieron que se repitiera la lapidación. Para entonces, Amnistía Internacional ya había puesto en marcha la campaña internacional que salvó a Zoleijah de ser lapidada dos veces.

Aunque ninguno de los gobiernos iraníes, ni siquiera el reformista de Jatami, ha intentado eliminar este tipo de condenas del Código Penal, la repercusión internacional de las lapidaciones, el rechazo de las fuerzas más reformistas y, sobre todo, de las mujeres y la juventud han abierto en la sociedad iraní el debate sobre la necesidad de quitarlas del Código Penal.

Algunos teólogos, incluso, ponen en cuestión el carácter islámico de la lapidación ya que tal figura no aparece en el Corán sino en los “hadices”, es decir en los testimonios indirectos sobre la vida de Mahoma recogidos en estas escrituras sagradas que equivalen en el cristianismo a los Evangelios de los Apóstoles. Este cuestionamiento se basa en que los hadices fueron escritos por personas distintas a quienes facilitaban los testimonios, ya que en el siglo VII en la Península Arábiga había muy pocas personas que supieran leer y escribir. Tal hecho, para algunos, pone en cuestión la validez de los hadices como fuente teológica y, en el islam, también jurídica.

En abril de 1998, Mohajerani, ministro del Cultura del presidente reformista Jatami, insinuó durante un viaje por Europa que no era partidario de la lapidación, pero, cuando regresó a Irán, dijo lo contrario, aunque propuso que dejara de aplicarse. Siguiendo esta política de acercamiento a los valores occidentales, a partir de 2002 comenzó, en la práctica, una moratoria que duró solamente tres años, hasta que Ahmadineyad ocupó la Presidencia en el 2005.

A partir de ese momento, la República Islámica ha recuperado no solo su retórica “antiimperialista” y anti-occidental sino también las posiciones más radicales en la represión política, la pena de muerte, las estrictas normas morales, contra los derechos de la mujer y, como no podía ser menos, en la práctica de los castigos más oscurantistas y retrógrados del Código Penal, como ocurre con la lapidación y la amputación de manos y pies.