Miles de reclusos se amotinan contra la pena de muerte en una cárcel iraní

Al menos 14 muertos y decenas de heridos, muchos de ellos de bala, sería el resultado de un motín registrado la semana pasada en la prisión de Ghezal Hesar, una de las más importantes de la República Islámica de Irán. Tal y como informan diferentes organizaciones humanitarias, entre ellas Amnistía Internacional, durante la noche del pasado martes y la mañana del miércoles, varios miles de presos se amotinaron en protesta por el traslado de una decena de compañeros condenados a muerte para su inminente ejecución.

De acuerdo con estas fuentes, el motín comenzó en las Secciones 2 y 3, que quedaron durante varias horas en manos de los reclusos, hasta el punto que lograron ponerse en contacto telefónico con organizaciones de derechos humanos locales para informar de lo que estaba ocurriendo. Según Amnistía Internacional, sus delegados pudieron hablar con estos activistas iraníes que, a su vez, habían conseguido conectar telefónicamente  con los presos, concretamente de la Sección 2. Por esta razón, conocían algunos los detalles sobre el inicio de esta insurrección, cuyo fatal resultado ha sido admitido incluso por la televisión estatal.

Según esta versión, cuando se extendió la noticia de que varios condenados del corredor de la muerte iban a ser trasladados, los presos comenzaron a atacar a los vigilantes de la cárcel mientras gritaban “¡Basta de ejecuciones!”, quemando al mismo tiempo los muebles y colchones de las celdas. La organización Activistas por los Derechos Humanos en Irán cree que la cifra de muertos puede ser mayor que la reconocida por las autoridades, ya que algunos de los heridos graves habrían fallecido tras su traslado a la clínica penitenciaria de Rajai Shahr.

La prisión de Ghezal  Hesar está situada a unos 30 kilómetros al noroeste de Teherán, a la salida de la localidad de Karaj, donde también se encuentra la cárcel de Rajai Shahr, conocida por el número ejecuciones que se llevan a cabo en ella. Se calcula que en las cárceles de Karaj hay un mínimo de 20.000 reclusos, superando en un 300 por ciento la capacidad para la que están preparados estos centros de internamiento.

La mayor parte de ellos están condenados por tráfico de estupefacientes, un delito que, dependiendo de la cantidad de droga incautada, lleva consigo la pena capital. Sin embargo, tanto las diferentes organizaciones de derechos humanos como los grupos de la oposición iraní aseguran que, tras muchas de las condenas por tráfico de drogas, se oculta el máximo castigo para militantes de grupos que luchan contra el Gobierno de Ahmadineyad, como ocurrió recientemente con el caso de la ciudadana holandesa Zahra Bahrami.

Por su parte, el Comité de Defensa de los Presos Políticos informa que, mientras duró el motín, cientos de familiares de los detenidos se manifestaron frente a la prisión y que un número indeterminado de internos logró escapar aprovechando la confusión creada.

Según estas fuentes, el motín fue finalmente sofocado cuando fuerzas especiales de la policía se encaramaron en los tejados y comenzaron a disparar con fuego real contra los amotinados. Tanto la televisión como la agencia Fars, dependientes del Gobierno, han reconocido estos hechos aunque citan como causa de las muertes la “inhalación de humo” y las heridas sufridas durante la refriega. Los medios de comunicación oficiales aseguran que las fuerzas de policía tuvieron que intervenir para que no se produjera una fuga masiva de presos y que, entre los muertos, también hay varios guardias de la prisión.

Familiares de los reclusos han confirmado que, una vez acabado el motín, se han suspendido tanto las visitas como el derecho a llamar por teléfono. Igualmente se han quejado de que las autoridades no han facilitado los nombres ni de los muertos ni de los heridos, existiendo el temor de que los cuerpos de los fallecidos sean sacados de la prisión para enterrarlos de forma secreta sin informar a sus allegados.

Amnistía Internacional ha exigido el envío de un relator especial de la ONU para que estudie la situación de los derechos humanos en general y de forma especial lo ocurrido ahora, además de recordar al Gobierno iraní su obligación de preservar la vida de los reclusos y de facilitar una investigación independiente sobre estos hechos.