Derecho al trabajo para los palestinos del Líbano

Ghada Ismail, de 28 años, empleó cuatro años de su vida en estudiar Farmacia para luego quedarse a cargo de sus hermanas en su destartalada vivienda del campo de refugiados de Sabra, en Beirut. Como el resto de sus conciudadanos, esta palestina -descendiente de refugiados de 1948- no tenía derecho a trabajar en el país del Cedro, y si conseguía algún apaño temporal carecía de derechos laborales y su sueldo era ínfimo comparado con el de los ciudadanos libaneses. Pero para esta joven, y para toda una generación de refugiados de los 400.000 asentados en el Líbano, una ley aprobada ayer por el Parlamento libanés puede cambiar -aunque no drásticamente- su situación. A partir de ahora, podrá trabajar en varios sectores privados e incluso cotizar a un fondo de la seguridad social que le permita acceder a una pensión cuando se jubile, toda una novedad en el país de Oriente Próximo que peor trata a su comunidad palestina.

La ley, ratificada ayer en Beirut, supone la primera -aunque relativa- mejora para la terrible situación de los palestinos en los 60 años que llevan asentados en el Líbano, esparcidos en 12 campos de refugiados en condiciones miserables. Hasta ahora no tenían derecho a trabajar, a adquirir tierras o viviendas, a la educación o a la sanidad pública. Todas esas carencias las suplía, con enorme dificultad, la UNRWA, el comité de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, pero la escasa financiación de esta institución privaba a sus beneficiarios de unas condiciones simplemente dignas de vida.

Finalmente, una propuesta del líder druso Walid Jumblatt, enormemente matizada por los grupos parlamentarios cristianos, ha promovido el cambio. Con la nueva legislación los refugiados podrán trabajar legalmente en las mismas profesiones que otros extranjeros, pero no en el sector público ni en un número de profesiones -como médicos, abogados o ingenieros- para las cuales es necesario militar en el correspondiente sindicato reservado a ciudadanos libaneses. Sí podrán beneficiarse de algunos de los derechos laborales del resto, como exigir compensaciones en el caso de padecer un accidente laboral, algo de lo que se han congratulado las organizaciones que defienden al colectivo palestino, aunque las ONG denuncian el escaso alcance de la legislación."Si eres un palestino nacido y crecido en el Líbano y tu sueño es llegar a ser doctor, no has tenido suerte", se lamentaba el responsable de Human Rights Watch en Beirut Nadim Houry.

Con la nueva ley, los palestinos tampoco tendrán derecho a las prestaciones sociales salvo la pensión de jubilación, ni a comprar una vivienda o un terreno donde edificar, lo cual les seguirá dejando en manos de la UNRWA a la hora de tener un sitio para vivir. Esa es la razón por la cual el embajador palestino en el Líbano, Abdulah Abdulah, agradeció ayer el "paso hacia adelante" adoptado por el Parlamento mediante la aprobación de la ley pero recordó que el texto "no cumple nuestras demandas", y que su comunidad seguirá defendiendo sus derechos, "especialemente el derecho a la propiedad".

La razón es la negativa de los grupos cristianos a ampliar sus derechos, temiendo que eso derive en una naturalización de los palestinos en el país del Cedro que altere su delicado equilibrio sectario. El país tiene una población de poco más de 3.5 millones de habitantes, donde conviven 18 sectas religiosas diferentes, y se rige por un sistema político confesional que trata de repartir el poder entre todas las confesiones. Hoy en día, gracias a los diferentes índices de natalidad, el país es mayoritariamente musulmán (se estima que dos tercios de la población es musulmana y sólo un tercio cristiana), con una escasa diferencia entre el número de suníes y chiíes. En el caso de que los refugiados recibieran los mismos derechos que el resto de los libaneses, la comunidad suní ganaría los 400.000 votos que implicaría normalizar a los palestinos, lo que alteraría a su favor los resultados habituales de las urnas.

Demasiado para la comunidad cristiana, que defiende que la Constitución libanesa prohíbe expresamente la naturalización de los palestinos para oponerse a las mejoras. Desde la guerra civil libanesa, donde los grupos armados palestinos asentados en el Líbano con Yasir Arafat a la cabeza se granjearon la enemistad de la población, las relaciones entre ambas comunidades son tirantes y de ahí radica que el país del Cedro sea el lugar de la región donde los refugiados tienen menos derechos, en comparación con Siria o Jordania. Pero los palestinos tampoco quieren ser naturalizados, sino que se les garantice el derecho al retorno a sus lugares de origen, algo que no está en manos del Líbano.