Irán: el secuestro de los cuerpos

No es la primera vez que las autoridades iraníes arrebatan el cuerpo sin vida de una persona a su familia para utilizarlo políticamente o para impedir que la oposición lo convierta en un mártir. Antes de Sane Jalé, fallecido en las protestas de Teherán el 14 de febrero, ya se habían producido otros casos semejantes. En el de este joven kurdo, el Gobierno se negó a devolver el cuerpo para poder así presentarlo como un partidario de la República Islámica asesinado por los manifestantes.

De esta forma, intentaba evitar que el Movimiento Verde creara un símbolo más de la revuelta, como ocurrió durante las protestas electorales de 2009 con la joven Neda Aga Sultán, la estudiante de Filosofía tiroteada por los basijis el 20 de junio de ese año. En otros casos, el régimen simplemente quiere impedir unos funerales que, generalmente, derivan en nuevos disturbios, o la realización de autopsias que puedan revelar la verdadera razón del fallecimiento.

Por lo general, son los servicios de inteligencia quienes se hacen cargo del cuerpo y quienes, con nocturnidad y alevosía, lo entierran de forma secreta. Por ejemplo, el de Zahra Bharami, la ciudadana holandesa teóricamente ahorcada por tráfico de drogas, fue llevado, de forma precipitada, a un lugar desconocido situado a 400 kilómetros de Teherán. La Embajada de Holanda reclamó el cuerpo y, ante la negativa de las autoridades, tuvo que presentar una queja ante el Ministerio de Exteriores.

El pasado mes de enero, también fue enterrado en un lugar indeterminado del cementerio de Karaj, tras morir a los 83 años, Mohsen Pezeshkpour, histórico dirigente del Partido Paniranio, una organización política ahora residual pero que tuvo cierta importancia política a mediados del siglo XX.

De posiciones próximas al fascismo en sus inicios, esta organización propugna construir una gran nación en Oriente Medio con todos los pueblo de origen iranio. En las últimas décadas ha evolucionado hacia planteamientos democráticos, siendo uno de los muchos grupos que luchan contra la actual dictadura teocrática. Pezeshkpour, que tomó el camino del exilio al estallar la revolución jomeinista en 1979, solicitó en los años 90 autorización para regresar a Irán con el compromiso de no implicarse en actividades políticas.

Algo parecido ocurrió con el caso de Hassan Hassanzada,  destacado dirigente del Partido Democrático del Kurdistán de Irán, una organización que defiende el establecimiento de un sistema autonómico para las provincias habitadas por la población kurda.

Tras la Revolución Iraní, participó en la insurrección general de los kurdos liderada por Abdulrahman Ghasemlu contra el ayatolá Jomeini. Después tuvo que huir del país y pedir asilo político en Finlandia, donde murió en noviembre del pasado año. Su familia pidió permiso para enterrarlo en su pueblo: Yarmiq. El Gobierno autorizó el retorno del cadáver a condición de que no se le hiciera funeral público alguno. Sin embargo, personas de su entorno, por propia iniciativa, le organizaron un homenaje. Antes de que se celebrara, agentes de la seguridad desenterraron el cuerpo y se lo llevaron a otro lugar sin avisar a la familia.

Fasih Yasamani, según los datos suministrados oficialmente, fue ejecutado el 6 de enero enero de 2010, cuando tenía 28 años.  La Sección Primera del Tribunal Revolucionario de Koy le había sentenciado a muerte por ser “enemigo de Dios”, en concreto por militar en el PJAK (Partido de la Vida Libre del Kurdistán). El PJAK es una de las principales organizaciones nacionalistas kurdas que luchan contra el Gobierno de Teherán, al que exigen el establecimiento de una autonomía en esta región y un sistema federal para todo Irán.  Este grupo está estrechamente vinculado al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, más conocido por las siglas PKK, que actúa, fundamentalmente, en Turquía. Cuando las autoridades informaron a la familia de que había sido ejecutado, también les dijeron que no recibirían los restos antes de seis meses.

El cuerpo de Ibrahim Lotfallahi tampoco fue entregado a su familia cuando murió el 15 de enero de 2008. De hacer caso a las autoridades penitenciarias, se habría suicidado mientras era interrogado por la policía, nueve días después de su detención. Sus padres negaron desde el primer momento el suicidio ya que habían podido verle mientras estaba en comisaría y lo encontraron en buenas condiciones psíquicas. Reclamaron formalmente el cuerpo. El 9 de febrero una decisión judicial no solamente rechazó la solicitud sino que advertía a los padres de la posibilidad de ser procesados si seguían insinuando que había fallecido por otras circunstancias.

Pero el caso que ha tenido mayor repercusión internacional es el de Zahra Kazemi, periodista y fotógrafa canadiense de 54 años y origen iraní que falleció el 13 de julio de 2003 mientras estaba detenida. Las autoridades también la enterraron de forma precipitada sin informar a sus hijos, quienes, con el apoyo de la Embajada de Canadá, exigieron la entrega del cuerpo.

La fuerte presión internacional y el hecho de que gobernara el reformista Mohamad Jatami permitió abrir una investigación y celebrar un juicio donde se demostró, contra lo que se había informado inicialmente, que había fallecido debido a los golpes recibidos. En marzo de 2005, el doctor que dirigió la autopsia, Shahram Azam, huyó del país y pidió asilo político en Canadá. Allí pudo explicar cómo quedó traumatizado al comprobar las heridas que tenía esta fotógrafa de 54 años: hematomas por todo el cuerpo, varias dedos sin uñas y desgarros en la zona vaginal, tal y como le informó una enfermera ya que, al ser hombre, no le pudo hacer este último examen personalmente.