Turquía: democratizar el islam o islamizar la democracia

Erdogán deposita su voto en un colegio electoral de Estambul, el pasado domingo. / Erhan Sevenler (Efe)

El primer ministro de Turquía, Tayip Erdogán, ha conseguido dar a su proyecto político un fuerte espaldarazo. Casi el 60 por ciento de quienes han ido a votar en el referéndum de este domingo han dicho sí a su paquete de reformas constitucionales. Pero, ¿qué es lo que se decidía en este referéndum constitucional? La respuesta, como en muchos otros temas trascendentales de Turquía, no es sencilla.

De acuerdo con el sistema político turco, existen dos vías para reformar la Constitución de 1982, que fue elaborada al dictado de la Junta Militar que había dado un golpe de estado dos años antes, el 12 de septiembre de 1980, justo el mismo día, hace 30 años, de este plebiscito popular.

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La primera vía para cambiar la carta magna es automática y la deciden los dos tercios de la Asamblea Nacional Turca: 367 de 550 parlamentarios. La segunda vía es más compleja. Se requieren 330 votos en el parlamento pero después las reformas aprobadas en la Asamblea Nacional de Ankara deben ser sometidas a un referéndum.

En total, el paquete de cambios votados afecta a 26 artículos de la Constitución aprobados por esta segunda vía. Algunos de ellos mejoran las garantías para los derechos individuales, como ocurre, por ejemplo, al introducir posibles reclamaciones ante un defensor del pueblo; otros cambios aumentan la protección de los niños, que, según el actual sistema, pueden ser tratados penalmente igual que los adultos.

Sin embargo, la verdadera trascendencia del referéndum y lo que ha marcado toda la campaña electoral afecta a la línea de flotación del sistema político impuesto por los militares golpistas hace tres décadas.

En primer lugar, el cambio de algunos artículos de la Constitución de 1982 permitirá, por primera vez, que los mandos militares puedan ser llevados ante la justicia civil por delitos contra el Estado y contra la propia Constitución, lo que, desde el punto de vista jurídico, permitiría, incluso, juzgar a quienes sacando los tanques a la calle anularon en 1980 la constitución entonces vigente.

En segundo lugar, otros artículos modificados reestructuran la elección y composición de las máximas instancias reguladoras de todo el sistema jurídico: el Tribunal Constitucional y el Consejo Superior de Jueces y Magistrados, equivalente a nuestro Consejo del Poder Judicial. En ambos casos, las reformas avaladas por los votantes amplían el número de sus componentes; de 11 a 17 en el Tribunal Constitucional y de 7 a 21 en el Consejo del Poder Judicial.

Sin embargo, aún tienen más calado los cambios en la forma de elegir estos órganos rectores del sistema jurídico. Hasta ahora, el nombramiento de jueces, fiscales y del Tribunal Constitucional dependía fundamentalmente de los propios jueces, que nombraban la mayor parte de sus componentes y, en todo caso, proponían algunos nombres al presidente de la República. Esta forma endogámica de elección era la causa de que el sistema judicial y el Tribunal Constitucional chocara continuamente con el sistema político, ya que la Justicia y el Ejército se habían convertido en los dos pilares sobre los que se sustentaba el edificio kemalista, un modelo republicano basado en el laicismo y la hegemonía política de los militares.

Por esta razón, el propio partido de Erdogán, el islamista AKP (Partido del Desarrollo y la Justicia), estaba amenazado con quedar fuera de la ley por cuestionar con sus políticas el carácter laico del Estado. A partir de ahora, esto será mucho más difícil porque se amplía considerablemente la capacidad del presidente de la República de nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo Superior de Jueces y Magistrados.

Entre los detractores, se han alzado voces contra Erdogán por impulsar una reforma a todas luces insuficiente para homologar el sistema político turco a las democracias europeas. Por ejemplo, entre los cambios no figuran medidas para garantizar la libertad política, religiosa y cultural en todo el país.

En este sentido, la propuesta que restringía la prohibición de partidos políticos no pasó en la Asamblea Nacional la barrera de los 330 votos porque siete diputados del AKP votaron en contra de su propio partido y porque el partido pro kurdo BDP (Partido de la Paz y la Democracia), que exigía una reforma democrática más profunda, quiso castigar a Erdogán por no atender ninguna de sus demandas. Tampoco las religiones distintas al islam suní, como la cristiana o el alevismo –más de 15 millones de seguidores- podrán desenvolverse con libertad, tal y como exigían. Y lo mismo ocurre con el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística, un problema que afecta de lleno a la cuestión kurda, el principal problema interno del país.

Por otro lado, las principales fuerzas opositoras, el CHP (Partido Republicano del Pueblo) y el MHP (Partido de Acción Nacional), acusan a Erdogán de realizar estas reformas para controlar políticamente el Tribunal Constitucional y, a la postre, todo el sistema judicial, convirtiendo el actual modelo político en otro presidencialista. De esta manera, el primer ministro tendría vía libre para, ya sin el obstáculo de una Justicia y un Ejército laicistas, llevar a cabo su verdadero proyecto: islamizar el Estado turco.

Erdogán asegura que esto no es así y que el auténtico objetivo de la reforma constitucional es cumplir los requisitos para entrar en la Unión Europea. En Turquía, nadie sabe cuáles son las reales intenciones de Erdogán. Hay incluso quien defiende que dentro de su proyecto político el factor religioso va perdiendo peso en beneficio de los valores liberales, pero, en definitiva, solo el tiempo dirá si esta reforma parcial e insuficiente sirve para democratizar el islam o, por el contrario, Erdogán tiene una agenda oculta que terminará islamizando la democracia.