Duras condenas en Irán por las protestas electorales de 2009

Las autoridades iraníes están sorprendiendo a todo el mundo por la dureza de las sentencias contra intelectuales y abogados debido a las protestas electorales de hace dos años, cuando en Irán se registraron los más graves disturbios callejeros desde su fundación de la República Islámica. Según informan diferentes asociaciones de derechos humanos, la abogada Nasrin Sotoudeh acaba de ser condenada a 11 años de cárcel y a 20 años de inhabilitación para ejercer la abogacía. Aunque, en principio, la sentencia no se refiere a las revueltas populares, se interpreta que tanto su detención como su condena están motivados por su compromiso en defender a personas procesadas por participar en aquellas protestas.

De estos 11 años, cinco corresponden al delito de “atentar contra la seguridad nacional”, uno por hacer “propaganda contra el régimen” y otros cinco por no llevar adecuadamente el hiyab (pañuelo que debe cubrir la cabeza). Entre las personas defendidas por Stoudeh se encuentra Shirin Ebadi, Premio Nobel de la Paz, y fundadora del Centro de Derechos Humanos, al que también pertenecía la abogada ahora condenada. Shirin Ebadi ha protagonizado varias acciones en Europa exigiendo la puesta en libertad de su defensora.

Según informan estas asociaciones iraníes de derechos humanos, Nasrin fue detenida cuando en diciembre del 2009 se dirigía a la ciudad de Qom para participar en una nueva jornada de protestas con motivo de las exequias por Alí Montazeri, uno de los ayatolás más críticos con el sistema integrista iraní. Nasrin ha denunciado torturas en prisión y, en su momento, informó que en los interrogatorios los policías le aseguraron que no permitirían al tribunal que le impusiera una pena menor a los 10 años de cárcel.

Por su parte, también se ha conocido estos días la sentencia contra Shiva Nazar Ahari, una joven y activa periodista, condenada a cuatro años de prisión y a recibir 74 latigazos por atentar contra el régimen. Shiva, que tiene 26 años y es madre de dos hijos, fue detenida durante los disturbios del 2009 y, según las asociaciones que la defienden, su estado de salud en prisión se ha debilitado de tal manera que uno de sus hijos apenas la podía reconocer cuando finalmente le dieron autorización para verlo. Shiva Nazar es una de las principales impulsoras del Comité de Periodistas por los Derechos Humanos. También se ha distinguido por participar activamente en la campaña “Un millón de firmas” con la que se reclamaba la igualdad legal entre hombres y mujeres iraníes.

Otra condena reciente que ha provocado protestas internacionales y ha escandalizado a al mundo de la cinematografía ha sido la dictada el 20 de diciembre contra el director de cine Jafar Panahi, que ganó el año 1995 la Cámara de Oro en Cannes por la película “El globo blanco” y el León de Oro del Festival de Venecia el año 2000 por “El círculo”. Panahi ha sido sentenciado a seis años de cárcel por hacer propaganda contra el sistema y atentar contra el régimen al realizar un vídeo sobre el Movimiento Verde. Este movimiento, que aglutina a la oposición iraní, surgió en respuesta al fraude electoral que permitió a Ahmadineyad conservar la Presidencia del país.

Además de los seis años de prisión, a Panahi se le prohíbe hacer películas, escribir guiones, salir del país y hablar con la prensa durante un periodo de 20 años, según informa la Asociación por los Derechos Humanos en Irán creada recientemente en España. Tal condena ha sido contestada por destacadas personalidades de la cultura, por los organizadores de los festivales que le han galardonado e incluso por gobiernos, como el francés y el alemán, que la han calificado de “inaceptable ataque a la libertad de expresión”.

Esta asociación ha realizado un llamamiento a las autoridades españolas, partidos políticos, a la comunidad artística y a otras asociaciones defensoras de los derechos humanos para que se pronuncien de forma pública contra la condena de Jafar Panahi, obligando al Gobierno iraní a revocar la sentencia y a detener la escalada de agresiones contra los derechos básicos de las personas.