El alcalde, el abogado y el policía

“¡¡Abdulá Demirbash!!” Al oír su nombre, el alcalde del distrito histórico de Diyarbakir se dispuso a bajar del furgón policial. Iba detenido junto a otros cargos del Partido de la Sociedad Democrática (DTP), el partido pro kurdo de Turquía.  Tras ser interrogados en la Dirección de Seguridad, tocaba el turno de comparecer ante el Juzgado. Abajo, al pié de la escalerilla, otro policía se encargaba de colocarles las esposas para conducirles, uno a uno, ante el magistrado que les leería los cargos por colaborar con el ilegal Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). El agente encargado de acompañar a Abdulá solo había oído su apellido, un apellido que le sonaba porque era el de uno de sus mejores profesores del instituto. “¿No tendrá usted algo que ver con Abdulá Demirbash?”, preguntó disponiéndose ya a esposarle. “Si, soy yo”.

El policía enmudeció, se quedó paralizado, no sabía qué hacer. Según relata el propio Abdulá Demirbash, en el rostro se notaba la vergüenza de quien tiene que humillar a alguien que se aprecia; dudaba si ponerle o no las abrazaderas de acero mientras los demás esperaban que todo siguiera su curso. “No te preocupes, pónmelas; no pasa nada”, recuerda Abdulá que le dijo animándole a cumplir su deber.

Demirbash, junto a decenas de cargos del DTP, había sido detenido a las 4 de la madrugada el 24 de diciembre. Apenas había tenido tiempo de estar con su familia. Acababa de regresar de una gira europea promocionando su proyecto municipal, centrado en recuperar el espíritu de convivencia cultural y religiosa que ha caracterizado durante siglos a la vieja Amed.

Concretamente, su última intervención en Europa había sido una conferencia en el hotel Tres Reyes de Pamplona invitado por el partido Aralar. Allí habló de los diferentes procesos judiciales abiertos contra él por utilizar en su ayuntamiento los idiomas que siempre se han hablado en Diyarbakir: el kurdo, el turco, el armenio y el arameo. Con su gran sentido del humor, arrancó las carcajadas del público explicando cómo el sistema jurídico turco prohíbe las letras “w” y “x” que sí existen en el alfabeto kurdo. Por estas iniciativas, le piden un total de 171 años de prisión.

No iba a ser sin embargo este inesperado encuentro entre profesor y policía la única sorpresa de la jornada. Estando a la espera de declarar ante le juez, apareció apresurado un abogado voluntario para defender a su profesor de sociología, asignatura que Abdulá ha impartido durante 18 años. Los dos jóvenes no se percataron de la mala pasada que les estaba jugando el azar y de nuevo fue el alcalde quien se encargó de hacer las presentaciones. “Sentí alegría y, al mismo tiempo, tristeza al verles charlar amigablemente, contentos por el reencuentro”.

Ya todos dentro de la sala, el fiscal le bombardeó a preguntas durante tres horas y media: por qué acudía a tantas bodas, por qué iba a tantos funerales, por qué participaba en tantas conferencias de prensa, por qué viajaba a Europa, por qué había ido al Kurdistán de Irak. Todas iban en la misma dirección: demostrar que apoyaba a grupos y personas vinculadas al PKK. Pero lo más doloroso fue oír al fiscal hablar de uno de sus hijos que se había unido a esta organización y pedirle explicaciones por ello.

Abdulá reconoce que uno de sus cuatro hijos se ha ido "al monte" pero dice que él no tuvo nada que ver en la decisión. “No tenía ningún problema económico; se dedicaba al teatro. Tomó esa decisión porque quería defender la lengua y la cultura de su pueblo”. Lo dramático de la situación era que otro de los hijos tiene que ir pronto al servicio militar y no sería extraño, como ha ocurrido en ocasiones, que ambos terminen enfrentándose a tiros.

“No podemos seguir así. Solo quiero que haya una paz honrosa”, dice sobre la guerra no declarada entre el Ejército turco y el PKK que desde 1984 se ha cobrado casi 40.000 vidas. Para Abdula, este conflicto solo puede terminar si la Constitución reconoce la diversidad cultural y religiosa del país, se autoriza la enseñanza en las distintas lenguas maternas, se deroga la actual ley antiterrorista, se respeta la autonomía de los ayuntamientos y se permite que la actividad política transcurra por cauces democráticos. “Si no es así –sentencia Abdulá-, seguiremos luchando, sea cual sea el precio que haya que pagar, aunque sea de nuevo la cárcel o la propia muerte”.

Abdulá se encuentra ahora en su despacho del Ayuntamiento, dentro del perímetro circular formado por las sólidas murallas de basalto volcánico levantadas por los bizantinos. Es uno de los pocos detenidos en las redadas contra el ilegalizado DTP que están en libertad. No ha perdido su sentido del humor pero su aspecto no puede disimular el mazazo que ha sufrido por el rebrote de su grave enfermedad durante los cinco meses tras las rejas.

Las paredes y vitrinas están salpicadas por muestras de agradecimiento a su trabajo por la multiculturalidad y convivencia… Con orgullo enseña la medalla por haber apoyado la visita del Papa a Turquía o la placa que le concedieron los cristianos de Midyat, donde resisten la presión integrista media docena de monasterios asiriocaldeos.

Dermirbash sufre una peligrosa dolencia que impide la depuración completa de la sangre, existiendo un serio peligro de muerte si la no depurada llega al cerebro o a los pulmones. Para seguir el tratamiento, pidió dos veces la libertad provisional y las dos veces se la negaron. Su estado no dejó de empeorar y entonces rechazó cualquier tipo de asistencia. “Les dije que prefería morir con dignidad a vivir así”. Ante el temor de que este popular político kurdo –llegó a la alcaldía con el 65 por ciento de los votos- se les muriera en la cárcel, las autoridades lo enviaron al hospital.

“Me colocaron tres policías dentro de la habitación y otros tres fuera. En una ocasión llegaron a esposarme a la cama y en otras impedían que los médicos y las enfermeras se me acercaran”. Abdulá asegura “tener el corazón partido” por los compañeros –cerca de 1.700- que siguen en la cárcel, y que la solidaridad ha sido clave para su libertad. Ahora la enfermedad está bajo control pero también le niegan el permiso para seguir tratamiento en una clínica especializada de Estados Unidos. “Sin la presión internacional, yo no estaría aquí”, dice insinuando que, de seguir en prisión, el rebrote de la enfermedad habría tenido fatales y definitivas consecuencias.